Aseguran que nuevo proyecto de Código Penal no solo amenaza los derechos de las niñas y mujeres, así como de la población LGTBIQ+, sino también a toda la población dominicana al despenalizar la discriminación.
Diversas organizaciones y colectivos sociales denunciaron este lunes que la Cámara de Diputados conoció en sesión plenaria una nueva propuesta de Código Penal que amenaza los derechos de las niñas y mujeres, así como de la población LGTBIQ+. Advirtieron que este proyecto excluye tanto las tres causales como la tipificación de discriminación por orientación sexual lo que sería una franca violación de los derechos humanos protegidos por la Constitución.
Se trata del proyecto sometido por el diputado Elías Báez (PRM) en conjunto con los legisladores; Rogelio Genao (PRSC), Julito Fulcar (PRM), Miguel Ángel de Los Santos (PRM), Fiordaliza Peguero (PRD), Omar Fernández (FP), Rafaela Alburquerque (PRSC), Máximo Castro (PRSC), Mateo Espaillat (DXC), Ramón Martínez (PLD), Eugenio Cedeño (PRM), Ydenia Doñé (PLD), Luis Gómez (PRM), Sadoky Duarte (PRM) y Jesús Manuel Sánchez (PRM).
«La sociedad dominicana merece un Código Penal moderno y estamos dispuestas y dispuestos a luchar para lograrlo. Lo que está discutiendo este Congreso Nacional no nos representa. Llamamos a las y los legisladores a recordar que tienen el rol de representar a toda la ciudadanía, y este proyecto afectaría a más de la mitad de la población, que, no lo olviden, es más de la mitad del padrón electoral», manifestaron representantes de RD es de Todes y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres.
Además, en su artículo no. 185, la propuesta incluye un párrafo que garantizaría impunidad a los actos de discriminación estableciendo que “las previsiones de este artículo se aplican sin detrimento de la libertad de conciencia y de culto, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres en todos los ámbitos», lo que incurre a una violación de los derechos constitucionales y por tanto hace el articulo improcedente.
“No incluir dentro de las agravantes del homicidio (artículo 96) y de las razones de la discriminación (artículo 185), algunos de los prejuicios más comunes y estudiados, como lo son la orientación sexual y los orígenes étnicos/raciales, denota la falta de voluntad política del Estado Dominicano para convertirse en garante de la protección de los derechos humanos y la igualdad a personas o poblaciones que han sido históricamente violentadas y perseguidas por prejuicios e intolerancias”, denunciaron.
Se recuerda que el pasado año en el Congreso Nacional se intentó aprobar un proyecto de Código Penal similar, y encontró una fuerte respuesta de la ciudadanía exigiendo hacer enmiendas al proyecto para proteger a las poblaciones vulneradas.
Entre marzo y mayo de 2021, en un hecho sin precedentes, diversas organizaciones y activistas desarrollaron un campamento frente al Palacio Nacional en apoyo de las tres causales, encontrando un gran respaldo de la ciudadanía. También el 23 de mayo miles participaron en una marcha por esta causa. Asimismo, durante junio del mismo año, colectivos LGTBIQ+ sostuvieron plantones diariamente frente al Congreso Nacional como parte de la lucha contra la discriminación de esta comunidad en el país.
República Dominicana es uno de los cinco países en el continente que prohíben de forma absoluta el aborto. De acuerdo al Código Penal vigente, el castigo, tanto para quien acude a un aborto como quien lo práctica, es la cárcel. En este sentido, los colectivos aseguran que negar el acceso al aborto en cualquier circunstancia, sin considerar excepciones en las tres causales planteadas, implica vulnerar derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la dignidad.
Las tres causales son tres excepciones a la penalización cuando: la vida o salud de la mujer está en riesgo, el embarazo es inviable o es resultado de violación o incesto.
La penalización total y la falta de políticas para proteger a las niñas y mujeres, ha colocado a República Dominicana como uno de los países con mayor tasa de mortalidad materna y mayor índice de embarazo adolescente (muchos de estos resultados de violación e incluso incesto). Las edades de 20 a 34 años son las que aportan mayor mortalidad, seguidas de las de 15 a 19 años, de acuerdo a los registros oficiales.
Apoyo a las tres causales
El presidente de la República, Luis Abinader había expresado durante la pasada campaña electoral su respaldo al proyecto de ley que despenalizaría la interrupción del embarazo con las tres causales, sin embargo no ha actuado de forma proactiva para impulsarlo y actuar de cara a la protección de los derechos de toda la ciudadanía.
Con respecto a la opinión pública, encuestas y estudios realizados muestran que la mayoría de la población está de acuerdo con las tres causales. El mandatario también prometió en varias ocasiones su apoyo y protección a la población LGTBIQ+ respecto la vulneración de sus derechos.
