Tanto PSOE como Unidas Podemos concurrieron a las elecciones del 10 de noviembre con la promesa en sus programas electorales de recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica, usando exactamente esas palabras. “Llevaremos a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”, añade el programa de los socialistas. El de Podemos también habla de “privilegio” y de que la institución católica ha inscrito bienes que “son de toda la ciudadanía como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas”.
Los dos partidos socios en el posible futuro Gobierno de coalición comparten por tanto su visión sobre la inscripción de los más de 30.000 inmuebles que hizo la Iglesia entre 1998 y 2015 y la sospecha, confirmada ya en varios casos, de que algunas fueron irregulares. Sin embargo, para que “esto se revise a fondo”, como señala Unidas Podemos en su programa electoral, es necesario saber cuáles son esas más de 30.000 propiedades repartidas por toda España. Esos datos aún no han salido a la luz pese a que una proposición no de ley del Congreso de los Diputados pidió al Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril de 2017 que elaborara un listado con todas ellas.
El Consejo de Transparencia instó en septiembre pasado, tras una reclamación de EL PAÍS, a que Justicia entregara el informe, que, según considera acreditado Transparencia, está elaborado desde febrero de 2018. Así lo demuestran las comunicaciones oficiales entre Justicia y el Colegio de Registradores ese año, documentos que este diario aportó al procedimiento. Justicia ha decidido no acatar la resolución de este órgano y recurrirla en los tribunales alegando que el listado no está finalizado y que cuando lo esté se lo entregará al Congreso.
En 2017 el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado defendió la proposición no de ley en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y dijo, entre otras cosas: “La inmatriculación ha sido un claro ejemplo de que la aconfesionalidad del Estado no era una realidad, porque nunca se tendría que haber considerado -como supuso el cambio normativo- a la Iglesia católica como una institución pública, porque es una institución privada”, según recoge el diario de sesiones.
El PSOE declinó este miércoles comentar la decisión del Ministerio de Justicia. Tampoco Unidas Podemos hizo declaraciones. PP y Ciudadanos, preguntados también por este diario, rehusaron hablar sobre el tema. Sí lo hizo Joan Baldoví, diputado de Compromís: “No entendemos por qué el PSOE se hace oposición a sí mismo. No entendemos que cuando no gobierna es capaz de pedir esta lista de inmatriculaciones y cuando gobierna obstaculiza esta resolución del Consejo de Transparencia. ¿Qué intereses ocultos puede estar representando?”. Baldoví señaló que “es necesario, en bien de la transparencia, que se haga pública esa lista para que los ayuntamientos puedan reclamar la titularidad pública de bienes que la Iglesia inmatriculó de forma absolutamente irregular”.
El diputado de Esquerra Joan Josep Nuet, que presidió la comisión que trató el tema de las inmatriculaciones en el Parlament, calificó de “verdadera vergüenza” la opacidad del Gobierno y recordó que en Cataluña es una organización agraria, la Unió de Pagesos, la que está tratando de recuperar huertos, casas y terrenos inscritos por la Iglesia pero que son bienes públicos o de particulares. «La Iglesia hizo una ofensiva antes de que el Gobierno modificase la ley. Contrató gabinetes de arquitectos, abogados para inmatricular. En Cataluña se han hecho listados por comarcas y aparecen bienes que son públicos y de particulares. Es vital conocer el listado», añadió.
La plataforma Recuperando, que agrupa a distintas asociaciones en defensa del patrimonio, consideró “inexplicable” la medida en un comunicado hecho público este miércoles. Con ella, añadió, “el Ejecutivo busca blindar, de facto, uno de los privilegios de la Iglesia católica gracias al cual los obispos han registrado decenas de miles de bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, con su única autocertificación y sin aportar títulos de propiedad”. La plataforma recordó que el Gobierno está actuando “de forma inaudita contra las decisiones de su propio partido” y “utilizando el escándalo de las inmatriculaciones como moneda de cambio para negociaciones inconfesables y en la sombra con la jerarquía católica”.
La publicación del listado permitiría iniciar el proceso de impugnación que el propio Gobierno anunció en 2018 de las inscripciones de bienes de dominio público por parte de la Iglesia. También abre la puerta a que ayuntamientos que desconocen si tienen inmuebles públicos inmatriculados (inmatricular es inscribir por primera vez en el registro) por la Iglesia recurran la titularidad, lo que provocaría un alud de pleitos en juzgados de toda España. Según explica el registrador Sebastián del Rey, es posible hacerlo aunque hayan pasado décadas desde esa primera inscripción pero es necesario demostrar la propiedad ante el juez con documentación acreditativa.
