Los funcionarios eran hasta ahora los únicos competentes para evaluar la Selectividad Las enmiendas del PP permiten concertar centros a demanda
Los docentes de la enseñanza privada podrán decidir si un alumno pasa a la siguiente etapa de sus estudios, de la Secundaria al Bachillerato o de este a la Universidad. La enmienda presentada por el PP a la reforma educativa rompe las reglas del juego actuales empleadas en la evaluación de los estudiantes. Hasta ahora eran los profesores de la educación pública, funcionarios por oposición, los únicos que se encargaban de corregir pruebas de acceso como la Selectividad. En su dictamen, el Consejo de Estado ya reprochó al Gobierno que la evaluación de las reválidas “no se dice si se va a ejecutar por profesores del sistema público, por profesores contratados o por empresas privadas”.
“Esta decisión responde a la filosofía de la reforma educativa, que quiere ir adelgazando todo lo que venía haciendo la función pública en favor de lo privado. La dinámica empezó hace años cuando se externalizaron las actividades extraescolares y los comedores y ahora se quiere que una parte de la educación salga fuera del aula”, sostiene Carlos López Cortiñas. El secretario de FETE-UGT piensa que el profesor es quien mejor conoce al alumno y puede orientarle en las pruebas. “Se terminarán creando agencias privadas que se encarguen de las pruebas. El diagnóstico perderá todo su valor”. Tampoco Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, está de acuerdo: “Nosotros estamos en contra de las reválidas, pero aún más de esta enmienda, chocante y extemporánea. Miramos con reserva que una prueba de Estado pueda ser corregida por personas que no son funcionarios del Estado, vamos a estudiarlo jurídicamente”.
Enrique Roca, exdirector del Instituto de Evaluación, también cree que la externalización de las pruebas puede convertirse en un lucrativo negocio. “Hay un riesgo evidente de que se hagan con el servicio intermediarios. La Selectividad, que corrigen profesores de la pública, siempre se ha compensado económicamente [cobran alrededor de 600 euros brutos] y esto es un negocio evidente”. Roca recuerda que existen 495.000 profesores no universitarios en la enseñanza pública, “suficientes” para hacerse cargo. “Hay que ser muy delicados en enjuiciar a los docentes de la privada. Pueden ser muy buenos, pero no lo puedes saber. Los funcionarios han certificado su formación con las oposiciones. ¿Quién te garantiza que los de la privada lo van a hacer mejor?”.
La redacción y control de las reválidas de los institutos dependerá del ministerio. Aún, cuentan fuentes de Educación, no se sabe qué supondrá para los trabajadores. El interés en participar en los exámenes ha crecido a medida que se iban recortando los sueldos a los funcionarios.
En el Senado, Convergencia i Unió planteó por qué no corregían las pruebas los docentes del centro. “¿No será que se les quiere evaluar también ellos?”, se preguntaron. El ministro José Ignacio Wert no esquivó la cuestión, ni lo negó: “Tengo confianza máxima en los docentes y en su trabajo como evaluadores, pero las evaluaciones externas evaluarán a alumnos, profesores y centros”.
En Holanda, Suecia, Noruega, Estonia, Luxemburgo y Malta son los propios docentes los que corrigen sin control externo aunque esas pruebas determinen la trayectoria educativa. En otros, como Alemania, hay una segunda supervisión externa, y en Italia actúa un comité del centro con un presidente de fuera.
Por otro lado, en el anteproyecto de la reforma educativa se pedía a las comunidades que atendieran a la “demanda social” a la hora de subvencionar los centros privados. El PP ha querido, con sus enmiendas, “dar más visibilidad a estos principios de libertad de enseñanza y de elección de los padres en el texto”. Así, la elección de un colegio por parte de las familias tendría prioridad ante la organización escolar de las Administraciones públicas y, por tanto, se blinda la posibilidad de concertar tantos centros privados como requiera la demanda social.
Además, las enmiendas piden que se admitan en la Universidad a extranjeros bachilleres si superan la prueba de acceso, aunque su país no tenga firmado ningún convenio de bilateralidad. Y se funden los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales.
