Desde 1983 ningún gobierno lo derogó. Así, hoy cobran del Estado más de $ 100.000 por mes. El proyecto de Alberto Fernández sobre jubilaciones de privilegio solo aplica pequeñas reformas para jueces y diplomáticos.
El “decreto-ley” nº 21540 fue promulgado el 3 de marzo de 1977. Lo firmó el entonces presidente Jorge Rafael Videla, cabeza de la junta militar que estaba al mando de uno de los mayores genocidios de la historia reciente. En sus artículos 1 y 2, la norma ordena al Estado pagar con fondos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la alta jerarquía católica apostólica y romana que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”.
En el caso de “arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas o exarcados del culto católico, apostólico, romano y el vicario castrense para las Fuerzas Armadas” esa jubilación equivale, según el decreto de los genocidas aún vigente, al 70 % de lo que cobra un “juez nacional de primera instancia”. En el caso de “obispos auxiliares de arquidiócesis, diócesis, prelaturas o exarcados”, de “pro-vicario castrense para las Fuerzas Armadas con dignidad episcopal” y “obispos auxiliares para las Fuerzas Armadas”, cobran el equivalente al 60 % de esos mismos salarios judiciales.
Entre otras razones (como la complicidad y hasta la participación directa en crímenes de lesa humanidad de muchos hombres de sotana) ese decreto-ley contribuyó mucho para que, a lo largo de las décadas, el movimiento de derechos humanos argentino haya acuñado la inequívoca denominación de “dictadura cívico-militar-eclesiástica”.
Como es de público conocimiento, esa orden dictatorial llamada “decreto-ley”, sigue vigente. Y pese a que lleva las firmas del teniente general Videla, del vicealmirante Julio Bardi (entonces ministro de Bienestar Social y Salud) y del vicealmirante César Guzzetti (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina), ningún gobierno constitucional desde 1983 a la fecha se atrevió siquiera a ponerla en revisión. Alberto Fernández, al parecer, no será la excepción.
De hecho el actual Gobierno parece tener toda la intención de convalidar ese decreto salido del genocidio. Al menos, en una de sus primeras medidas en las que plantea modificar el régimen de “jubilaciones de privilegio”, el costoso pago de las “asignaciones mensuales vitalicias” para arzobispos, obispos y demás miembros de la curia queda totalmente a salvo.
Así lo denunció públicamente este miércoles el diputado Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, cuando en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tres funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a defender el proyecto oficial para reformar el régimen de jubilaciones de jueces y personal diplomático.
La bancada del FIT Unidad denunció claramente que los arzobispos, obispos y capellanes de las Fuerzas Armadas “una vez que se retiran el Estado argentino está comprometido a pagarles una asignación mensual vitalicia equivalente al 60 % o al 70 %, según el caso, de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia” que, como hoy equivale en sus valores básicos a $ 171.491, lleva a que “cualquier prelado de la Iglesia retirado cobre al menos entre $ 102.895 y $ 119.700 mensuales, “sin contar cuantiosos adicionales varios”.
Pero además de denunciarlo, Del Caño y su compañera de bancada Romina del Plá (PO-FIT Unidad) llevarán a la sesión en la que se discutirá el proyecto oficial un proyecto alternativo, en el que precisamente se plantea el fin de todas las jubilaciones de privilegio que paga mes a mes el Estado nacional, tanto de funcionarios del Poder Ejecutivo (empezando por expresidente y exvicepresidentes), del Poder Judicial (empezando por los miembros de la Corte Suprema) y del Poder Legislativo como de jerarcas de la Iglesia católica.
Obviamente el proyecto de la izquierda plantea en su artículo 1, lisa y llanamente, la derogación del “decreto-ley 21540” vigente desde hace ya 43 años. Pero es muy probable que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio se nieguen siquiera a tratarlo en el recinto. De hecho ambas fuerzas están integradas por todos los partidos que gobernaron desde 1983 a la fecha y mantuvieron siempre vigentes los privilegios millonarios de la Iglesia católica.
