Entre todas las falsas excusas con las que el ministro de Justicia intenta disfrazar su contrarreforma de la ley del aborto hay una mentira que destaca sobre las demás. Según Alberto Ruiz-Gallardón, hay que eliminar el supuesto de malformación del feto y obligar a una madre a dar a luz a un niño con parálisis cerebral porque lo manda la ONU. «Tenemos un requerimiento para modificar la ley en ese punto», aseguró en una entrevista en El País. «Son obligaciones, es un convenio internacional».
El ministro miente, porque el convenio en cuestión que firmó España en el 2008 no dice absolutamente nada ni del derecho al aborto ni de los plazos ni de los supuestos. El artículo 10, que Gallardón invoca, reza textualmente: «Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás». Obviamente, esto se cumple en España, salvo que consideres que un feto de 16 semanas es ya una persona con los mismos derechos que las demás.
Sí hubo a finales del 2011 otro documento de la ONU en el que se escuda Gallardón: las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Este informe solo son recomendaciones que no obligan a España a ningún cambio legal. En su punto 18, «el Comité recomienda suprimir la distinción en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad». El mismo informe también «recomienda» a España que aumente los fondos para la dependencia que el Gobierno acaba de recortar. No se acaba de entender por qué, según Gallardón, unas recomendaciones son de estricto cumplimiento y otras no.
El informe no es vinculante y lo redacta un comité sin ninguna capacidad ejecutiva. Está formado por 18 personas y entre ellas hay una española: Ana Peláez Narváez. Se nota su mano. Peláez es también autora de un ensayo contra el «aborto eugenésico». Ella misma, en ese texto, le da a Gallardón la solución: «Una legislación en materia de interrupción del embarazo de plazos, en la que la circunstancia de la discapacidad no es relevante, no sería contraria a la convención». La ley en vigor establece dos plazos: libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 en caso de malformación del feto (algunos problemas en el embarazo no se detectan antes). Así que, si se trata de equiparar los dos supuestos, hay otra vía: elevar el límite del aborto libre hasta 22 semanas, sin incluir el supuesto de malformación. Así lo hace Holanda, que también firmó este convenio contra la discapacidad. Obviamente, Gallardón no va a defender tal postura porque las observaciones que preocupan al Gobierno no son las de la ONU: son las de Rouco Varela y la Conferencia Episcopal.
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