El símbolo religioso está sobre una estatua colocada en una plaza pública, lo que es contrario a las leyes de laicidad del país
Una estatua del papa Juan Pablo II, sí. Una cruz sobre su efigie, no. El Consejo de Estado de Francia ha ordenado a la alcaldía de Ploërmel que retire la cruz colocada sobre la escultura del fallecido papa en una plaza de esta localidad bretona. Según la mayor instancia judicial administrativa del país, el símbolo religioso no respeta la separación estricta de Iglesia y Estado que dicta la ley de ese país y que rige para cualquier lugar público.
La estatua de Juan Pablo II con las manos colocadas en gesto de oración, que fue sufragada con fondos públicos, se erige sobre un pedestal con la famosa cita del papa polaco “no tengáis miedo” y está bajo un arco sobre el cual reposa la cruz de la discordia. Fue colocada en 2006 en la plaza Juan Pablo II de Ploërmel, una comunidad de 10.000 habitantes del departamento de Morbihan, en Bretaña.
La decisión del Consejo de Estado pone fin a una batalla judicial que ha durado 11 años, prácticamente desde que el entonces alcalde de la ciudad, el conservador Paul Anselin, le encargó la estatua del Papa al escultor ruso Zourab Tsereteli. Una decisión que hizo poner el grito en el cielo a la Federación de Morbihan del Libre Pensamiento, que junto con otros dos ciudadanos acudió a la justicia para demandar la retirada del monumento, argumentando que violaba la ley de 1905 que decreta la separación de Iglesia y Estado.
En 2015, un tribunal administrativo les dio la razón y ordenó a la alcaldía que retirara de la plaza pública la estatua, al considerar que la cruz, “símbolo de la religión cristiana, por su disposición y sus dimensiones, presenta un carácter ostentoso” y no respetaba “la neutralidad del servicio público ante los cultos”. Pero un tribunal de apelación anuló el fallo ese mismo año, alegando un error jurídico.
El Consejo de Estado ha acabado sin embargo dándole ahora la razón a los laicos y a su defensa de la ley de 1905. El artículo 28 de dicha normativa “prohíbe erigir o colocar cualquier señal o emblema religioso sobre monumentos públicos o en un emplazamiento público, sea el que sea, a excepción de edificios de culto, terrenos de sepultura en los cementerios, monumentos funerarios y museos o exposiciones”.
Dicho artículo, “que tiene por objeto garantizar la neutralidad de las personas públicas respecto de los cultos, obstaculiza la instalación por estas, en un espacio público, de una señal o emblema que manifieste el reconocimiento de un culto o que marque una preferencia religiosa”, argumentó el Consejo de Estado.
El organismo estatal le ha dado al Gobierno municipal seis meses para cumplir su decisión. Aunque no tendrá que retirar toda la estatua, ni siquiera el arco. La decisión afecta solamente a la cruz, al considerar el Consejo de Estado que esta, “a diferencia del arco, constituye un signo o emblema religioso, por lo que su colocación es contraria al artículo 28 de la ley del 9 de diciembre de 1905 sobre la separación de las Iglesias y del Estado”, según el fallo emitido el miércoles.
El Frente Nacional no ha tardado en denunciar una “profanación judicial” e “injusta” que forma parte de “una obra de destrucción de nuestra civilización judeocristiana”, según ha denunciado el vicepresidente de la formación de extrema derecha, Louis Aliot, en un comunicado este jueves. “¡Cuándo se va a poner fin a esta caza a nuestros símbolos, nuestras tradiciones y a nuestra historia!”, agrega Aliot.
Paradójicamente, el FN acaba de presentar una propuesta de ley para ampliar otra ley defensora del laicismo, la normativa vigente desde 2004 que prohíbe la exhibición de símbolos religiosos ostensibles en las escuelas e institutos de secundaria. En una iniciativa abiertamente dirigida a impedir que mujeres musulmanas porten el hijab o velo en clase, el partido de Marine Le Pen quiere que esta ley se aplique también en las universidades. En su razonamiento de la propuesta señalan de forma explícita que el origen de la medida está en “la presión ejercida por los discípulos de un islam rigorista que amenaza el orden público y exige una respuesta firme que prohíba los símbolos ostentatorios en todos los establecimientos de enseñanza pública”.
Hace un año, cuando la Federación de Morbihan a favor del libre pensamiento reiteraba su llamamiento a retirar la estatua de Juan Pablo II, la organización laica ya advertía de la importancia de defender el concepto de laicismo de las fuerzas de la extrema derecha que “quieren apropiarse de esa palabra para destilar mejor su veneno xenófobo”.
