Hay algo de masoquismo en las relaciones del estado con la Iglesia Católica. Desde el lado del estado, claro. El caso es que la Iglesia de Roma dispone de unos acuerdos con el estado español inéditos en Europa y en el mundo, por los que dispone de prerrogativas y financiación directa. A cambio de eso, su comportamiento es sustancialmente distinto que en cualquier otro país europeo en donde hace tiempo que desistió de pretender hacer de su doctrina ley civil.
La fuerza de las ideas católicas debe imponerse en los creyentes de acuerdo al código de toda religión: por convicción. Si la Iglesia Católica tuviera fe en sus proclamas sobre la catolicidad de España, no pretendería imponer sus criterios morales en las leyes civiles. Sobre todo porque ningún ciudadano o ciudadana está obligado a utilizar preservativos, a divorciarse o a interrumpir su embarazo. Los gay que sean católicos pueden guardar abstinencia sexual y desde luego tienen capacidad para no acogerse a las leyes que les permiten celebrar matrimonio.
Por qué entonces la Iglesia pretende imponer sus creencias a quienes no son católicos o a quienes siéndolo renuncian a esa obediencia. Estamos presos de un círculo vicioso que determina que la realidad legal de los acuerdos con la Santa Sede indican un vínculo social con la Iglesia Católica de carácter excepcional. En consecuencia, en vez de agradecimiento por ese trato deferente lo que hay es afán de intromisión, en unos parámetros que no conocen en Europa.
Naturalmente que el conjunto de la Iglesia se opone a la interrupción del embarazo: la diferencia es que en España pretende que las leyes civiles lo prohíban.
El PP sigue la estela de estos postulados y no se atreve a romper ese enlace de subordinación con la Iglesia. El resultado es una sociedad semi confesional sólo porque ningún gobierno socialista se ha atrevido a cambiar las reglas de juego. En el fondo, electoralmente, al PSOE le interesa una iglesia entrometida y un PP confesional para pasar el rastrillo de los votos en un anticlericalismo de boquilla que en la realidad financia a la Iglesia para que pueda seguir influyendo en la sociedad civil. Un juego peligroso.
