El Partido Popular, UPN y Ciudadanos están empeñados en que la nueva ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, más conocida como muerte digna, recoja la asistencia religiosa como un derecho. No lo consiguieron en la reunión de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que aprobó el texto de la ponencia, y el Partido Popular lo volverá a intentar en el Senado. Para conseguir este objetivo, ABC ha podido saber que presentarán una enmienda.
Hasta ahora, todos los intentos se han contado con fracasos, ante la negativa de la izquierda. El texto de la ponencia, aprobado por la comisión el pasado martes, solo afirma que «los centros e instituciones sanitarias facilitarán el acceso de aquellas personas que les puedan facilitar ayuda espiritual, conforme a sus convicciones y creencias, procurando, en todo caso, que las mismas no interfieran con las actuaciones del equipo sanitario».
UPN presentó una enmienda, que fue apoyada por el PP y Ciudadanos, pero fue rechazada por el PSOE, la izquierda radical y los nacionalistas. En este texto alternativo, se señala que «las personas que se encuentran en el proceso final de su vida tendrán derecho a recibir, conforme a sus convicciones y sus creencias, la asistencia espiritual y religiosa, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio de Libertad Religiosa. Las indicaciones sobre este extremo podrán ser objeto de expresión en las instrucciones previas».
Maniobra inesperada
Esta enmienda llegará viva al debate a la totalidad que tendrá lugar el próximo jueves en el Congreso, pero volverá a ser rechazada.
Los populares, empeñados en hacer de este punto su particular «caballo de batalla», la presentarán en la tramitación en el Senado. Su mayoría absoluta le permitirá aprobarla, pero al volver al Congreso, decaerá nuevamente.
Esta ley ha sufrido modificaciones en su trámite final, respecto a lo que se aprobó en la ponencia. El PSOE, inesperadamente, introdujo una enmienda para evitar que haya un reglamento estatal de sanciones y sean las comunidades autónomas las que apliquen el suyo. Esta maniobra suponía un cambio radical en la posición que habían mantenido durante el año y medio de negociación. Ciudadanos la atribuyó a una concesión a los nacionalistas, como pago al apoyo político para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Por ello, advirtió que reconsiderá su apoyo a la ley socialista de eutanasia.
