PSOE, Podemos e IU proponen denunciar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en materia económica y educativa, mientras que Ciudadanos y UPyD quieren revisarlos parcialmente
Entre las propuestas de los partidos está también poner coto a la simbología religiosa en el espacio público
Ante esta realidad surgen compromisos de reforma concretos, aunque con diferentes grados, en todos los partidos menos en el PP. Los conservadores todavía no han presentado su programa, aunque el hecho de que en sus estatutos el PP se comprometa con «el humanismo cristiano de tradición occidental» hace esperar que haya pocas –o ninguna– propuesta en este ámbito.
PSOE, Podemos e IU proponen directamente denunciar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en materia económica y educativa, mientras que Ciudadanos y UPyD quierenrevisarlos parcialmente. En virtud de estos acuerdos la Iglesia católica está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, de la misma forma que lo están otras congregaciones religiosas (desde 1992) y las fundaciones y asociaciones de utilidad pública sin ánimo de lucro (desde 2002) y también tiene potestad para seleccionar a los profesores que imparten religión en los centros públicos a pesar de que sus salarios los paga el Estado.
Entre las propuestas de los partidos está también poner coto a la simbología religiosa en el espacio público. A saber: limitar prácticas como que a cada tragedia con resultado de muerte le siga un funeral católico de Estado o el hecho de que los ministros prometan o juren «cumplir y hacer cumplir» la Constitución ante un crucifijo.
infoLibre resumen a continuación cuáles son las propuestas de los seis principales partido en cuanto a religión y laicismo:
PP
Los conservadores todavía no tienen cerrado su programa electoral para las elecciones del PP, así que un portavoz declina –a preguntas de este periódico– responder si la formación de Mariano Rajoy propondrá alguna medida concreta encaminada de reducir los signos de confesionalismo todavía presentes en el espacio público español. Se espera, no obstante, que no lo haga. No en vano, en sus estatutos, la formación dice comprometerse con «el humanismo cristiano de tradición occidental».
En la reforma educativa aprobada en solitario por el PP en esta legislatura, el Gobierno reforzó en el carácter evaluable de la asignatura de Religión católica, cuya nota ha pasado a contar para la media del expediente y para obtener una beca. Por otra parte, el pasado julio se aprobó la reforma de la Ley Hipotecaria que acaba con el privilegio de la Iglesia de registrar a su nombre bienes de dominio público que no estaban inscritos como propiedad de nadie. Hasta entonces, una ley franquista, reforzada por una reforma legal del PP en 1998, concedía a la Iglesia la categoría de funcionario para poder poner a su nombre bienes no registrados.
Registradores y notarios consultados por este periódico aseguran que, desde 1998, las inmatriculaciones por parte de la Iglesia católica han sido «masivas». De hecho, en algunas provincias los colegios de registradores llegaron a enviar delegados a los Obispados para ayudarles a poner en orden su patrimonio. Es decir, esta reforma llegó cuando el clero ya había inscrito a su nombre prácticamente todos los bienes de dominio público que podía inscribir.
PSOE
En 2010, en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, el PSOE metió en el cajón de las promesas incumplidas su compromiso de avanzar hacia la laicidad del Estado con una ley de libertad religiosa ampliamente rechazada por la jerarquía eclesiástica. Ahora, Pedro Sánchez llevará en su programa una batería de propuestas encaminadas a «avanzar hacia el Estado laico», incluida la aprobación de una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia «que establezca un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas».
Así, propone introducir criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos entre los que se encuentran que en las tomas de posesión o promesa de cargo se hagan únicamente ante un ejemplar de la Constitución –actualmente se hace también ante un crucifijo–; que se elabore unprotocolo para la organización de actos de Estado de carácter civil, en los que se podrá contar con la presencia y participación de las confesiones religiosas «con arreglo al principio de laicidad, igualdad y no discriminación»; así como que sólo se conserven los símbolos religiosos institucionales de edificios de carácter público cuando se encuentren en espacios destinados al culto o cuando formen parte de los elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o monumento. Propone también que se construyan cementerios públicos no confesionales.
Respecto a los acuerdos de España con la Santa Sede, los socialistas defienden denunciarlos, lo que llevaría a «avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas y a «establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social». En el ámbito educativo, el PSOE propone sacar del currículo y del horario escolar las enseñanzas confesionales, así como recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sobre las inmatriculaciones defiende «reclamar la titularidad» de los bienes si dicha inmatriculación se produjo «sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor».
CIUDADANOS
Ciudadanos no revisará, en términos generales, los acuerdos que regulan la relación del Estado con el Vaticano y se limitará a plantear algún ligero cambio. De hecho, Albert Rivera dice sentirse «bastante cómodo» con el modelo que rige las relaciones del Estado con la Iglesia católica «salvo por algún privilegio económico concreto». Según Rivera, actualmente no hay un problema con el modelo vigente que lleve a los ciudadanos a quejarse de que «les faltan libertades» o de que «hay un abuso por parte de la Iglesia».
