Esta nueva Ley modifica la del año 1992 y que se resume en que «quien quiera seguridad que se la pague», y convierte la seguridad en una oportunidad de negocio.
El PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y parte del Grupo Mixto han rechazado este jueves en el Pleno del Congreso la nueva Ley de Seguridad Privada que amplía las competencias de los vigilantes y que, según han denunciado, "privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
La ley impulsada por el Gobierno sólo cuenta con el visto bueno de CiU y, parcialmente, el PNV, ya que ambas formaciones valoran su "escrupuloso respeto" a las competencias autonómicas, "garantizado" a través de diversas modificaciones introducidas durante el trámite parlamentario.
QUIEN QUIERA SEGURIDAD, QUE SE LA PAGUE
El resto de la oposición ha mostrado su rechazo a esta nueva Ley que modifica una anterior del año 1992 y que, a su juicio, se resume en que "quien quiera seguridad que se la pague", según ha advertido el diputado socialista Antonio Trevín, parafraseando a un delegado del gobierno de la era Aznar. "No todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo grado de seguridad", ha insistido el portavoz de Interior del PSOE en el Congreso.
Trevín ha denunciado que "la equidad vuelve a sacrificarse en España" para convertir la seguridad en "una oportunidad más de negocio". Según ha adelantado, esto llevará a que los ciudadanos tengan que acostumbrarse a partir de ahora a la presencia de seguridad privada en su "día a día" pese a que el Estado "carece de medios" para controlar los incumplimientos o violaciones de derechos de los ciudadanos en los que puedan incurrir los vigilantes o las propias empresas.
Los aspectos más polémicos de la nueva Ley son aquellos relativos a las nuevas competencias que se otorgan a los vigilantes y que el diputado socialista ha alertado de que, aunque en algunos casos requiera autorización previa, ampliará la presencia de seguridad privada en detrimento de las fuerzas del Estado. "Esas autorizaciones se van a dar como churros, se lo digo yo que fui delegado del Gobierno", ha asegurado evocando su etapa al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias entre 2004 y 2011.
Pero además, ha denunciado que mientras la legislación no cuenta con medidas para combatir la "precarización laboral" que sufren los trabajadores de la seguridad privada y tampoco establece requisitos de formación profesional ni refuerza la formación continua.
HORARIOS ABUSIVOS Y RETRIBUCIONES MISERABLES
En este punto ha coincidido el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ha recordado que la seguridad privada cuenta con más de 85.000 puestos de trabajo, "la mayoría en condiciones lamentables, horarios abusivos y retribuciones miserables".
Sixto ha lamentado que la seguridad quede reducida "a quien tenga dinero" y quien no sólo pueda recurrir a unas Fuerzas de Seguridad del Estado "cada vez más cercenadas". Y como ejemplo del "negocio" que supondrá para las empresas, se ha remitido a un contrato de vigilancia privada para el perímetro de instituciones penitenciarias por valor de casi 7,5 millones de euros.
Por su parte, el diputado de UPyD Toni Cantó, quien ha lamentado la "retirada del Estado" y ha exigido al Gobierno que, en vez de ampliar la presencia de seguridad privada, acometa un aumento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El texto también ha sumado el rechazo de ERC y Amaiur, formaciones muy críticas con las empresas de seguridad privada. "Fascistas con placa de vigilante podrán actuar como si fueran policías", ha denunciado la diputada de ERC Teresa Jordà, quien además ha alertado de que muchas de esas empresas están en manos de familiares de dirigentes del PP.
Por su parte, el PNV es crítico con la "complementaridad" que la nueva Ley da a la seguridad privada respecto a la pública en vez de "subordinación", aunque no rechaza de plano el texto por su respeto a las competencias autonómicas, según ha explicado el diputado Emilio Olabarria.
El diputado nacionalista vasco ha advertido de que, junto a la Ley de Seguridad Ciudadana en tramitación, "se está creando algo que se parece al Estado casi policiaco", ya que se expande la aplicación del "derecho punitivo".
También el diputado de CiU ha justificado el apoyo de su formación en el resto a las competencias que establece el Estatuto catalán. "Tal y como entró en la Cámara conculcaba la Constitución porque conculcaba el Estatut. Se han acordado unas enmiendas que hacen que el texto final sea muy distinto al que entró en octubre de 2013", ha argumentado.
MÁS Y MEJOR SEGURIDAD
El diputado del PP Conrado Escobar ha sido el encargado de defender el texto, que ha asegurado que garantiza "más y mejor seguridad para todos los españoles" permitiendo que los más de 80.000 empleos de seguridad privada "se aprovechen en seguridad de todos". "Los españoles tenemos las mejores Fuerzas de Seguridad del Estado del mundo y además uno de los mejores ratios de Europa. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que salir al paso de nuevas amenazas", ha sostenido.
Escobar ha puesto como ejemplo los atentados del 11-S en Nueva York o los del 11-M en Madrid, que cree que demuestran la necesidad de "globalizar la seguridad y arrimar todos el hombro en necesidad del interés general".
Así, el diputado 'popular' ha rechazado las críticas de la oposición, "soflamas sectarias y retorcidos argumentos radicales e inmovilistas", y ha insistido en que la nueva legislación abre la puerta a un modelo de seguridad pública que aprovecha "el potencial" de la seguridad privada "desde la preeminencia del Estado".
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