En todos los ámbitos de los distintos poderes, hay inquietud por lo que pudiera pasar tras el 20-D. En el mundo económico se percibe claramente. Porque se suceden las reuniones de exponentes del mundo financiero y empresarial con los dirigentes de los distintos partidos políticos. Quieren saber qué harían los unos y los otros si pudieran decidir lo que tiene que salir en el Boletín Oficial del Estado. El más solicitado para participar en esos encuentros es Albert Rivera, pero también ha habido contactos con Pablo Iglesias. De lo que no se sabe nada es de lo que podría estar haciendo la Iglesia Católica al respecto. Pero es posible que se esté moviendo. Porque el cambio que se está gestando en la política española puede afectar mucho a sus intereses.
Pedro Sánchez ha afirmado que si es presidente del gobierno revisará toda la fiscalidad que atañe a la Iglesia católica –que está exenta de tributar por prácticamente todos sus ingresos- y también el Concordato con la Santa Sede, del que se derivan buena parte de sus privilegios, entre ellos el de la enseñanza de su religión en los centros escolares, que el PP y Juan Ignacio Wert han elevado a la categoría absoluta. Podemos quiere anular las inmatriculaciones, un privilegio concedido por Franco, mediante el cual la Iglesia ha usurpado la propiedad de miles de inmuebles y terrenos y sigue haciéndolo.
En los programas del PSOE y de Ciudadanos también figura la propuesta de un Pacto para la Educación que debería impedir que la legislación al respecto cambie cada vez que lo hace el color del partido que se hace con el gobierno: 7 leyes distintas y opuestas entre sí en 33 años. El gobierno de Zapatero trató de alcanzarlo en su segundo mandato. Pero el intento se frustró. Por distintos motivos, pero principalmente porque la Iglesia Católica se opuso a ceder uno solo de las prerrogativas y privilegios que disfruta en este sector. En todos sus ámbitos, pero particularmente en el de la enseñanza privada, en donde su presencia es mayoritaria. Aunque hubo debate en su interior, el PP, en el que abundan los cuadros y dirigentes vinculados a las organizaciones más cerradas del catolicismo, se alineó con ese planteamiento.
En la Conferencia Episcopal ya no manda el ultra Rouco Varela. El nuevo presidente, Ricardo Blázquez, está tratando desde hace un año de mostrar una cara menos intransigente que la de su predecesor, aunque hasta el momento se ha limitado a las declaraciones genéricas, sin compromiso alguno, en sintonía con los nuevos aires del Vaticano del papa Bergoglio. Pero, ¿cómo reaccionará la Iglesia católica si el nuevo parlamento toma decisiones que afecten a sus intereses? O, mejor, ¿qué hará para impedirlo?
Está claro que las respuestas a esas preguntas dependerán de la suerte que corra el PP el 20-D. Pero por muy callados que estén los obispos –menos el de Barcelona, Martínez Sistach que acaba de salir en defensa del buen nombre de Jordi Pujol- parece bastante claro que cualquier intento de reforma del actual estatus de la Iglesia española encontrará una durísima resistencia. Y en el pasado reciente se ha comprobado el daño que ésta puede hacer a un gobierno. Lo que está ahora por ver es qué nuevo amigos ha hecho la Conferencia Episcopal, o puede hacer, para tratar de cubrir la pérdida de poder, relativa o absoluta, del PP. Aunque lo más probable es que las iniciativas políticas en esta materia queden pospuestas para más adelante. Cuando menos, el asunto no está en la primera línea de la campaña. Tal vez porque nadie quiere toparse con la Iglesia. O con sus fieles. Que votan.
