Las decisiones sobre los derechos reproductivos, LGBTQ+ y otros derechos humanos son atacados por la derecha fundamentalista en Puerto Rico. Por si fuera poco, la Junta de Control Fiscal aumenta las medidas de austeridad en los servicios de salud, profundizando la inequidad y la inaccesibilidad de derechos y servicios esenciales.
Mientras la derecha avanza en Estados Unidos para anular el caso Roe vs. Wade, Puerto Rico, colonia de Estados Unidos desde 1898, libra una intensa batalla para preservar su derecho al aborto. Se han presentado al menos ocho proyectos de ley para limitar el aborto en la isla. El proyecto de ley 693 del Senado (PS 693), propuesto por la legisladora derechista Joanne Rodríguez Veve, pretende limitar el aborto a partir de la semana 22 de gestación, supuestamente basándose en la “viabilidad fetal”. Rodríguez Veve y los legisladores encargados de impulsarla intentaron presentar el proyecto de ley en el Senado sin audiencias públicas. Pero tras la resistencia generalizada de las organizaciones feministas, los abogados y la comunidad médica, el proyecto de ley fue devuelto a la asamblea legislativa para celebrar audiencias públicas. Recientemente fue aprobado en el Senado y está avanzando en el proceso legislativo para crear la Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad.
Lo cierto es que no existe ninguna base científica ni médica para definir la viabilidad del feto y que el proyecto de ley contribuye a crear una crisis artificial de salud pública. En una de las últimas enmiendas, el proyecto de ley estipula que, en caso de violación o incesto, si la víctima no quiere llevar el embarazo a término después de 22 semanas y no cumple ciertos criterios médicos, el médico no puede practicar un aborto. En su lugar, el médico debe inducir el parto prematuro y así el bebé puede ser dado en adopción. Una gran parte de estos partos forzados no podrán sobrevivir.
Y está claro que estos límites al derecho al aborto tendrían un impacto en muchos sectores ya vulnerables a la violencia de género, como las mujeres y las personas trans y LGBTQ+.
Sin mencionar que este proyecto de ley pondría en riesgo a las personas embarazadas que buscan un aborto después de la semana 22, ya que reduce las opciones del personal médico para manejar sus problemas de salud después de esta etapa. Un médico sólo podría practicar un aborto en caso de emergencia médica, definida como una situación en la que la persona embarazada se enfrenta a la muerte o está a punto de sufrir un deterioro sustancial e irreversible de una función corporal primaria. Esto supone un retroceso con respecto a la anterior legislación sobre el aborto en Puerto Rico (Pueblo vs. Duarte, 1980), que ampliaba la definición de salud para incluir aspectos físicos y mentales.
Los impulsores del proyecto de ley PS 693 también citan como modelo para su legislación a 16 estados de EE.UU. que han legislado para “proteger la vida del concebido”.
Políticas de aborto coloniales
Las decisiones sobre los derechos reproductivos en Puerto Rico han sido moldeadas por su relación colonial con EE.UU. En 1937 el aborto se legalizó en Puerto Rico, siguiendo las políticas eugenésicas de EE.UU. y la introducción de clínicas maltusianas para gestionar las tasas de procreación en la isla. Cabe destacar que, como parte de estas políticas, se introdujo una campaña de esterilización masiva, sin explicar completamente las implicaciones del procedimiento quirúrgico a las mujeres. Puerto Rico tenía la tasa de esterilización más alta del mundo, con 1/3 de las mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas en 1965.
Cuando el aborto se legalizó en Puerto Rico, un médico calificado podía determinar la necesidad de un aborto con el propósito de preservar la salud de la persona embarazada. Las políticas de aborto eran más liberales en comparación con las de EE.UU., lo que popularizó el “fin de semana de San Juan”, en el que las mujeres ricas del territorio continental de EE.UU. viajaban a Puerto Rico para abortar. Tras la sentencia Roe v. Wade de 1973, la regulación del aborto en Puerto Rico se vio ampliada por el marco trimestral de la sentencia y su reconocimiento del derecho constitucional a la intimidad. Este derecho, sin embargo, no es absoluto, ya que el Estado puede intervenir cuando es probable que el feto pueda sobrevivir fuera del útero.
Algunos expertos en derecho coinciden en que la anulación del caso Roe v. Wade no tendrá un impacto inmediato en el derecho al aborto en Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico protege explícitamente el derecho a la intimidad, vinculado a la autonomía individual y el derecho a tomar decisiones sin la intervención indebida del Estado, lo que es más amplio que lo estipulado en Roe v. Wade e incluso en la Constitución de Estados Unidos. El caso Pueblo v. Duarte interpretó que, basándose en el derecho constitucional a la intimidad, una persona embarazada puede abortar. Para cambiar el derecho al aborto, hay que anular el caso Pueblo v. Duarte y aprobar una nueva legislación, como la PS 693.
Por otro lado, las abogadas feministas reconocen que anular el caso Roe v. Wade podría llevar a la derecha fundamentalista a movilizarse y atacar el derecho al aborto. Los proveedores de abortos ya están sintiendo los embates de estos ataques y se han desvivido por garantizar este derecho a sus pacientes, hasta el punto de contratar guardias armados para proteger las clínicas de abortos y usar chalecos antibalas durante las horas de trabajo. Puerto Rico cuenta con una política de aborto más flexible que la de los estados de Estados Unidos, lo que atraerá a pacientes de otros lugares de la metrópoli imperialista al ya de por sí tenso sistema sanitario de la isla. Organizaciones de base, como Taller Salud y la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible, entre otras, salieron a la calle el 28 de mayo y han convocado una movilización masiva para detener el PS 693 y luchar como parte de la Marea Verde.
