Con la llegada de la II República, el nuevo orden constitucional debía amparar la libertad de conciencia y desarrollar un proceso de secularización que permitiera superar la tradicional identificación entre el Estado y la iglesia católica, que era considerada por los republicanos como uno de los elementos clave de legitimación de la monarquía.
Los republicanos anunciaron su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales y reducir en gran medida, si no eliminar, el número de órdenes religiosas establecidas en el país.
