Los responsables de la manifestación contra la JMJ en agosto denuncian a la delegada del Gobierno
"Se protegió exclusivamente a los chicos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y a los mayores que iban con ellos, pero no a nuestra manifestación de Tirso de Molina, donde nos juntamos cerca de 15.000 personas y no había ni un policía. Lo que se pretendió fue un enfrentamiento total para degenerar la idea de nuestra manifestación". Esta es la base de la querella que Europa Laica, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y Redes Cristianas han presentado contra la delegada del Gobierno en Madrid en funciones, María Dolores Carrión, a quien acusan de no haber protegido a los convocantes de la marcha legal que el pasado 17 de agosto protestó contra el gasto público de la visita de Benedicto XVI, y también contra algunas asociaciones ultracatólicas, que "generaron un clima de violencia".
La denuncia, que está a la espera de ser admitida a trámite, sostiene que la marcha, que acabó con una carga policial, fue boicoteada antes, durante y después de celebrarse. El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, insistió en que la delegada no protegió a las personas que legalmente secundaron la iniciativa. Además, acusan a varias fundaciones y grupos católicos de crear un clima de violencia verbal a través de comentarios en internet.
Cargas policiales
La marcha partió y acabó en la plaza de Tirso de Molina, parando en la Puerta del Sol. Fue allí cuando se registró un cruce de insultos entre los manifestantes y algunos peregrinos, que culminó con cargas policiales contra los participantes en la marcha. Delgado aseguró que las personas que apoyaban la marcha no pudieron ejercer su derecho de manifestación "por el escaso operativo policial desplegado".
Los demandantes afirman que todos estos hechos constituyen delitos recogidos en el Código Penal en los artículos: 408, sobre las autoridades que faltan a su obligación; 510, sobre la provocación al odio; 514, acerca de responsables que no impiden manifestaciones ilícitas; y 542, sobre el impedimento del ejercicio de derechos constitucionales.
Carga policial contra los laicos en la JMJ.MONICA PATXOT
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