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En el punto de mira de los legisladores republicanos, las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y las distintas legislaciones en relación a la comunidad LGTBI, la laicidad o separación entre Iglesia y Estado, la lucha contra el cambio climático y el voto de las minorías étnicas y los inmigrantes.
La Corte Suprema de Justicia de EEUU ha sentado un controversial y nefasto precedente sobre los derechos reproductivos al revocar el histórico fallo denominado Roe contra Wade de 1973 que protegía el derecho al aborto a nivel federal. En 1971, Norma McCorvey, una joven madre de Texas que no pudo abortar su tercer embarazo por las estrictas leyes de su estado, presentó una demanda contra el fiscal del distrito local Henry Wade. McCorvey se presentó al tribunal del Distrito Norte de Texas bajo el seudónimo de “Jane Roe” y el fallo le dio la razón. Tras ello, el estado de Texas apeló a la Corte Suprema, que volvió a resolver la controversia en favor de McCorvey (Roe) en 1973 con 7 jueces a favor y 2 en contra, dictaminando que la Constitución del país protege la libertad de la mujer estadounidense embarazada para optar por el aborto sin restricciones gubernamentales.
El fallo reciente del Tribunal Supremo, en una votación de 6 votos de los jueces conservadores contra tres liberales, deja en manos de los gobernantes de los respectivos Estados federados la capacidad de regular la interrupción voluntaria del embarazo, derogando una doctrina que llevaba en vigor casi 50 años. La decisión del solo ha sido posible por los nombramientos efectuados durante la presidencia de Donald Trumpde 3 magistrados ultraconservadores, resultado de una estrategia cuidadosa y fríamente planificada y orquestada por el movimiento antiabortista auspiciado por las iglesias evangélicas y católicas norteamericanas. Como resultado de esta decisión, 26 de los 50 Estados están a punto de prohibir o restringir la interrupción del embarazo.
En su libro Dollars for Life, la historiadora jurídica Mary Ziegler sostiene que después de perder en 1992 el caso llamado Planned Parenthood contra Casey, el primer intento serio del movimiento antiabortista de tumbar en el Supremo el fallo Roe vs Wade -cinco de los nueve jueces, tres de ellos conservadores, votaron a favor de mantener ese derecho-, el movimiento antiabortista se centró en la estrategia de desregular el gasto electoral en el país para así influir en el Partido Republicano, allanando el camino para la emergencia de líderes populistas, como Donald Trump, a quien aportó los votos decisivos en las elecciones del 2016 para derrotar a la candidata demócrata Hilary Clinton.
Como parte de dicha estrategia, el lobby evangélico antiabortista logró el fallo Citizens Unitedcontra la Comisión Federal Electoral, una decisión controvertida que levantó en 2010 las restricciones para la financiación de las campañas y permitió que las empresas y otros grupos externos pudieran gastar ilimitadamente en apoyar a un candidato a la Presidencia–conocido comooutside money-.Amparado en este fallo, los antiabortistas inundaron de dinero las campañas de candidatos republicanos a nivel federal y estatal, secuestrando en cierto modo al Partido Republicano.
El activismo y lobbismo antiabortista se inscribe dentro de lo que se ha denominado la cuarta ola de auge de la ultraderecha o del ultra conservadurismo que se verifica en EEUU y Europa, que, de acuerdo a algunos analistas, habría sido gatillada y catapultada electoral y políticamente por tres «crisis»: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (y otros posteriores), la Gran Recesión de 2008 y la «crisis de los refugiados» de 2015. Lo que caracteriza a esta cuarta ola y la diferencia de la tercera es la desmarginación de la ultraderecha, en cuanto a su ideología, sus propuestas políticas y su organización. En cada vez más países, los partidos y políticos de derecha radical populista están pasando a ser considerados «aceptables como socios de coalición» por parte de los partidos tradicionales de derecha y entre los votantes urbanos.
Esta ola reaccionaria que se extiende por diversos países no se restringe a los derechos reproductivos, sino que abarca un conjunto de derechos y enfoques que se enmarcan dentro del progresismo. Es frecuente la conjunción entre los idearios de la extrema derecha o del fundamentalismo religioso, culturalmente esencialistas y xenófobos, y las ideas pro natalistas, antiabortistas, anti matrimonio igualitario y anti inmigratorias. El aborto es actualmente el tema primordial, pero no es un tema único para ellos: es solo su máxima prioridad dentro de una agenda mucho más amplia.
En esta ofensiva a nivel mundial confluyen políticos, líderes civiles y religiosos, y organizaciones civiles, religiosas y políticas que impulsan mensajes y lobbies contra una agenda de derechos humanos: no creen en el enfoque de género en la educación, ni en el matrimonio igualitario, tampoco en los derechos LGTBI, ni en los derechos sexuales y reproductivos. Libran una guerra cultural, colocando en el centro de su agenda política su oposición al feminismo y la diversidad de género, anatemizando la lucha por la conquista de los derechos de igualdad de género y diversidad sexual con el termino peyorativo “ideología de género”, utilizado no como un concepto, sino más bien como “un dispositivo discursivo, movilizador y combativo en términos políticos, desde el que se resiste la ampliación y garantía de derechos democráticos”. Quienes impugnan los derechos humanos vinculados a la salud sexual y reproductiva han encontrado en la “ideología de género” un enemigo común que les sirve de eje aglutinador de sus ideas conservadoras contrarias al respecto a la diversidad y a la inclusión social.
