La Audiencia pide un informe psiquiátrico de la muchacha por si «fue sometida a presión para que modificara su posición procesal». Un forense debe valorar si dicha práctica religiosa le pudo causar «un daño psíquico»
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial se niega «a cerrar en falso» el caso de la joven burgalesa que fue sometida a 13 exorcismos y que denunció agresiones y vejaciones contra ella cuando tenía 17 años y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. El auto que redacta el magistrado Luis Antonio Carballera no entiende que la titular del Juzgado de Instrucción 2 -a petición de la Fiscalía- archivara el procedimiento «dando prevalencia a la carta manuscrita» de la muchacha en la que «materializaba su deseo de retirar la denuncia». Después, el 27 de mayo de 2015, la chica compareció en el juzgado para renunciar a las acciones penales.
Sin embargo, la Audiencia considera que es «preciso conocer el grado de voluntariedad» de la muchacha a la hora de llevar a cabo esa «manifestación de voluntad» con el fin de «descartar que la misma se encontrara presionada». De ahí que el tribunal considere «imprescindible agotar la instrucción penal» con el objetivo de que «declaren las personas denunciadas y que puedan aclarar su actuación en estos hechos».
La Sala sostiene que con las diligencias de prueba practicadas hasta la fecha «debe afirmarse que no se han disipado de forma suficiente los indicios de criminalidad» que se derivan de la denuncia original de la muchacha. Y es que, según señala el auto, «todavía no ha quedado acreditada la verdad de los hechos denunciados», ya que «el sobreseimiento provisional del caso ha de calificarse de prematuro». Entre otras cosas «porque la renuncia judicial de la denunciante a las acciones penales es insuficiente».
Por todo ello es la misma Audiencia la que establece qué pasos ha de dar el juzgado instructor a partir de ahora para continuar con el procedimiento. Así, ordena que se recabe del Hospital Fuente Bermeja el historial psiquiátrico de la chica con el fin de valorar su estado psicológico y «si pudo ser sometida a presión para que modificase su posición procesal».
Asimismo, el tribunal provincial pide que un forense «informe sobre el grado de voluntariedad» de la joven «en el momento de confeccionar el escrito» en el que retiró la denuncia y «si pudo ser sometida a presión para que modificase su posición procesal». También habrá de hacerlo el equipo psicosocial, que habrá de pronunciarse también sobre «la credibilidad» de la muchacha «en las declaraciones efectuadas a lo largo de la causa, cuando era menor de edad».
El tribunal solicita que se practique una prueba pericial para valorar si los exorcismos le pudieron causar un daño psíquico o un maltrato sin lesión ni secuelas. Además, dicho análisis deberá revelar si después de que de forma reiterada un sacerdote, catesquistas, profesores y padres trasladaran a la menor la creencia de estar poseída por el demonio pudieron verse afectadas la capacidad cognoscitiva de la chica y si pudo provocarle un traumatismo psíquico derivado de tales prácticas. Además, deberá declarar como investigado Jesús Rodríguez Sahagún, para que explique dichos exorcismos y su finalidad.