Asturias sigue los pasos de la Mezquita de Córdoba y se moviliza contra la apropiación del patrimonio prerrománico por parte de la Iglesia, una entidad privada que gestiona los recursos de bienes protegidos que reciben ayudas públicas
En el siglo IX el monarca asturiano Ramiro I, revolucionario de la arquitectura prerrománica, impulsó la construcción de un palacio real en el monte Naranco de Oviedo. Distintos expertos reconocen que Santa María —templo católico desde el siglo XII— fue uno de los edificios más vanguardistas en la Europa del momento, un hecho que atrae a miles de visitantes cada año. Entre otras cosas, porque el Reino de Asturias —su promotor— se empeñó en su conservación, que históricamente ha precisado de cuantiosos recursos públicos. Ya en nuestros días, Santa María ha recibido desde 1986 más de un millón de euros del Principado de Asturias en restauraciones. Sin embargo, la gran paradoja es que la Iglesia —una entidad privada— es quien gestiona el monumento y se queda con los ingresos que aportan los visitantes con el pago de las entradas. De ahí que surja una pregunta que, hoy por hoy, carece de una respuesta sencilla: ¿el monumento más importante del arte asturiano es de la Iglesia o, más bien, de los ciudadanos?
Resolver este interrogante es uno de los principales retos de la asociación Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, cuya razón de ser radica en conocer “de quién es el patrimonio” como un derecho más en democracia. Hace semanas, la labor de esta organización voluntarista logró que el Principado de Asturias hiciera pública la lista de los 1.300 bienes de la autonomía que actualmente aparecen registrados a nombre de la Iglesia. La cuestión no revestiría mayor importancia, de no ser porque la norma franquista de 1946 permitía a la jerarquía eclesiástica inmatricular cualquier bien que no fuera de culto sin demostrar la propiedad. En 1998, Aznar amplió esta posibilidad a todos los templos. “Cualquier ciudadano debe aportar una prueba de dominio o testimonios para acreditar la propiedad, pero a la Iglesia le bastaba la firma del obispo”, resume José María Rosell, presidente de la coordinadora estatal Recuperando y portavoz del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias. “Que el Principado haya publicado ahora los bienes inmatriculados es un avance, pero tampoco es un ejemplo de transparencia, únicamente cumple con su obligación”, valora Rosell.
Pero, ¿qué ocurre en el caso concreto de Santa María del Naranco? Rosell explica que tanto su asociación como el Principado han acudido al Registro de la Propiedad para pedir una nota simple del monumento y la sorprendente respuesta fue un “no consta”. “No se puede entender que un edificio construido por monarcas asturianos, restaurado con fondos públicos, no figure hoy como dominio público”, lamenta el Grupo de Inmatriculaciones. La situación se agrava al tener en cuenta que es la Iglesia la que percibe las entradas de los visitantes, ingresos que el Arzobispado de Oviedo no fiscaliza. Teniendo en cuenta que el prerrománico asturiano en su conjunto es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985, resulta aún más extravagante el hecho de que el Principado promocione una serie de bienes que generan unos recursos que acaban en las arcas de una institución privada, la Iglesia.
A unos pocos metros de Santa María del Naranco, se sitúa otra de las joyas del arte asturiano. “San Miguel de Lillo fue inmatriculada en 1929, antes de la norma de 1946, cuando solo se podía inscribir el uso, no la titularidad”, revela José María Rosell. En este caso, el templo —con importantes problemas de conservación— ha recibido aún mayores recursos para su restauración. Según la asociación, todo el prerrománico asturiano (compuesto por unos 15 bienes) se encuentra en una situación similar. “Nadie cuestiona que se trate de un bien de uso religioso, lo que se cuestiona es si la propiedad es de la Iglesia o no y, por consiguiente, si quien lo ha de explotar comercial y turísticamente es la Consejería de Cultura de Asturias o una entidad privada”, precisa Rosell. Interrogantes que llevan a ampliar la pregunta inicial, ¿de quién es el prerrománico asturiano, de los ciudadanos o de una entidad privada?
Navarra, una investigación pionera
El caso asturiano es relativamente reciente. Sobre todo, por las dificultades que comporta saber si un bien se encuentra inmatriculado: puede estarlo, en efecto, pero con otra denominación o en una dirección distinta a la actual. Las circunstancias las conocen bien en Navarra, comunidad que comenzó a investigar la titularidad de los bienes religiosos en 2007, cuando una casualidad reveló que la Iglesia había inscrito un templo de la localidad de Tafalla. “A raíz de este descubrimiento, consultamos los pueblos del entorno y resulta que todas las parroquias habían sido inmatriculadas”, rememora Andrés Valentín González, portavoz de la plataforma Recuperando en Navarra. Aquello motivó la movilización de alcaldes y concejales de la zona, punta de lanza del movimiento que ha ido destapando esta situación irregular en todo el país.
