La opinión del Observatorio
· En un Estado secular no podemos imaginar peor unión que la de los militares y las confesiones religiosas, con el gobierno de intermediario.
· Nos atreveríamos a calificar de órdago del gobierno a los acuerdos España – Santa Sede en el momento en el que el gobierno tome medidas realmente efectivas para la desestimación de dichos acuerdos: deshacer las inmatriculaciones y eliminar todo privilegio de la iglesia católica en la esfera pública.
Detrás están los ministros de Podemos pero la propuesta ha encontrado la oposición de otros como la titular de Defensa.
El nombramiento delpróximo arzobispo castrense ha podido provocar un serio conflicto entre la Iglesia y el Gobierno, con los acuerdo España-Santa Sede como trasfondo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha planteado, tal y como deslizó en alguna de las conversaciones con representantes de la Conferencia Episcopal Española, que, tras el fallecimiento de su titular, Juan del Río, no se nombre un nuevo arzobispo castrense y que la jurisdicción de ese arzobispado pase a depender del arzobispo de Madrid, de forma transitoria o permanente.
La respuesta de la Iglesia a esta sugerencia ha sido clara y rotunda. La propuesta, que está avalada por una parte del Consejo de Ministro en la que se incluirían de forma activa los ministros de Unidas Podemos, atentaría contra el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.
Por lo tanto supondría el primer órdago del Gobierno a la línea de flotación de los Acuerdos España-Santa Sede.
Resistencia de la ministra de Defensa
Tal y como ha podido saber Confidencial Digital, a esta inicial sugerencia se opusieron desde el principio algunos ministros, como es el caso de la titular de Defensa, Margarita Robles.
No hay que olvidar que no existe una forma única de atención pastoral a las Fuerzas Armadas. Y que el nombramiento de arzobispo castrense ha provocado, en la historia reciente de la Iglesia, algunos conflictos, como el ocurrido en Argentina en dónde el nombramiento de obispo castrense estuvo más de dos años vacante.
La propuesta de hacer depender la jurisdicción castrense del arzobispo de Madrid, con la anuencia de su titular, supondría una jugada de largo alcance político, tanto respecto a la presencia de lo religioso en los Ejércitos, como, en última instancia, en su relación con la Casa Real.
El arzobispo castrense cumple las funciones de capellán de la Casa de Su Majestad el Rey.
Una negociación difícil
Otras fuentes del episcopado consultadas apuntan que se trata de un movimiento táctico por parte del Gobierno, en la que va a ser una difícil negociación si el candidato propuesto no les parece adecuado.
Se baraja incluso la posibilidad de que se trataría de lanzar un mensaje sobre la conveniencia de nombrar a uno de los obispos auxiliares de Madrid. En ningún caso el candidato sería monseñor Juan Antonio Martínez Camino, apuntan fuentes de la Iglesia.
La negativa de la Iglesia a esta propuesta ha tenido como respuesta que se agilicen los trámites de provisión del próximo arzobispo castrense. El Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito Cleopas Auza, ante el riesgo de que el Gobierno hiciera todo lo posible para boicotear o ralentizar el nombramiento, se ha apresurado a poner en marcha el proceso canónico con la consulta a los cardenales y arzobispos metropolitanos.
Candidatos
En este sentido, tanto desde la Casa de Su Majestad el Rey, como desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, responsable de las relaciones con la Santa Sede, se está haciendo todo lo posible para que la propuesta se formule cuanto antes, entre otras razones para no crear malestar en los Ejércitos.
La visita del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, al rey el lunes 22 se ha producido en un momento oportuno para agilizar la búsqueda de un nombre.
De entre los candidatos que figuran como posible arzobispo castrense suena con fuerza el del obispo de Ávila, monseñor José María Gil Tamayo, que, entre otras razones, se puede considerar uno de los más estrechos amigos y colaboradores del fallecido monseñor Juan del Río.
También se habla de la posibilidad de nombrar a un sacerdote, aún no obispo, que fuera aceptado tanto por el Gobierno y con una hoja de servicios acreditada a la Casa Real.
