«Personas encarceladas por sus opiniones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, o debido a su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otra condición”. Tras esta definición se esconde un drama que afecta a todo el continente.
Se ha vuelto usual escuchar y leer, durante los últimos meses, noticias sobre los presos políticos en Venezuela. Esto se debe a que la comunidad internacional ha centrado los ojos sobre el país bolivariano. Por ejemplo, el 16 de febrero Donald Trump se reunió con la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori. Tras la reunión el magnate hizo un llamado a la liberación del líder político. Doce días después, el Senado de EEUU exigió al gobierno venezolano que “libere inmediatamente prisioneros políticos”. También el Parlamento Europeo se manifestó con iguales intenciones en junio del año pasado. La ONU, por supuesto, no se ha quedado atrás y ha exigido el respeto por los derechos humanos.
El 8 de marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al Hussein, mostró preocupación por “la falta de independencia de la ley y el orden y de las instituciones de derechos humanos” en el país bolivariano. Allí, como en otros casos, no se han querido acatar las recomendaciones internacionales, y los presos políticos o de conciencia —como los llaman Human Rights Watch y Amnistía Internacional— no se reconocen como tal y son considerados, más bien, políticos presos.
El último llamado, quizá el que puede poner en jaque la política dispuesta por Nicolás Maduro, ha sido el de la Organización de Estados Americanos (OEA). Un grupo de 14 países de esta coalición declaró que el gobierno del presidente Maduro debe programar un calendario electoral y liberar los presos políticos. Luis Almagro, secretario general de la OEA, señaló que suspender al país como miembro de la organización “es el último recurso y antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable».
Sin duda alguna, el caso de Venezuela ha llamado la atención por todas sus aristas, pues se trata no solo de una crisis sociopolítica sino también humanitaria debido a la escasez de comida y medicamentos, y a la violación de los derechos humanos de los presos políticos. Según el Foro Penal Venezolano (FPV), una organización no gubernamental que vela por las personas detenidas arbitrariamente, hay un total de 107 presos políticos en Venezuela, entre estudiantes y profesionales. La situación es tal que el principal líder opositor, Henrique Capriles, ha buscado ayuda en la comunidad internacional acercándose en primera instancia a su vecino, Colombia.
La resonancia mediática de la situación venezolana no es vana. No obstante, esta sonoridad ha contribuido a que otros casos de presos políticos en América Latina pasen desapercibidos. En Cuba, por ejemplo, según estadísticas de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), hay un total de 93 reclusos “procesados y condenados bajo procedimientos políticamente condicionados”, de los cuales 51 presos fueron procesados como “opositores pacíficos”. Ante esto, organizaciones como HRW y AI han denunciado que bajo el gobierno de Raúl Castro las detenciones temporales son arbitrarias con quienes las autoridades consideran “contrarrevolucionarios” o “delincuentes comunes”.
En Argentina también se pueden encontrar casos similares. En enero, Amnistía Internacional hizo un llamado para la liberación de Milagro Sala, quien, según AI, fue criminalizada por realizar una protesta social en la Plaza de Belgrado de San Salvador de Jujuy. Sala fue acusada por el delito de “sedición”, una tipificación penal que HRW y AI han pedido especificar y limitar, ya que entra en tensión con derechos como la libertad de expresión y de conciencia. La líder social estuvo detenida por más de 100 días sin una orden judicial que justificara el hecho, por lo que organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han pedido al gobierno argentino que reconozca su responsabilidad al respecto.
Casos no reportados de abuso a personas por pensar distinto los hay también en Ecuador, Chile y México, según José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas. Sin embargo, más allá de las primicias, primeras páginas y portadas de revista, hay presos políticos campesinos e indígenas. Según Agustín Jiménez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), hay un estimado de 7.000 presos políticos en Colombia. Gran parte de ellos vivían en las zonas de conflicto y tienen contacto con grupos insurgentes debido a su presencia constante en esta zona. “La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no escogen vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se presentan estas situaciones”, señala Jiménez.
La crisis en Venezuela es tan sólo la punta del iceberg del fenómeno de los presos políticos en América Latina. Si bien es poco probable que todos los presos políticos sean completamente inocentes o sus delitos no atenten contra la sociedad —como el caso de militantes de grupos insurgentes—, una gran parte de ellos ha sido apresada ilegítimamente y en contraposición a los derechos humanos. Hoy por hoy, la democracia se ve erosionada por este tipo de encarcelamientos arbitrarios e ilegítimos que más allá de privar la libertad física de los sujetos, está limitando su libertad de conciencia, de ahí la denominación que da Amnistía Internacional a quienes sufren este drama.
