Ayer se aprobó la nueva ley de educación impulsada por la ministra Celaá. Probablemente será una norma de corta duración porque en España la oposición, como quedó demostrado cuando Ángel Gabilondo buscó el pacto por todos los medios habidos y por haber, no es propicia al consenso en materia alguna aunque sí a la imposición del nacional-catolicismo como modelo irrefutable, lo que demuestra que su amor a la libertad no sólo se palpa con los gritos en el Congreso sino con la intransigencia trascendente y contumaz.
Hace unos meses, el presidente de la Comunidad murciana -lo siento, no recuerdo su nombre- calificó de sectarios a quienes defendían que la enseñanza pública recibiese la mayor parte de los presupuestos dedicados a Educación. Esa opinión es la predominante en el Partido Popular y en casi todos los partidos de derecha estatales y periféricos que en estos últimos años han logrado que casi la mitad de los chavales en edad escolar sean adoctrinados por la Iglesia católica, única institución que sabe lo que nos conviene, que es o no pertinente y como hacer negocio con las cosas que son del César. No obstante, defiende un dogma infalible, su cabeza visible, que es el Papa según me enseñaron en la escuela franquista, habla con Dios a través del Espíritu Santo y, que duda cabe, defiende la única creencia religiosa verdadera.
La palabra “sectario” se ha convertido en un mantra, en una consigna, en un lema para descalificar a quien piensa diferente. A fuerza de manosear el calificativo y de usarlo en sentido contrario ha terminado por perder su valor y adquirir otro nuevo: Es sectario aquel que indefectiblemente usa ese término para calificar a quienes piensan de otra manera. Según la derecha son sectarios quienes defienden la enseñanza pública sostenida con fondos públicos e igual para todos de acuerdo con sus capacidades y sin tener en cuenta raza, sexo o situación económica. Sin embargo, son liberales, o sea partidarios de la libertad, quienes pretenden que con el dinero público se sostenga la difusión de axiomas, el adoctrinamiento en las ideas del Concilio de Trento, en la creencia de que Dios es uno y trino o que la organización de la vida terrenal es fruto de un Orden Natural inmutable que será más fructífero conforme los hombres demuestren ser capaces de adaptar sus leyes y su comportamiento a Él, sin poner en duda lo que es.
Del mismo modo es sectario un sistema público mejorable que recluta a los educadores mediante oposición o listas que responden a baremos de méritos que otro que basa la contratación del profesorado en la ideología del director, de los frailes y monjas, de los dueños del negocio o los intereses mundanos de quienes predican que lo bueno viene después de palmarla. Por supuesto, al profesor de la concertada -sostenida con los impuestos de todos- lo pueden despedir o no renovarle el contrato en el momento que su trabajo se salga de los criterios doctrinales defendidos por la orden religiosa -siempre liberales, como demuestra la historia- o por el empresario de turno, aunque suelen ser la misma cosa; mientras que al maestro o profesor de la Pública no se le puede de modo alguno obligar a que imparta su materia siguiendo el dictado ideológico de nadie, es decir que no puede perder su puesto de trabajo porque interprete a Platón o a Marx del modo que considere oportuno. Está claro que la intolerancia es consustancial al modelo público y que el concertado es el más propio para un país que “se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” tal como reza, nunca mejor dicho, el artículo primero del título preliminar de la Constitución Española de 1978, que no es precisamente el Manifiesto Comunista.
España ha tenido secularmente un grave problema educativo que proviene de la misma conformación de la derecha tras los primeros balbuceos democráticos. Y no es una cuestión que afecte sólo a la derecha centralista castiza, sino que incumbe también y mucho a un sector muy importante de los partidos nacionalistas periféricos, tan vinculados al pensamiento reaccionario católico los unos como los otros. Por no irnos muy lejos en el tiempo, tras la Restauración de la monarquía en la cabeza de Alfonso XII, el ministro de Fomento de Su Majestad Manuel Orovio Echagüe decidió prohibir que se impartiera cualquier enseñanza que pusiera en duda los dogmas católicos. Aquella decisión supuso la expulsión de la Universidad de personalidades de la talla de Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate, Emilio Castelar y un número prolijo de profesores que se negaron a acatar órdenes que suponían un grave atentado contra la libertad de Cátedra. Fueron esos profesores expulsados por la intolerancia quienes luego fundaron la Institución Libre de Enseñanza que formó a una de las mejores generaciones de españoles de toda su historia.
Llegado el franquismo, la Institución Libre de Enseñanza, contraria a los dogmas y partidaria de fomentar el pensamiento crítico entre los alumnos, fue declarada fuente originaria del triunfo del marxismo, el judaísmo, la masonería y el liberalismo, por tanto de la revolución bolchevique que trajo la Segunda República de la mano de hombres como Manuel Azaña, Fernando de Los Ríos, Marcelino Domingo o Francisco Barnés, todos ellos evidentes y aventajados discípulos de Stalin. La dictadura exterminó cualquier atisbo de liberalismo que hubiese subsistido a la guerra con la muerte, el destierro, la cárcel o la depuración, método por el cual se obligaba a renegar públicamente al acusado de sus ideas y declarar su adhesión inquebrantable al caudillo de España por la Gracia de Dios. Ha pasado el tiempo, mucho tiempo y la derecha española continúa viendo a la Institución Libre de Enseñanza como algo demoníaco contrario a las esencias de la tradición española.
La Educación Pública es una conquista de la Democracia y como tal en España es hija de la Institución Libre de Enseñanza, que a su vez miró mucho en su tiempo a lo que se hacía en la Francia de Combes, Herriot y Briand. Su ideología es la libertad y el fomento del espíritu crítico, la solidaridad y el conocimiento. Los dogmas le son tan ajenos como al conocimiento científico que le toca transmitir y eso la derecha española ni lo comprende ni lo consiente porque secularmente, como brazo civil y militar de la Iglesia católica, ha sido ella quien ha ordenado lo que los españoles tienen que hacer y que pensar. El debate educativo planteado por la reaccionaria y clasista Ley Wert, las movidas organizadas ahora en el Parlamento y las que vendrán en la calle y en los medios no forman parte de un debate del siglo XXI sino del siglo XIX, que es donde siguen anclados Casado y su amigo Abascal, Arrimadas y el Puigdemont de turno: La enseñanza concertada es uno de los mayores instrumentos de adoctrinamiento y control ideológico con que cuenta hoy la reacción española. Es al mismo tiempo un enorme negocio al que no están dispuestos a renunciar.
Por cierto, si yo fuera maoísta, vegano o nudista, ¿tendría derecho según dicen nuestras derechas a que el Estado sufragase la educación de mis hijos según el libro rojo de Mao, las doctrinas vegetarianas del hindú Parsuá o a que los profesores diesen clase desnudos?
Pedro Luis Angosto
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