A su juicio, un Estado aconfesional con una Constitución que reconoce que existe «una mayoría amplia de ciudadanos que tienen una confesión religiosa» le parece «un buen formato». No obstante, señaló que para garantizar «la igualdad de todos» ve necesario «revisar algunos privilegios» de la Iglesia, como la exención del pago del IBI o determinadas «cuestiones de patrimonio que no han sido resueltas». Se refería en este punto a las inmatriculaciones, si bien todavía el partido no ha formulado una propuesta concreta.
Sobre la religión en las escuelas Ciudadanos defiende «una escuela pública laica» y propone, en lugar de la actual materia optativa de religión católica, una asignatura específica sobre la historia de las religiones «que atienda desde el laicismo los distintos aspectos históricos y culturales de la religión, especialmente aquellos que más influencia han tenido en nuestra cultura» y que sea impartida por profesores funcionarios seleccionados por oposición.
PODEMOS
La formación de Pablo Iglesias hizo público la noche de este jueves las medidas incluidas en el programa del partido una vez que se cerró la votación de las propuestas en las que participaron algo más de 15.000 personas. En materia de relaciones Iglesia-Estado, Podemos propone la anulación del Concordato de 1953 y de los cinco acuerdos que firmó el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979, así como los firmados con otras confesiones religiosas.
La eliminación de estos acuerdos –subrayan en la propuesta de programa– tendría varias consecuencias. Entre ellas, la salida de la asignatura de religión del currículo, del horario en el caso de los centros educativos públicos, la derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos, así como la exclusión de privilegios fiscales como el pago del IBI o la financiación estatal –ya sea a través de la casilla del IRPF como de las exenciones fiscales– y tanto para la Iglesia católica, como para otras confesiones religiosas.
Podemos también propone medidas encaminadas a la consolidación de la laicidad del Estado como la eliminación de las capellanías y servicios religiosos en las instituciones públicas (hospitales, universidades, prisiones, embajadas…) y «la supresión de celebraciones y simbología religiosa en los actos oficiales, de honores u homenajes a imágenes o advocaciones, así como de la presencia pública de autoridades en actos confesionales». En este sentido, defiende la sustitución de la actual ley de libertad religiosa de 1980 por una ley de libertad de conciencia, «que asegure la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas«. Respecto a las inmatriculaciones propone el «inventario y recuperación» de los bienes inscritos por la Iglesia católica al amparo de la extinta Ley Hipotecaria.
IZQUIERDA UNIDA
La defensa del laicismo ha sido tradicionalmente piedra clave para IU, así que se espera que su programa para las elecciones generales del 20-N incluya una amplia batería de medidas al respecto. Las propuestas que se harán todavía no están cerradas y se presentarán más adelante de forma más concreta. No obstante, un portavoz de la formación adelanta algunas de ellas, entre las que está la supresión «de cualquier privilegio confesional», la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y el Concordato o la eliminación de la financiación pública a las instituciones religiosas.
En el ámbito educativo propone la salida de la religión de las escuelas. Y es altamente probable –analizando las propuestas de elecciones anteriores– que IU vaya a las elecciones del 20-N prometiendo también una Ley de Libertad de Conciencia, la eliminación de cualquier donación a cualquier confesión religiosa el barrido de toda simbología religiosa en centros públicos y en actos oficiales y rechazo a las ayudas a los colegios que excluyan o segreguen al alumnado.
UPYD
En su programa para el 20-D, UPyD propondrá reformar el artículo 16 de la Constitución para que quede redactado de forma que detalle que «ninguna» confesión tiene carácter estatal. Asimismo, el partido defiende reformar el Acuerdo sobre Asuntos Económicos firmado por el Estado con la Santa Sede en 1979 con el que fin de limitar los beneficios fiscales de la Iglesia católica. El objetivo es que sólo mantengan esos beneficios las actividades de índole social o asistencial y que no sea así en el caso de las actividades dirigidas a la promoción o proselitismo de la fe, dogmas o cultura religiosa y aquellas otras afectas a una explotación económica.
UPyD propone también un sistema educativo laico. La enseñanza de la doctrina religiosa no debe formar parte del currículo escolar ni evaluarse como conocimiento, sino en todo caso impartirse fuera del horario escolar, tanto en los centros públicos como en los concertados y privados. «La necesaria formación en esta materia buscará informar de las realidades religiosas en el mundo actual», señala. La formación defiende además el «impulso» a la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas –que no atenten contra los principios básicos de la Constitución–, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.