Cerca de 200 ayuntamientos se sumaron a la causa: querían tener sobre la mesa el listado completo de inmatriculaciones. La oportuna reclamación del Parlamento de Navarra al Ministerio de Justicia permitió que la información fuera remitida con una sorprendente agilidad: la Iglesia había registrado sin garantía jurídica 1.087 bienes. “Los primeros años fueron de una actividad frenética, pero lo que hasta la fecha había sido coser y cantar se transformó en un proceso enormemente complicado, porque nuestro adversario había espabilado”. Andrés Valentín se refiere a las primeras reclamaciones judiciales. “Nos dimos cuenta de que la Iglesia, con la complicidad de jueces y registradores de la propiedad, iba a convertirse en un enemigo temible”, reconoce.
Por fin, la plataforma obtuvo la información completa de las inmatriculaciones efectuadas desde 1900 hasta nuestros días. ¿Objetivo conseguido? En absoluto. La asociación navarra admite que ahora debe realizar un “trabajo enorme” para poner en claro centenares de documentos diversos, remitidos por los registros de la propiedad, una labor que “supera la capacidad de una organización voluntarista” como la de ellos. Por si fuera poco, Andrés Valentín González hace una “precisión importantísima”: no se trata de 1.087 bienes, sino de “muchos más”. La explicación se entiende rápidamente con un ejemplo real. La inscripción de la catedral de Sevilla incluye edificios anejos como la Giralda o el Patio de los Naranjos. Es decir, que el millar de inmatriculaciones de Navarra puede alcanzar, según los cálculos de la asociación, a más de 5.000 bienes. La misma calculadora —basada en números similares, como los de Euskadi o Catalunya— es la que arroja la cifra en la que se mueve la plataforma Recuperando para el conjunto del país, unos 100.000 bienes habrían sido inscritos sin garantías legales.
La Mezquita de Córdoba y el “paraíso fiscal” de la Iglesia
De nuevo, la casualidad permitió a un profesor de Derecho Civil conocer en 2010 que el monumento que identifica a su ciudad había sido registrado por la Iglesia cuatro años atrás. Claro que, por entonces, Antonio Manuel Rodríguez ignoraba que la defensa de la Mezquita-Catedral de Córdoba se convertirá en la reivindicación de su vida. “A nadie se le pasaba por la cabeza que un monumento patrimonio mundial por la Unesco, que no puede ser enajenado, vendido, hipotecado ni embargado, figurase en el registro de la propiedad a nombre de una entidad privada”, explica, perplejo todavía, más de una década después. Inicialmente se pensaba que la situación de las inmatriculaciones por la Conferencia Episcopal afectaba solo a la comunidad de Navarra… pero no, y aquello fue solo el comienzo de una larga, intensa, batalla que hoy continúa en pleno apogeo.
Porque el Obispado de Córdoba no se limitó a inscribir la Mezquita-Catedral. “A partir de ese momento, se produce un empoderamiento del monumento por parte de la jerarquía católica, al entender que es suyo y que puede hacer con él lo que les dé la gana”, explica Rodríguez. Aquella intención cristalizó en el cambió de nombre del templo, borrando la denominación de “mezquita”, la misma que en 1984 le había permitido alcanzar el título de patrimonio universal. “Querían cambiar el relato de su propia historia; acabaron reduciendo la mezquita a una ‘intervención islámica’ de la catedral. Era un atentado contra el monumento, pero también contra la propia ciudad de Córdoba, cuyo nombre siempre ha ido unido al de la Mezquita”, lamenta el profesor.
La lucha emprendida por personas como Antonio Manuel Rodríguez, hoy portavoz nacional de Recuperando, y Miguel Santiago, actual responsable de la asociación en Córdoba, cristalizó en 2013 en un movimiento social que ha permitido, por lo pronto, devolver el nombre original al edificio de origen islámico. “La jerarquía católica ha construido un relato confesional de la Mezquita que ha sido desmentido por todos los estudios arqueológicos que se han realizado”, subraya Rodríguez. Esa narración histórica se basaba en la supuesta construcción del monumento musulmán sobre San Vicente, una basílica visigoda preexistente. “La investigación científica, desde las primeras excavaciones de Félix Hernández en los años treinta, ha descartado que los restos hallados perteneciesen a esa basílica”, precisa el portavoz nacional de Recuperando, quien insiste: “En todo caso, la Unesco reconoce como bien mundial la Mezquita de Córdoba, da igual lo que hubiera antes”.
