La portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, la diputada del PSOE Lidia Fernández, han mostrado este miércoles el respaldo de sus formaciones al compromiso de la consejera de Presidencia, Rita Camblor, para analizar y revisar los 1.300 bienes inmatriculados por la Iglesia en Asturias.
De este modo, comparten también las propuestas del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, colectivo que agradece el apoyo parlamentario de IU, Podemos y PSOE, así como la labor del Gobierno autonómico para la identificación de los bienes inmatriculados y pide ahora, una vez conocida la situación, que se agilice la segunda fase para analizar posibles mecanismos de solución en casos que sean conflictivos.
Así lo ha apuntado en rueda de prensa José maría Rosell Tous, del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias y miembro de la ejecutiva de Asturias Laica, para quien es un «triunfo» y un «ejemplo de transparencia democrática» que se hayan localizado y documentado esos cerca de 1.300 casos.
Espera el colectivo que se remita toda esa información a Patrimonio, tanto de la Consejería de Hacienda como de Cultura, para que estudien esa documentación y se pueda sistematizar y volcar la información, en colaboración con los ayuntamientos.
Pide, igualmente, que se empiece a hacer preguntas sobre la titularidad especialmente en el caso de los bienes de especial relevancia cultural. Como ejemplo se refirió al Prerrománico y recordó que Santa María del Naranco fue construida como equipamiento palaciego para la realeza y no como lugar de culto, y desde entonces hasta ahora, su conservación siempre se ejecutó «con fondos públicos», una inversión de las administraciones que asciende a un millón de euros en las últimas décadas.
«¿Por qué no es un bien de dominio público y tiene que ser patrimonio de un entidad privada? La respuesta está por ver pero la pregunta hay que hacerla», sostiene José maría Rosell Tous, que considera que no son necesarias conversaciones con el Arzobispado al entender que el interlocutor válido en este proceso debe ser el parlamento y las administraciones.
Desde IU, Vallina considera adecuada la propuesta del colectivo y llama a reflexionar sobre las prebendas de la Iglesia Católica en España que no ocurren en otro país democrático europeo, dice.
«Conviene ir cerrando este capítulo y separar los temas religiosos de la política y el interés público», señala la diputa de IU, para la que no resulta «lógico» que se hayan asumido las inmatriculaciones de la Iglesia y a la vez seguir conservando los bienes con dinero público. «La ley dice que si se emplea dinero público en bienes privados, se prevarica», apuntilló.
Por su parte, la diputada socialista ha señalado el largo proceso que ha supuesto recoger las notas simples registrales de todos los bienes inmatriculados. Asegura que se trabaja en la dirección correcta desde el Principado y coincide en la necesidad de pasar ahora «al análisis pormenorizado y volcar esa información para hacerla pública». «Si hay alguna que pueda ser reclamada, se verá el siguiente paso a dar», añadió.
