El Gobierno asegura que «hará todo lo que haya que hacer» para que la asignatura se imparta en todas las comunidades después de que Madrid fijara ayer alternativas a la materia
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se ha referido hoy a la decisión de la Comunidad de Madrid de fijar una alternativa para los padres que se niegan a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía (EpC). Cabrera ha dicho a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que "tiene que cumplir la ley" y que "espera" que "no se haya querido marcar un órdago político". El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha manifestado que no le parece mal plantear una alternativa a EpC y se ha mostrado a favor de ejercer el derecho a la objeción de conciencia para no cursar la asignatura.
"Esta es la posición de la inmensa mayoría de mi partido y de los tribunales", ha asegurado Rajoy tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. El presidente de los populares está "en contra" y "no le gusta" Educación para la Ciudadanía porque "no tiene ninguna utilidad y supone un adoctrinamiento indebido" hacia los alumnos que la reciben. Además, sus contenidos "se estudian en clase de matemáticas, de lengua y de la vida misma, no sólo en una asignatura".
La Comunidad de Madrid anunció ayer, a pocos días del inicio del curso escolar, que los niños cuyas familias objeten contra esta materia no asistirán a sus clases, sino que harán trabajos sobre la Constitución y la democracia o tareas concretas de voluntariado dentro del centro educativo.
"Prefiero no pensar que se trata de un órdago político [de Aguirre], porque no creo que debamos lanzar órdagos políticos cuando estamos hablando de educación y, en concreto, de educación en valores", ha apuntado Cabrera en declaraciones a los medios en el marco de la toma de posesión de la nueva directora general del IMSERSO, Pilar Rodríguez. "Educar en valores es, desde luego, enseñar a respetar la ley, que es un principio que tiene que cumplir cualquier político", ha subrayado.
En relación a la circular que la Consejería de Educación madrileña va a mandar a los centros escolares para explicar qué deben hacer con los alumnos objetores, Cabrera ha afirmado que el Gobierno "va a hacer todo lo que tenga que hacer para que se cumpla la ley". Asimismo, en cuanto a si el Ministerio de Educación se plantea presentar un recurso, fuentes de este departamento han aclarado que "se estudiará [la posibilidad del recurso] cuando se pueda leer en papel la propuesta del Gobierno madrileño".
Cabrera ha recordado que EpC es una asignatura que forma parte de una ley aprobada en el Parlamento y, que por lo tanto, "los primeros que tienen que cumplirla son las administraciones, es decir, la Administración General del Estado y las autonómicas". La ministra ha reiterado, además, que EpC es una asignatura "como cualquier otra" y "no cursarla tiene las mismas consecuencias que no cursar otra materia obligatoria, independientemente del valor que la asignatura tenga en sí misma".
Disparidad de criterios
Los tribunales de varias comunidades se han pronunciado sobre la objeción de conciencia a la asignatura. Pero hay disparidad de criterios. En Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha las sentencias han apoyado la objeción promovida por organizaciones conservadoras.
El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en cambio, tumbó una propuesta gemela a la de Aguirre que planteó el presidente, Francisco Camps: sustituir la clase de Ciudadanía por un trabajo académico.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, si es que el asunto no llega al Constitucional.
Un juzgado permite objetar a Ciudadanía en Castilla-La Mancha
Un juzgado de Albacete ha emitido el primer auto en Castilla-La Mancha favorable a los objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC) al dictar la suspensión cautelar de la asistencia a las clases de esta asignatura, que se implanta este curso en esa comunidad autónoma.
El auto ha sido emitido con fecha de 27 de agosto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete y fue presentado a finales de julio por la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) en nombre de dos familias de Albacete capital, que suman ocho alumnos (cinco de una familia y tres de otra).
La resolución judicial, de ocho páginas, avala la tesis del fiscal favorable a la suspensión cautelar de la asistencia a clase a fin de evitar posibles daños en los menores en el caso de que una sentencia diera la razón a los recurrentes. El auto afecta a las tres asignaturas que con distinto nombre se imparten en la ESO y Bachillerato, como son Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (segundo y tercero de la ESO), Educación Ético-Cívica (cuarto de la ESO) y Filosofía y Ciudadanía en primero de Bachillerato.
La presidenta de la Concapa de Albacete, Caridad Navarro, ha aplaudido esta resolución judicial, la primera que avala en Castilla-La Mancha las tesis de los recurrentes. La Concapa de Albacete ha presentado otros setenta recursos. Castilla-La Mancha, con 9.014, es la segunda comunidad autónoma, después de Madrid, con 11.531, el 26%, donde hay un mayor número de objetores de Educación para la Ciudadanía.
