Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Miembro del Grupo de Pensamiento Laico, integrado por Nazanín Armanian, Enrique J. Díez Gutiérrez, Francisco Delgado Ruiz, Pedro López López, Rosa Regás Pagés, Javier Sádaba Garay, Waleed Saleh Alkhalifa y Ana Mª Vacas Rodríguez.
Estamos en pleno siglo XXI. Es necesario, en una democracia consolidada, superar la herencia del nacionalcatolicismo de la dictadura franquista que sigue vigente en España.
Como explica la Red de Municipios por un Estado Laico, ateniéndonos a lo que establece la Constitución española, “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, los ayuntamientos deberían tener como objetivo democrático fomentar la libertad de conciencia y la independencia de cualquier confesión religiosa o ideología particular, por respeto a la pluralidad ideologías, de convicciones y creencias del conjunto de la ciudadanía de este municipio.
Como explicaba el Papa Francisco en su visita a Río de Janeiro en julio de 2013: “La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”.
Quiero que mi municipio separe la religión de la política en sus actividades y funcionamiento y garantice una sociedad laica donde cada persona pueda tener la creencia que quiera. Por eso quiero que asegure la no confesionalidad de la institución municipal, como establece la Constitución Española en el artículo 16.3.
En concreto, quiero que lleve a cabo medidas tan sencillas y necesarias como las que propone la Red de Municipios por un Estado Laico: que en los espacios de titularidad pública que dependan del Ayuntamiento no exista simbología religiosa; no promover ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, realizando actos exclusivamente de carácter civil y sin connotaciones ni simbologías religiosas; los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la administración municipal no participarán en el ejercicio de su cargo en actos o manifestaciones de carácter religioso; no donar ni facilitar suelo público ni conceder financiación pública extraordinaria o exenciones fiscales municipales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades a ninguna confesión o institución religiosa; garantizar el pago del IBI por parte de todas las entidades religiosas de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil; recuperar los bienes públicos inmatriculados por la iglesia católica; establecer las festividades locales en referencia a acontecimientos que unan a toda la ciudadanía y no sólo los referentes a una parte de la ciudadanía que tienen determinadas creencias; velar por la aconfesionalidad de las enseñanzas impartidas en los centros educativos; incorporar referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares a través del Consejo Escolar Municipal; o promover campañas informativas sobre el significado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de conciencia y, por la tanto, de libertad religiosa y sobre lo que supone el principio constitucional: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Para ello es imprescindible que, además de que mi municipio impulse todas estas acciones, simultáneamente se establezca a nivel estatal la separación real entre la iglesia católica y los poderes públicos, materializando la laicidad de las instituciones y los servicios públicos. Excluir oficialmente de los centros públicos sanitarios, residencias, etc., la presencia institucional de clérigos. Así como eliminar las capillas y los símbolos religiosos de cualquier espacio público escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario, ayuntamientos, juzgados, oficinas públicas de las administraciones, etc. Recuperar de forma pública el patrimonio público apropiado o inmatriculado por la jerarquía católica. Así como evitar los privilegios de todas las religiones, sus fundaciones y congregaciones, respecto a sus propiedades que estén exentas del pago del IBI o de otros impuestos.
Es necesario también legislar para suprimir de todas las escuelas y universidades cualquier adoctrinamiento religioso para educar sin dogmas, en conocimientos científicos y universales, en valores humanistas y cívicos, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la diferencia y la diversidad, sobre la base de la igualdad en dignidad y derechos, y en los principios éticos y democráticos de nuestra sociedad. Así como establecer la retirada de simbología religiosa o la celebración de actos religiosos en los centros educativos. Y, cómo no, suprimir la retransmisión de la ‘misa de los domingos’ a través de la televisión pública.
Es imprescindible igualmente garantizar el carácter civil de todos los actos oficiales sin ningún tipo de connotación, rito o simbología religiosa, y sin participación de autoridades religiosas en calidad de tales. Establecer que todas las dependencias de titularidad pública estén libres de cualquier simbología religiosa. Elaborar una normativa de laicidad que implique la conducta pública de los responsables al frente de la administración y regule las ayudas a las distintas confesiones religiosas. Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil, escolar o administrativa. En definitiva, reformar y derogar todas aquellas normas que pongan en cuestión el carácter no confesional del Estado, incorporando referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares y suprimir la financiación pública de cualquier religión.
Finalmente, para conseguirlo es también imprescindible y urgente hacer una labor pedagógica, de forma sistemática y continuada, realizando charlas y talleres divulgativos sobre el laicismo y el respeto a la libertad de conciencia en todos los niveles educativos dentro del plan de actividades escolares, complementarias o extraescolares en todos los centros escolares y universitarios. Al igual que la educación para la igualdad, es necesario un plan estatal, autonómico y municipal obligatorio de educación para la laicidad.
Claro está que todo esto no se podrá hacer sin la denuncia y derogación de los Acuerdos posfranquistas de 1979 con el estado extranjero de la Santa Sede, una de las sistemáticas promesas incumplidas del PSOE cuando llega al gobierno. No se podrá hacer tampoco sin la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos o sin la sustitución de la Ley de Libertad Religiosa por una Ley de Libertad de Conciencia, que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.
Es hora de superar el franquismo sociológico que sigue lastrando la democracia española en pleno siglo XXI. Es hora de apostar por la laicidad, un ideal de concordia, de fraternidad, que pretende superar los diferentes particularismos culturales o religiosos y hacerlos compatibles, sin perder las referencias ético-políticas de los derechos humanos y sociales que nos unen. Se basa en la confianza en que es posible establecer unas bases éticas comunes sobre las que cimentar la paz, la justicia social, la igualdad, el cuidado del planeta y de la vida y la ausencia de todo tipo de discriminación. Es urgente. No podemos seguir posponiéndolo más si queremos avanzar hacia una democracia auténticamente consolidada en España.
