Todos los años cuando la iglesia católica y sus fieles celebran la festividad que llaman Semana Santa sale a la luz una polémica que lejos de apagarse va a mayores.
Dado el aumento de la secularización de la sociedad española, una parte se muestra cada vez más favorable a que los actos litúrgicos de quienes practican dichas creencias deben adquirir el carácter privado que en si mismas tienen.
Un sector de creyentes católicos junto la jerarquía eclesiástica, parece que se sienten atacados en sus creencias y derechos y reaccionan cada vez con más extremismo en cuanto se trata de modificar en lo más mínimo las costumbres establecidas sobre ritos y ceremonias. De tal manera que la respuesta fuere el “no quieres taza pues toma taza y media”. Ya que consideran que solo a los católicos les corresponde opinar sobre estas cuestiones y los demás como mucho el “Paga y calla”
Me refiero en concreto a las subvenciones a las cofradías de Semana Santa o a la participación de autoridades públicas en las procesiones. Hay Ayuntamientos que han retirado estas subvenciones y autoridades que han dejado de participar en las ceremonias procesionales. Por el contrario hay ayuntamientos y autoridades que ante la postura laicista de los anteriores reaccionan de forma cada vez más intransigente, si cabe, en la defensa de las posturas inamovibles. Se producen enfrentamientos en los plenos municipales y mientras unos acuden a las razones de la neutralidad del Estado ante las creencias, al no reconocimiento constitucional de confesión alguna, los otros recurren a tradiciones, cultura, creencias mayoritarias etc. Cuando no acusan al laicismo de persecución de la iglesia. O en última instancia como en Gijón donde se da la esperpéntica situación en la que el pleno que el pleno del Ayuntamiento decide que el Municipio forma parte de la Red de Ayuntamientos por un Estado Laico pero la caritativa cirujana, gobernando en minoría consentida, hace lo que le viene en gana, asiste a las procesiones, bendice aguas y permite que trabajadores uniformados del municipio acudan a las procesiones dando escolta a los pasos.
El Artículo 18 de la declaración Universal de los derechos humanos dice así:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
Es muy minoritaria la postura de quienes pretenden suprimir las procesiones católicas. Desde luego no es la postura de Europa Laica/Asturias Laica. Entre otras cosas porque somos totalmente defensores y respetuosos de la Declaración Universal de derechos Humanos. Declaración por otra parte, que aunque muchos católicos y católicas lo ignoren, la ICAR (Iglesia Católica Apostólica y Romana) se ha negado siempre a firmar, entre otras cosas porque se niega a reconocer la libertad de conciencia
Por tanto reconocemos el derecho de los católicos a manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado. O sea el derecho a las procesiones.
No es esto de lo que se trata y la ICAR lo sabe. De lo que se trata es de otra cosa. Las creencias son un asunto privado. Pertenecen al ámbito privado de cada persona. Y las procesiones en tanto que una manifestación colectiva de unas creencias privadas tienen todo el derecho legítimo a celebrarse.
Pero la cuestión es que la ICAR y muchos católicos, se niegan a admitir que sus creencias, se pongan como se pongan, no pertenecen al ámbito público. Lo público es lo que es de todos y la religión católica ni ninguna otra pertenece a lo público.
Las ceremonias procesionales son manifestaciones de creencias privadas que se celebran en los espacios públicos, pero privadas.
Esta es la verdadera razón por la que no deben asistir ni las autoridades públicas, ni los trabajadores uniformados de las instituciones públicas en tanto que tal. Si asisten, como autoridades o trabajadores uniformados, tanto invitados como de motu propio, están vulnerando el carácter de la institución que representan o pertenecen. Su cargo tiene unos límites muy estrictos que nadie le ha autorizado a sobrepasar. Con su presencia están utilizando lo que representan para convertir un acto de carácter privado en un acto público. Es como si la alcaldesa consentida de Gijón aprovechándose de su cargo, celebrase anualmente un banquete el día de su cumpleaños, de carácter estrictamente privado, en el salón de plenos del Ayuntamiento, convirtiendo su aniversario en un acto público. Tendría el mismo valor. Banquete al que por cierto todos los ciudadanos contribuiríamos pecuniariamente. Nadie está diciendo que haga semejante barbaridad, pero si que utiliza el cargo para convertir actos privados en públicos.
Habrá ciudadanos que se sientan ofendidos y con razón. ¿Porqué las autoridades han de dar un carácter público a unas ceremonias privadas que muchos ciudadanos no comparten? ¿Por qué hay subvenciones específicas para unas creencias privadas en un Estado que no reconoce religión oficial alguna? ¿Por qué hay autoridades que enaltecen a unas determinadas creencias con su presencia haciendo que muchos ciudadanos se ofendan y se sientan tratados de forma desigual?
Ese es el fondo de la cuestión. La iglesia no soporta verse separada del poder. La iglesia no tolera que el poder democrático le diga con todo respeto. Vds. no son ninguna Autoridad Pública. Vds. son una organización de carácter privado.
Procesiones por supuesto. Subvenciones y presencia de autoridades NO. Vayan Vds. representándose a si mismos y respeten nos a todos y a todas.
