La negativa de la Conferencia Episcopal a estar en esta Comisión, ha sido suplantada por personas de vínculos de pertenencia y relación con la Iglesia
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, compareció el lunes pasado, a petición propia, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del trabajo realizado hasta ahora acerca de la encomienda del Congreso de los Diputados para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, informa el Defensor del Pueblo.
También dio a conocer la Comisión Asesora de expertos que le asesorarán en esta tarea. Está formada por 20 personas (en este enlace) de las cuales 17 son asesores externos que pertenecen al ámbito profesional o académico con experiencia en la atención a las víctimas.
Negativa de la Conferencia Episcopal
La negativa oficial de la Conferencia Episcopal Española a formar parte de la Comisión Asesora del Defensor del Pueblo ha sido suplantada por la introducción de una serie de personas de indudables vínculos de pertenencia y relación con la Iglesia.
Esta decisión de Ángel Gabilondo está basada en la distinción entre “la Iglesia jerárquica” y la “otra Iglesia”, tal y como declaró ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
La decisión de la Conferencia Episcopal de no colaborar en la Comisión del Defensor del Pueblo, directamente con la presencia de un obispo o indirectamente a través del despacho de Cremades&Calvo-Sotelo, como se pensó en un principio, está avalada por los informes de la Junta episcopal de Asuntos Jurídicos.
Inconstitucional
Como publicó Religión Confidencial, un artículo firmado María José Roca, catedrática de derecho Constitucional y miembros de esa Junta, publicado en “Ius Canonicum”, consideraba inconstitucional la creación de una Comisión por parte del Defensor del Pueblo para investigar la pederastia en la Iglesia.
Se sabe incluso de algún destacado canonista, que trabaja en estas materias, al que se le invitó a participar en la Comisión, y rechazó la propuesta por coherencia también con lo decidido por la Conferencia Episcopal.
Miguel García-Baró López
El primer nombre de un miembro de la Comisión del Defensor del Pueblo que ha causado cierta perplejidad es el del responsable de la Oficina de la pederastia de Madrid, el profesor de la Universidad Pontificia Comillas Miguel García-Baró López. Oficina que se publicita con el nombre de Repara.
En este caso no se trata de un especialista –filósofo- a título particular sino de un cargo diocesano, con lo que quebraría la negativa de la Iglesia oficial a participar en los trabajos de la citada Comisión. ¿Quiere esto decir que la diócesis de Madrid es contraria al criterio establecido por la Conferencia Episcopal?
Hasta tal punto que Gabilondo, para avalar que no toda la Iglesia jerárquica tiene el mismo criterio, dijo en el Congreso que “supongo que algún obispo habrá dado el visto bueno para que esto haya podido suceder”, en velada alusión al apoyo de Osoro a la presencia de García-Baró en la Comisión Asesora.
Diócesis de Madrid
Esto ocurre, como ha podido saber Religión Confidencial de fuentes de la investigación del despacho de Cremades&Calvo-Sotelo, cuando está siendo complicado recabar los datos de la diócesis de Madrid “que se ha manifestado no precisamente de las más colaboradoras”.
El Defensor del Pueblo apuntó en su comparecencia que “la Iglesia católica, como institución, desestimó formar parte de la comisión señalando que esto no supondría dejar de colaborar siempre dentro de la ley”.
Gabilondo también aclaró que se había reunido tanto con el Presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Omella, como con el secretario General monseñor Luis Argüello. Lo que no especificó es si lo había hecho juntos o por separado.
La colaboración de Confer
Sin embargo, en esta estrategia de hacer distinciones dialécticas, Gabilondo señaló que, después de reunirse con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos-CONFER, el dominico Jesús Díaz Sariego, éste expresó su “voluntad de colaborar”.
“La respuesta –declaró Gabilondo- ha sido ‘no’ a última hora. Si la Iglesia como institución ha dicho que no va a participar, que no participe, pero de ello, desde luego, no deduzco que no vaya a colaborar”. Sin aclarar en qué consistiría esa colaboración que, monseñor Luis Argüello había matizado en una última comparecencia al especificar que se haría “dentro de la ley”.
Canonistas, teólogos y psicólogos
Otros nombres de miembros de la Comisión ligados a la Iglesia son los de María Elena Olmos, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y secretaria general de la Universidad de Valencia. Una persona que ha hecho importantes servicios en la Asociación Española de Canonistas.
También esta presente la psicóloga y teóloga bilbaína Ana Laura Zugaza, de la Asociación de Teólogas Españolas.
Por último, fuentes de la Conferencia Episcopal han manifestado su extrañeza al ver incluida en la Comisión del Defensor del Pueblo a la abogada Leticia de la Hoz, presentada oficialmente como abogada rotal por la Nunciatura Apostólica para darle relevancia.
De la Hoz fue la abogada de la víctima en el caso Gaztelueta y es la abogada de la asociación de víctimas Infancia Robada, que fue presidida por el padre de la víctima, hoy diputado del PSOE por La Rioja, Juan Cuatrecasas.
La Asociación Infancia Robada se reunió con el cardenal Omella el pasado marzo para comunicarle su intención de no colaborar con la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo.
