El Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales para que no se haga público el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia, tal y como ya os contamos en Maldito Dato. ¿Pero qué son estos bienes registrados por primera vez o inmatriculados? En Derecho hipotecario, las inmatriculaciones hacen referencia a la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. En este caso, se trata de las fincas o edificios que la Iglesia católica registró como propios sin tener que demostrar los derechos de propiedad sobre esos bienes.
De esta manera, entre 1998 y 2015 la Iglesia inmatriculó un “total de 34.984 fincas”. La comunicación en la que el Colegio de Registradores entrega el listado de estos bienes al ministerio de Justicia dice que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”, según ha podido comprobar Maldito Dato a través de una petición de acceso a la información pública. Estos son los únicos datos seguros a día de hoy sobre el listado.
La recopilación de estas inmatriculaciones, que pidió el Congreso de los Diputados y ha realizado el Colegio de Registradores, parte de 1998 porque ese año el Gobierno de Aznar reformó el Reglamento Hipotecario a través de un real decreto y permitió que la Iglesia ya no necesitara demostrar la propiedad antes de registrarlos por primera vez, ni siquiera de los templos.
“Se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico”, reza la reforma. Esto supuso que la Iglesia a partir de ese momento ya no sólo pudiera inmatricular otros tipos de bienes, como podían ser casas, fincas rurales, monumentos o cualquier otro tipo de bien inmueble. Sino que ya podían inmatricular también los templos simplemente con un documento del propio obispado que los citase. Algo que hasta ese momento sucedía con cualquier bien de la Iglesia, excepto precisamente con los templos de culto.
A pesar de ello, antes del 1998 la Iglesia ya había inmatriculado algunos templos de culto, o al menos lo había intentado. Es lo que sucedió, por ejemplo, cuando en 1997 intentaron inscribir en el Registro de la Propiedad la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Navarrés, pero la registradora de la propiedad de Enguera (Valencia), Emilia García Cueco, se negó porque en aquel entonces no lo permitía la ley. Aquella negativa acabó en un proceso judicial que empezó y ganó la Iglesia. Eso sí, ya en 2001, tras la reforma del Gobierno de Aznar.
Otros ejemplos más conocidos de bienes inmatriculados por la iglesia son la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba. El caso de la mezquita fue polémico: la Iglesia la registró en 2006, lo que le costó sólo 30 euros. El coste de inmatricular el templo es el equivalente a tres entradas a la Mezquita-Catedral de Córdoba en la actualidad, que se venden a 10 euros cada una en su web oficial.
Hace casi dos años que el Gobierno tiene el listado de inmatriculaciones
El Gobierno, en cambio, aún tuvo que esperar un tiempo para tener el listado con todas las inmatriculaciones. El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a elaborarlo en abril de 2017, con votos a favor del PSOE y bajo el mandato de Mariano Rajoy, pero dos años y ocho meses después el listado sigue sin ser público.
Y eso que el Ministerio de Justicia cuenta con el listado desde el pasado 6 de febrero de 2018, cuando lo recibió del Colegio de Registradores, entidad a la que lo solicitó. Este informe llegó a la Dirección General de los Registros y del Notariado, según ha podido saber Maldito Dato tras acceder, a través de la Ley de Transparencia, a las comunicaciones entre este organismo y el Colegio de Registradores.
¿Por qué el ministerio ha acudido ante los tribunales para ocultar el listado?
Maldita.es solicitó al Ministerio de Justicia una copia del listado realizado por los registradores, pero el departamento de Dolores Delgado se negó a entregarlo. Por ello, este medio acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), quien nos dio la razón e instó al Gobierno a entregarnos esa copia.
A pesar de esa resolución del CTBG, Justicia ha decidido no cumplirla y recurrirla ante los tribunales por no estar de acuerdo con ella. El Ministerio de Justicia argumenta para no querer entregar el listado, que aún está acabando de elaborarlo y analizarlo, pero el Consejo de Transparencia rechazó estos argumentos en su resolución.
Desde el Gobierno, según sus propias palabras, están realizando “una serie de análisis jurídicos tanto sobre los propios bienes incluidos en el listado como acerca de las reclamaciones que las distintas instancias administrativas pudieran presentar”.
De todos modos, el Consejo resolvió, dando la razón a Maldita.es, que esta labor es una tarea distinta a la elaboración del listado en sí, que ya está terminado. “Que la información se encuentre en proceso de elaboración debe diferenciarse claramente del hecho de que la información, si bien finalizada, se encuentre relacionada o se haya realizado en el marco de un procedimiento que aún no ha finalizado”, recuerda el CTBG.