Un escándalo de 20 millones de euros al año
Pero el escándalo al que se refiere el movimiento reivindicativo va más allá, mucho más allá. Porque la Mezquita-Catedral de Córdoba recauda unos 20 millones de euros, resultado de multiplicar los datos de visitas ofrecidos por el obispado por el importe de la entrada (11 euros hasta ahora, que serán 13 desde el 1 de enero). Unos ingresos que, como en el caso de Santa María del Naranco, no están fiscalizados. “Una cosa es que la recaudación esté exenta de IVA y otra muy distinta, que no esté sujeta al impuesto”. Rodríguez pone el dedo en la llaga: “Lo que hace el Obispado de Córdoba con la Mezquita es, incuestionablemente, una actividad comercial que está sujeta al impuesto de sociedades, actividades económicas o valor añadido”. Es decir, continúa Antonio Manuel Rodríguez, que “se le exige transparencia a la Corona, a los sindicatos o a los partidos políticos, mientras resulta que hay un paraíso fiscal, que es la Iglesia, que ni declara ni tributa por sus ingresos”.
La Mezquita de Córdoba y la Iglesia como un “paraíso fiscal”. Afirmaciones duras, pero no únicas, que destapan las claves de un escándalo generalizado. Un fenómeno anterior al citado decreto aprobado por el expresidente Aznar en 1998 y que se remonta a la norma franquista de 1946, vigente hasta su derogación en 2015. Aquella ley, afirma la plataforma, permitía a la Iglesia comportarse como una administración pública y convertía a los obispos en notarios. “Lo que ocurrió después de 1998 es que la Iglesia comenzó a inscribir bienes de un extraordinario valor, un hecho que no tiene parangón en Europa: en Francia, Nôtre Dame pertenece al Estado y lo mismo en Inglaterra con la abadía de Westminster, mientras que en Portugal, el dictador Salazar firmó un convenio con el Vaticano por el que estos bienes de extraordinario valor pertenecen al Estado, que es quien se encarga de su conservación”, argumenta Antonio Manuel Rodríguez.
Pero, ¿por qué el Estado no reclama a la Conferencia Episcopal bienes como la Mezquita de Córdoba? La conclusión, verbalizada por la plataforma, no deja de ser difícil de creer. “Hoy, el Estado es más débil que la Iglesia porque tiene menos patrimonio y, cuando te sientas a negociar con ella, es una institución más poderosa que tú”, afirma sin ambages Rodríguez. La conclusión no es una broma de mal gusto. “¿Cuánto vale la Mezquita de Córdoba? ¿Y la catedral de Burgos? La Iglesia española tiene más patrimonio que el propio país y seguramente, también más que el Vaticano”, zanja el profesor.
Regreso al dominio público
La plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio de todas y todos”, que se creó hace una década, logró frenar el cambio de nombre del bien, pero aún está lejos de conseguir un objetivo clave: que se retire la inmatriculación y el monumento regrese a la condición de bien de dominio público.
Pero eso no es todo. El actual portavoz, Miguel Santiago, incide en el “mal uso” que el actual obispo, Demetrio Fernández, está haciendo del edificio. “El obispo pretende que, por encima de todo, la mezquita sea catedral: se hacen grandes actividades de tipo católico que inundan la totalidad del templo con el tema sacro”, resume Santiago. Se refiere a polémicas decisiones, solo frenadas por la Justicia española, como la retirada de una celosía diseñada en el siglo XX por el arquitecto Rafael de la Hoz para dar luz al interior. La estructura impedía que la Mezquita-Catedral fuera el eje de la “carrera oficial” de las procesiones de Semana Santa, para lo que los pasos debían penetrar en el edificio. Los diferentes tribunales, del Contencioso al Supremo, dieron la razón al denunciante, el hijo del autor de la celosía: un bien protegido por el Estado y por la Unesco no se puede modificar. Y otro hecho más, también revelador: la apertura de las visitas nocturnas. “Se montan con dinero público, de la Unión Europea, y se convierten en una catequesis que menosprecia la historia de la Mezquita”, enfatiza Miguel Santiago, autor del libro Los obispos de la Mezquita, que acaba de ver la luz. “Pedimos que se redacte un plan director para que se haga un uso adecuado de la Mezquita”, añade.
Reivindicaciones importantes: unas logradas, otras en marcha y el resto, lejos de materializarse. Tanto en Asturias y Navarra como en Córdoba, las asociaciones que luchan por revertir el patrimonio inmatriculado a la figura de dominio público —reunidas en la coordinadora estatal Recuperando— reconocen que “somos David contra Goliat”. De ahí que recuerden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su compromiso de devolver a los ciudadanos el patrimonio promovido, conservado y protegido por todos, que hoy continúa en manos de una entidad privada.