La Oficina Nacional de Budismo (NOB, por su siglas en inglés), una agencia del Gobierno de Tailandia, ha emitido este jueves una orden prohibiendo a los monjes de esta confesión religiosa intervenir en las manifestaciones que en las últimas semanas han ocupado las calles de Bangkok y otras ciudades del país, exigiendo la reapertura democrática de las instituciones y una reforma de la Constitución.
El director de la NOB, Narong Songarom, ha advertido de que en caso de que los monjes incumplan esta orden podrán ser destituidos, informa el diario ‘Bangkok Post’.
Una decisión que viene motivada después de las imágenes que los medios tanto locales como internacionales han publicado de muchos de ellos participando en las protestas y exigiendo en algunos casos su derecho al voto, pese a que tienen prohibido hacerlo en Tailandia debido a su estatus religioso.
A su vez, la NOB y el Consejo Supremo de la Sangha, el máximo órgano rector de la orden budista en Tailandia, han solicitado al resto de instituciones gubernamentales y religiosas que verifiquen durante las protestas si los participantes ataviados con las características túnicas naranja son realmente monjes o no.
El primer ministro, el general Prayuth Chan Ocha, declaró el estado de emergencia en Bangkok el 15 de octubre con el objetivo de frenar las protestas contra el Gobierno y la monarquía, unas movilizaciones sin precedentes por dirigirse contra esta institución, en un país en el que las ofensas a la Casa Real se castigan con severas penas de cárcel.
La declaración del estado de emergencia en la capital tailandesa tenía como fecha final el 13 de noviembre pero el general Prayuth finalmente decidió ampliarlo. A pesar de ello, las protestas continúan y los manifestantes han asegurado que mantendrán sus movilizaciones hasta que se cumplan sus demandas, que pasan por la dimisión del primer ministro y una reforma del sistema monárquico para la vuelta a una democracia real y no tutelada por las Fuerzas Armadas.
Organizaciones humanitarias han denunciado la detención arbitraria de manifestantes, así como la censura en redes sociales y en los medios de comunicación durante las protestas. Amnistía Internacional cifra en casi un centenar el número de arrestos desde las marchas del pasado 13 de octubre.