Quienes se oponen a la “ideología de género” proponen la complementariedad entre mujeres y hombres como alternativa a la igualdad, ensalzando a la familia, la nación y/o la comunidad como remedio al individualismo y la atomización, y promoviendo a la familia nuclear y heterosexual con el hombre a la cabeza, que es capaz de garantizar la reproducción (padre, madre, hijo/s) como la “natural”. Todos los demás tipos de familias son “antinaturales”, como las formadas por una pareja de dos hombres o dos mujeres. Anhelan el regreso a una estructura social conservadora en la que todos se casan jóvenes, forman una familia nuclear encabezada por un varón y tienen una prole numerosa.
Se espera que la revocatoria del fallo Roe contra Wade tenga repercusiones en otros derechos reproductivos al debilitar políticas públicas sobre el acceso a las pastillas abortivas, el anticonceptivo de emergencia o la píldora del día después, la fertilización in vitro, la educación sexual integral y el acceso al aborto legal invocando el alegato de objeción de conciencia.
Luego de la revocación del fallo, se está recurriendo cada vez más a las pastillas abortivas, las cuales se han usado en más de la mitad de los abortos recientes en Estados Unidos. Las píldoras probablemente se vuelvan el epicentro de las batallas jurídicas que se anticipan conforme aproximadamente la mitad de los estados prohíben el aborto y otros toman medidas para facilitar el acceso a ellas. Muchas pacientes optan por la terminación del embarazo con medicamentos porque es menos caro, menos invasivo y ofrece una mayor privacidad que los abortos quirúrgicos. Las pastillas se pueden recibir por correo y tomarse en casa o en cualquier otro sitio después de una consulta inicial con un médico, ya sea por video, por teléfono o en persona, o incluso con solo llenar una solicitud en internet.
El destino del derecho al aborto está inextricablemente ligado a otro gran elemento emancipador de las mujeres: la anticoncepción. El tema de la anticoncepción artificial ha estado históricamente muy marcado por los enfoques y posiciones y luchas políticas, ideológicas y religiosas, desde sus primeras formulaciones y acciones concretas de investigación y aplicación de anticonceptivos en la década de los años 20, luego de la Primera Guerra Mundial, inspiradas e impulsadas por el movimiento de neomalthusianos, encabezada por enfermera y activista de los derechos civiles Margaret Sanger, considerada pionera de la planificación familiar.
En el caso de los anticonceptivos de emergencia, los activistas antiabortistas llevan años afirmando falsamente que las píldoras anticonceptivas y los anticonceptivos de emergencia provocan abortos, equiparando falsamente la pastilla del día después y los dispositivos intrauterinos (DIU) con las pastillas para abortar (también llamadas pastillas abortivas o aborto con medicamentos). Los defensores contra el aborto han argumentado incorrectamente que ciertos métodos anticonceptivos, como el Plan B y ciertos DIU, funcionan como abortivos porque pueden prevenir la implantación de óvulos fertilizados. En realidad, la pastilla del día después funciona haciendo que el ovario no libere óvulos temporalmente. La pastilla del día siguiente no funciona si ya se comenzó a ovular. Aun así, es «definitivamente posible» que algunos estados procesen penalmente a las personas que brindan anticonceptivos que afirman que son abortivos, porque hay Estados a los que les gustaría prohibir el aborto desde el momento de la concepción, lo que significa antes de la fertilización, antes del embarazo.
Con respecto a la fertilidad asistida, su futuro es de incertidumbre. Los médicos y expertos legales en el campo lidian actualmente con las políticas estatales de aborto que enmarcan sus leyes en torno al momento de la fertilización, cuando el óvulo se ha unido al espermatozoide. Los expertos en leyes de fertilidad han expresado su preocupación sobre cómo una reversión de Roe alentará a los legisladores a regular los procedimientos de FIV, que han estado en gran parte protegidos del debate sobre el aborto debido a las protecciones de Roe.
Es muy probable que también sean afectados otros derechos que ya están en el punto de mira de los legisladores republicanos, como son las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y las distintas legislaciones en relación a la comunidad LGTBI, la laicidad o separación entre Iglesia y Estado, la lucha contra el cambio climático y el voto de las minorías étnicas y los inmigrantes. Recientemente los jueces del TS han emitido fallos regresivos contra la autoridad de la Agencia de Protección Ambientalpara imponer límites de emisiones a los Estados, lo que debilita seriamente cualquier objetivo climático del Presidente de EEUU. En otras dos sentencias, ha utilizado argumentos que difuminan la separación entre la religión y el ámbito público. Próximamente el tribunal verá un caso que podría anular las leyes antidiscriminación LGTBI. Otro caso desafía la discriminación positiva de las minorías raciales para acceder a la universidad. El más importante será un caso sobre si un legislativo estatal tiene la última palabra para imponer las normas electorales