El pañuelo verde se ha convertido en un símbolo transnacional del activismo feminista. El aborto es legal en Argentina desde diciembre de 2020. El movimiento de masas de la Marea Verde también ha conseguido la despenalización del aborto en Colombia y México. Estos son ejemplos de cómo el derecho al aborto avanza en América Latina y el Caribe cuando la gente se une y se moviliza. “Somos más y no tenemos miedo”, frase popularizada durante las protestas masivas del verano de 2019 en Puerto Rico que llevaron a la renuncia del gobernador, debe seguir inspirando la lucha por la protección de cada derecho humano.
Amenazas a los derechos de la comunidad LGBTQ+ y de las mujeres
Los ataques al aborto y a otros derechos humanos también forman parte de la agenda del sector fundamentalista religioso. Este sector incluye al partido Proyecto Dignidad, que se basa en una plataforma de democracia cristiana. Rodríguez Veve, principal autora del PS 693, es una de sus integrantes. Los legisladores de este partido han sido acusados de utilizar desinformación para confundir y promover una legislación que perpetúa la discriminación y el odio, particularmente contra la comunidad LGBTQ+. En mayo de 2021, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicciones no aceptó un proyecto de ley que impediría a los profesionales de la salud mental practicar terapias de reconversión. Puerto Rico tiene la tasa de transfeminicidio más alta entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Mientras tanto, los proyectos de ley transfóbicos presentados por legisladores fundamentalistas pretenden prohibir atletas trans en los deportes femeninos y prohibir el tratamiento hormonal y las cirugías para los niños trans.
El sector fundamentalista también se opone a los programas escolares con perspectiva de género, los cuales pueden contribuir a la reducción de la violencia de género. Los padres, alegan, tienen el derecho fundamental de educar a sus hijos. Sin embargo, la violencia de género está muy extendida. De media, hay un feminicidio por semana en la isla. Durante años, las organizaciones feministas y otros sectores han denunciado el creciente problema de la violencia de género en la isla. Después de mucha presión pública, el gobernador declaró el estado de emergencia por violencia de género en 2021, que incluía la integración de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas. La Secretaría de Educación comenzó a trabajar en este currículo junto al Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE). En los acuerdos no públicos discutidos con Rodríguez Veve, el secretario de educación presentó un currículo diluido que borra los conceptos de perspectiva e identidad de género y acuerda utilizar los conceptos de “hombre” y “mujer” en términos estrictamente biológicos. El plan de estudios se llamará en su lugar Equidad y Respeto entre los Seres Humanos, borrando el tema de la violencia de género.
Los límites de un sistema de salud colonial
Como si todo esto no fuera suficiente, las finanzas de Puerto Rico están subyugadas a la Junta de Control Fiscal (FCB), instaurada por la ley PROMESA del presidente demócrata Obama en 2016. En un sistema sanitario ya frágil, la FCB está imponiendo medidas de austeridad para favorecer el pago de lo que muchos argumentan que es una deuda inconstitucional, aumentando el beneficio de los inversores de Wall Street. Hay escasez de personal médico para atender a la población, lo que aumenta la explotación y el agotamiento entre la comunidad médica. Los médicos de la isla se enfrentan a muchos escollos con las compañías de seguros médicos. Muchos han dicho que las compañías de seguros suelen negar los tratamientos más eficaces para los pacientes debido al coste. En otros casos, las compañías de seguros cancelan los contratos de los proveedores sin justificación, argumentando que la “red de proveedores ya está llena”. Los médicos especialistas suelen optar por emigrar a Estados Unidos, en busca de salarios más altos y mejor calidad de vida. Existen leyes que garantizan la remuneración íntegra de los médicos, el respeto de los criterios médicos por encima de los beneficios de las compañías de seguros y la prohibición de la cancelación injustificada de los contratos entre el proveedor y la compañía de seguros, pero la FCB las anuló, argumentando que eran económicamente incompatibles con el actual plan fiscal certificado. Puerto Rico y otros territorios estadounidenses no gozan de los mismos privilegios y derechos básicos que el continente.
A principios de este año, la Suprema Corte confirmó una ley que niega los beneficios por incapacidad a los residentes de Puerto Rico. Las prestaciones por incapacidad del SSI ayudan económicamente a los discapacitados y a los ancianos, pero no están disponibles en todos los territorios de EE.UU. Medicaid también funciona de forma diferente en los territorios, donde el gobierno federal limitó las aportaciones al 55% (dejando el 45% a cargo del gobierno local), mientras que en otros estados puede ser mucho más alto, dependiendo de la renta per cápita. Estos límites económicos en el sistema sanitario afectarán de forma desproporcionada a los trabajadores de bajos ingresos y a otros grupos marginados, a medida que la población geriátrica crece y los adultos más jóvenes deciden huir de la isla en busca de mejores oportunidades. Las medidas de austeridad impuestas por los intereses coloniales y capitalistas no deben interferir con los servicios esenciales. La única manera de avanzar es reclamar la soberanía de Puerto Rico, abolir la Junta de Control Fiscal y desarrollar un sistema de salud pública que satisfaga las necesidades del pueblo, incluyendo el derecho a un aborto gratuito, seguro, legal y accesible.
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en Left Voice, sección en inglés de la Red Internacional La Izquierda Diario
Traducción: Óscar Fernández
