Los grupos del PP y de Vox en las Cortes de Aragón han sido los únicos que han apoyado una iniciativa defendida por los ‘populares’ que pedía al Gobierno autonómico elaborar un estudio sobre las consecuencias de la reducción del horario de Religión de 90 a 45 minutos semanales en el colectivo de docentes que imparten la asignatura y proponer medidas para la restitución de sus condiciones laborales.
Los grupos del PSOE, Ciudadanos, Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés se han mostrado contrarios a esta propuesta, que ha obtenido cinco votos a favor y 13 en contra, por lo que ha sido rechazada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón.
La diputada del PP, Pilar Cortes, ha aclarado que con esta iniciativa no reclamaba más horas de Religión en las aulas, ni estaba centrada en una confesión religiosa en concreto, sino que pretendía dar «estabilidad y seguridad» a un colectivo de profesionales, compuesto en su mayor parte por mujeres con una edad en la que «es difícil reciclarse».
Ha detallado que la reducción horaria de esta asignatura en Aragón ha supuesto en algunos casos que quien impartía 25 horas semanales, ahora dé 10 o 12, mientras que solo ha habido dos o tres personas que impartían unas ocho horas y ahora ninguna y ha apelado a sentarse para encontrar soluciones y «subsanar» esta situación.
El diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, ha remarcado que ha habido un pronunciamiento del Tribunal Supremo en apoyo al horario mínimo establecido en Aragón, son los centros los que deciden el número de horas, en virtud de su autonomía, «en la que creemos», y su aplicación no ha supuesto en el primero año una reducción del número de profesores, mientras que las horas lectivas se han aminorado en un 20 por ciento por lo que la incidencia ha sido «pequeña».
El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Trullén, ha defendido «el derecho de las familias a escoger para sus hijos la educación religiosa y moral que se adecue a sus convicciones», ha expresado su «solidaridad» con este colectivo de profesores, pero «la solución no pasa por restituir las condiciones laborales porque no existen esas horas de docencia, sino en trabajar por que puedan adaptarse al mercado laboral», ha dicho.
MEDIDAS
En representación de Podemos, Erika Sanz, ha opinado que «la Religión debe salir de la escuela», si bien ha señalado que «se han tomado medidas para mantener las condiciones laborales de este profesorado, como tener grupos más pequeños y sesiones de 60 minutos», mientras que ha lamentado que «no se hayan revertido recortes» del colectivo docente en general «que dejó el PP».
La diputada de CHA, María Isabel Lasobras, ha apostado por una educación «laica, pública y de calidad», para apoyar que se estudie historia de las religiones «y así saber qué ocurrió en el pasado, pero no de la forma» en cómo se imparte en la actual asignatura de Religión. También ha apuntado que las nóminas de estos docentes las paga el Ministerio de Educación, su selección depende del obispado y «no pueden dar otras materias» porque «no han opositado».
David Arranz, de Vox, ha considerado «justo» restituir la situación este colectivo y «dignificar» esta profesión, para sostener que España es un Estado «aconfesional, no laico», la asignatura es de elección voluntaria para los alumnos y su contenido «va más allá de la enseñanza religiosa» ya que «aporta conceptos fundamentales para comprender la cultura occidental, el arte, la historia, la tradiciones» y por eso «necesita unas horas y un currículum normales acorde con la materia que se imparte».
La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha rechazado la propuesta del PP porque los tribunales han indicado que a pesar de la reducción horaria, «no existe ninguna modificación sustancial en los contratos de estos profesores», son los centros los que deciden los tiempos de esta asignatura y se ha realizado un estudio sobre el impacto de la aminoración horaria, sin que el PP haya aportado «ninguna medida concreta».
El diputado de IU-Grupo Mixto, Álvaro Sanz, ha rechazado que se imparta Religión en las aulas porque parte de su contenido se refiere a «dogmas y doctrinas» lo que supone llevar el «adoctrinamiento» a la escuela, mientras que su profesorado es elegido por los obispos y la Conferencia Episcopal Española «tiene recursos suficientes para dar salida a estos docentes».
