Las manifestantes apoyaban a la niña de 11 años embarazada tras la violación de su padrastro
Alrededor de 100 manifestantes proabortistas irrumpieron la noche del jueves en la catedral de Santiago de Chile para reivindicar su derecho al aborto en un país que penalizó cualquier tipo de interrupción del embarazo durante los últimos coletazos de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Tras una concentración que reunió a 7.000 personas en apoyo de la niña de 11 años que se quedó embarazada tras ser violada por su padre, un centenar de manifestantes entró en el templo, interrumpió la misa y, según acusa la policía, "dañó" las paredes del edificio. Dos activistas fueron detenidas por vandalismo y tanto la archidiócesis como la ciudad de Santiago han presentado demandas judiciales contra las presuntas responsables.
El Gobierno del conservador Sebastián Piñera y la Iglesia católica condenaron la acción. "Quiero expresar nuestro rechazo absoluto de tales actos", aseguró el presidente, que dijo que el Ejecutivo empleará "toda la fuerza de la ley contra estos delincuentes". Mientras, el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati calificó los actos de "muy graves" y criticó la "intolerancia" de los manifestantes, acusándolos de "violar la libertad religiosa y de culto" y de "saquear" la catedral, que será cerrada durante cinco días para limpiar los desperfectos.
A principios de mes estalló una fuerte polémica después de que trascendiera el caso de una niña de 11 años a la que se ha impedido abortar pese a haberse quedado embarazada tras las continuas violaciones de su padrastro. La madre de la menor, Pamela Echaura, aseguró que las relaciones sexuales fueron de mutuo acuerdo entre su hija y su pareja. La legislación chilena impide el aborto incluso en los casos de violación, fuertes anomalías fetales o riesgo para la vida de la madre.
En abril de 2012 el Senado rechazó tres iniciativas que avanzaban en la despenalización de esos tres supuestos. Ahora, la exmandataria chilena y de nuevo candidata socialista a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, Michelle Bachelet, se ha unido a las asociaciones feministas que abogan por una permitir la interrupción del embarazo en los casos más graves. Chile, un país muy conservador, no legalizó el divorcio hasta 2004.
Manifestación proabortista en Santiago de Chile el jueves pasado. / EDGARD GARRIDO (reuters)
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