Rajoy con el papa Francisco

La audiencia que el papa Francisco concedió este lunes a Mariano Rajoy, en la biblioteca de los palacios apostólicos, es la primera a un presidente de Gobierno europeo. Esa primacía pierde relieve si se tiene en cuenta que ya ha recibido a la presidenta de la República Argentina, a la de Brasil, al primer ministro de Tanzania y al de Mozambique. La ocasión va a ser jaleada como una especial deferencia de Su Santidad hacia España, pero tiene el aire de una precipitación diplomática por nuestra parte, que desatiende el cálculo de los intereses del Estado. Puede que obedezca a un ejercicio público de piedad filial, de quien desea exhibir su condición de fiel católico, un señuelo capaz todavía de rendir algunos beneficios electorales, pero deja en zona de sombra asuntos de máxima relevancia, como la necesaria revisión de los acuerdos con la Santa Sede. Quede para otro día el intercambio de regalos con la camiseta de la roja, una gracieta que no sabría decirse de quien desdice más, habida cuenta de la actual situación social de pobreza y exclusión social.

Hubiera valido la pena esperar a la designación de los nuevos responsables de la Curia Romana, y en especial al relevo en la Secretaria de Estado del cardenal Tarsicio Bertone, para plantear la renegociación de unos acuerdos que presentan perfiles preconstitucionales. Momento de recordar que fue un Gobierno socialista, el del presidente Felipe González, el que acordó con la Conferencia Episcopal que la asignación tributaria para la Iglesia fuera del 0,5389% de la cuota del IRPF cuando así lo marcaran los contribuyentes sin recargo alguno para los interesados. Un caso muy diferente al alemán, donde los fieles de cada confesión religiosa pueden aportar un extra del 10% que no se detrae de la masa fiscal, sino que representa un recargo. También, que hubo que esperar a otro Gobierno socialista, el del zarandeado presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acosaba el cardenal Rouco Varela para que esa asignación tributaria se ampliara al 0,7%, según acuerdo del 23 de septiembre de 2006.

Por eso pudo decir el encargado de asuntos financieros de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, que fue con los socialistas con quienes el episcopado alcanzó sus últimos objetivos económicos. El acuerdo se presentó como contrapartida a que la Iglesia pagara en lo sucesivo el IVA de los bienes que adquiriese, aunque continuaran otras exenciones fiscales como la del IBI, los impuestos de sucesión, donaciones, transmisiones patrimoniales o de las contribuciones especiales. El libro reciente de Ángel Luis López Villaverde El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas y de las aulas permite seguir este itinerario con precisión. De modo que la suma de los fondos procedentes del IRPF, en torno a los 250 millones de euros, más las nóminas que reciben los profesores de religión, seleccionados por los obispos pero pagados con cargo al erario público, más las ayudas a la educación privada concertada, que no resiste comparación con ningún otro país democrático según el profesor Casanova, más el coste del arzobispado castrense y el de la asistencia religiosa a los centros penitenciarios y hospitales, se calcula en un importe de entre 7.000 y 10.000 millones de euros. Todo ello sin contar los cerca de 3.000 millones que la Iglesia habría de pagar al Estado si no estuviera exenta de IBI, como acaba de decidirse en Italia.

Podrán discutirse esas cifras, pero el Gobierno ha tenido buen cuidado de no responder las preguntas del diputado socialista Juan Moscoso, que pedía las cifras oficiales. Claro que los pactos con la Santa Sede, que tantos privilegios otorgan a la Iglesia en España, fueron declarados intocables por aquel presidente Zapatero que tanto pregonaba la reforma innecesaria de la Ley de Libertad Religiosa. Así que a las pasadas concesiones socialistas debería ahora seguir la denuncia de los acuerdos con el Vaticano por el Gobierno del Partido Popular, conforme a las exigencias de la crisis económica que padecemos.