La llegada de alcaldes de Podemos y formaciones afines a algunos ayuntamientos españoles el año pasado ha traído algunos cambios a favor del tan frecuentemente conculcado mandato constitucional de aconfesionalidad del estado; por ejemplo, algunos representantes públicos han dejado de participar a título oficial en ceremonias religiosas. Tristemente, se trata de casos aislados, pues lo habitual es que los políticos olviden que representan a todos los ciudadanos y participen en los rituales de cierta confesión religiosa.
Un ejemplo más lo tenemos en funeral de estado en recuerdo de las víctimas del terremoto de Ecuador, celebrado mediante el rito católico en la catedral de La Almudena el 18 de mayo de 2016, al que han acudido autoridades políticas de España y de Madrid. Además de la ya habitual presencia de los reyes y de representantes de los “partidos dinásticos” (PPSOE), y de la nada sorprendente asistencia de Albert Rivera (C’s), esta vez el acto ha contado con la participación de Pablo Iglesias, de Podemos; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; y Sol Sánchez, de Izquierda Unida (IU).
Hay que preguntarse, para empezar, por qué ha de celebrarse un funeral religioso de estado, a cargo de una determinada confesión religiosa. Esta, por supuesto, puede celebrar los funerales que desee o les soliciten personas o colectivos a título privado; pero si nuestro estado es aconfesional, el recuerdo a las víctimas del terremoto podría haber consistido en una ceremonia civil, aceptable para cualquier persona.
Además, no hay que olvidar que un funeral de la Iglesia Católica Romana (ICR), a diferencia del de otras confesiones religiosas, no es una simple conmemoración de homenaje y solidaridad con los fallecidos y sus seres queridos, sino un “sacramento” que, según el Catecismo de la Iglesia Católica, pretende, expresando «la comunión eficaz con el difunto, hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna» (nº 1684), para lo cual se invocan diversas mediaciones (no sólo la de Cristo, sino también la de María y “los santos”). Asimismo, se suele rogar que los muertos, a su vez, medien por las almas de los vivos.
Sin duda en el terremoto de Ecuador hubo víctimas de no católicas. En honor a su memoria, y por respeto a sus familiares, es inaceptable que se les dediquen rituales de la ICR, no sólo porque no los consideran válidos, sino porque, al margen de las posibles buenas intenciones que pudieran tener (solidaridad con las víctimas…), suponen una ofensa y una falta de respeto a sus conciencias, dado que las citadas invocaciones son radicalmente contrarias a las convicciones de quienes las consideran blasfemas e idolátricas.
De la alcaldesa Carmena no se podía esperar que comprendiera y respetara la laicidad, dado su ya amplio historial de conculcación de la misma (p. ej., recientemente expresaba sus simpatías hacia “San Isidro” por ser “campechano”); quizá de Pablo Iglesias tampoco, desde que aplaudió a rabiar la intervención confesional del monarca absoluto vaticano en el Parlamento Europeo. Algo más sorprende la presencia de Sol Sánchez, diputada de IU en el Parlamento español.
Con esa asistencia, los tres han sentado un nuevo y grave precedente de indigna sumisión, tras el cual les resultará más difícil, si no imposible (por aquello de no discriminar a unos frente a otros), dejar de asistir a actos similares en el futuro.
Está claro que ahora mismo no hay ninguna fuerza política española que se comprometa activamente con el cumplimiento de la aconfesionalidad del estado establecida por la Constitución.
Oficiaba la misa del funeral el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, considerado uno de los “hombres de Francisco” en su iglesia de España. En ocasiones como esta se pone a prueba la supuesta renovación profunda que muchos dicen que el papa Francisco está aplicando. Un papa que jamás ha favorecido ni ha dado paso alguno hacia la aconfesionalidad de los estados católicos, a pesar de que algunas de sus calculadas palabras podrían dar a entender lo contrario. Estamos ante un “nacionalcatolicismo de rostro humano”. Si realmente fueran reformistas, cuando a Osoro le encargaron este funeral habría renunciado a celebrarlo y habría pedido a las autoridades que el acto oficial fuera representativo de toda la sociedad, y no solo de sus creencias.
Con la ICR en este país ocurre lo mismo que con cierto poder fáctico: que “siempre gana la banca”. Siempre encuentra, y encontramos, excusas y “buenas razones” para favorecer sus intereses, que nunca excluyen lo que la define medularmente: su carácter confesionalista. (Entiéndase que hablamos de la estructura jerárquica, siempre desde el mayor respeto a los fieles de esa entidad religiosa, entre los cuales además los hay de convicciones laicistas).
Tiene tal peso esta tradición, tanta fuerza esa institución, que parece que siempre acabamos resignándonos a la inevitabilidad de su constante injerencia en los asuntos y espacios públicos, olvidando y/o minusvalorando los terribles perjuicios que históricamente (pero también en la actualidad: basta pensar, p. ej., en sus famosas inmatriculaciones de bienes públicos) ha acarreado a España dicha intrusión.
Resulta que unas organizaciones que supuestamente venían a revertir tan largo historial de abusos (Podemos e IU, esta última la formación más coherentemente laicista de las últimas décadas), se pliegan ante la ICR. Y, por todo argumento, la mayoría se contentará con decir: “Hombre, si hay un funeral, lo lógico es asistir pensando en las víctimas…”, en lugar de cuestionar “la mayor”, o sea, que tenga que haber un funeral, y en concreto ese tipo de funeral, una vez más.
