¿Puede un organismo católico encargado por una alcaldía de elegir familias de acogida para niños excluir a las parejas homosexuales en nombre de sus convicciones religiosas? La Corte Suprema de Estados Unidos examina el miércoles esta delicada cuestión.
El caso tendrá, además, un valor de prueba para la jueza Amy Coney Barrett, una ferviente católica nombrada por Donald Trump y que acaba de ser confirmada en este puesto vitalicio por el Senado, pese a la oposición de los demócratas.
Su llegada al alto tribunal, apenas una semana antes de las elecciones presidenciales de este martes, fortaleció la mayoría conservadora de la Corte, ahora de seis magistrados sobre nueve.
Barrett podría influir en el resultado de la guerra judicial que mantienen desde hace años los partidarios de una lectura extensiva de las libertades religiosas y los defensores de las minorías sexuales.
El último caso en el centro de esta batalla se remonta a marzo de 2018, cuando la ciudad de Filadelfia supo que uno de sus colaboradores en ayuda a la infancia, la agencia Catholic Social Services (CSS), rechazaba llevar a sus menores a los hogares de parejas del mismo sexo.
La alcaldía demócrata decidió entonces no confiarle más niños.
A través de una de sus madres de acogida, la agencia presentó entonces una denuncia invocando los principios de la libertad religiosa y de la libertad de expresión. Y, tras perder frente a los tribunales federales, se dirigió a la más alta jurisdicción del país.
«Filadelfia pide que una agencia religiosa (…) hable y actúe de acuerdo a las creencias de Filadelfia», afirma la denunciante en un argumento transmitido a la Corte, estimando que la decisión viola la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión.
La demandante recibió el apoyo de decenas de iglesias, diputados del Congreso y estados del conocido como Cinturón de la Biblia, pero también del gobierno republicano de Donald Trump, para quien Filadelfia muestra «hostilidad» frente a la religión.
La gran ciudad del noreste del país replicó, de su lado, exigiendo que todos sus colaboradores sin excepción firmen una cláusula de no-discriminación.
«La Constitución no da a CSS el derecho de dictar los términos en los que se lleva a cabo el trabajo del gobierno», afirmó la municipalidad.
La alcaldía, igualmente, recibió numerosos apoyos. Entre ellos el de la potente organización de defensa de derechos cívicos ACLU, que alertó sobre las consecuencias de una posible victoria de la agencia católica.
«Esto autorizaría a agencias privadas que (…) proveen servicios públicos -como familias de acogida, bancos de alimentos, hogares para personas en situación de calle, etc- a rechazar sus servicios a personas LGBT», pero también a los miembros de otras comunidades religiosas, estima la ACLU, citando una agencia cristiana de Carolina del Sur que no quiere llevar a sus niños a familias judías o musulmanas.
La Corte se pronunciará en 2021.
