Las autoridades polacas han dirigido contras las personas LGBTI una retórica estigmatizadora y nociva y han negado o frustrado los intentos de estas personas por protestar. Así lo ha concluido Amnistía Internacional Polonia en un nuevo informe.
They treated us like criminals: From shrinking space to harassment of LGBTI defenders concluye que las personas LGBTI y sus simpatizantes que han tomado las calles para protestar contra el ataque a sus derechos se han encontrado frecuentemente sin protección ante los ataques verbales y físicos de contramanifestantes homófobos o han tenido que enfrentarse a tácticas policiales de mano dura y procesamientos penales.
“Las autoridades polacas no sólo son responsables de la persistente retórica del odio contra las personas LGBTI, sino también de la falta de protección a estas comunidades frente a las violentas y discriminatorias consecuencias de sus palabras y políticas”, ha manifestado Anna Błaszczak-Banasiak, directora de Amnistía Internacional Polonia.
“Las restricciones ilegales, los requisitos y las duras sanciones impuestos a las personas LGBTI y sus simpatizantes han reducido el espacio para que ejerzan libremente sus derechos humanos y han creado una atmósfera de temor”
Anna Błaszczak-Banasiak, Amnistía Internacional
“Quienes protestan valerosamente sufren ataques de la policía o se encuentran con que no reciben protección frente a los ataques de contramanifestantes, en un país en el que esos ataques ni siquiera están legalmente considerados como crímenes de odio.”
El informe concluye que, en los últimos cinco años, las autoridades han utilizado intencionadamente como arma onerosos y complejos requisitos de notificación para prohibir, limitar o disolver de forma arbitraria y discriminatoria protestas LGBTI.
La situación de las personas LGBTI se deterioró rápidamente después de 2019, cuando se produjo un fuerte incremento de la retórica hostil y estigmatizadora, incluso por parte de altos cargos, contra ellas. Esta situación se vio agravada por la adopción de resoluciones homófobas de los gobiernos locales, conocidas también como “zonas sin personas LGBTI” que, aunque no son legalmente vinculantes, resultan nocivas y alimentan la atmósfera de hostilidad hacia las personas LGBTI que viven en esas regiones.
Las “marchas por la igualdad” pacíficas de Bialystok, Gniezno y Lublin fueron atacadas por violentos contramanifestantes, mientras la policía eludía casi sistemáticamente brindarles protección. En algunos casos, la policía también hizo un uso excesivo de la fuerza contra personas LGBTI y sus simpatizantes durante las protestas.
“No sabemos dónde acabará esta campaña de odio. Hay vehículos con lemas homófobos que recorren las calles impunemente, mientras nuestro colectivo es el que es castigado y sufre. Este largo activismo es lo que ha provocado que hoy día me encuentre en tan mal estado”, dijo Jacek, veterano activista y organizador de las Marchas por la Igualdad, a Amnistía Internacional.
La situación resulta especialmente peligrosa para quienes defienden los derechos de las personas LGBTI y se oponen abiertamente a la homofobia, la bifobia y la transfobia sistémicas en Polonia, ya que sufren múltiples represalias, incluidos cargos penales. Los procesamientos han dado lugar a agotadores y costosos juicios que limitan la participación de los y las activistas en un espacio de la sociedad civil que ya se está reduciendo.
“El gobierno polaco debe actuar ya mismo para dar la vuelta a esta deplorable situación”, ha manifestado Anna Błaszczak-Banasiak.
“En lugar de atacar a las personas LGBTI y a quienes defienden los derechos, las autoridades deben respetar, proteger y promover los derechos de estas personas y actuar urgentemente para garantizar que se pone fin a toda discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, o presunta orientación sexual e identidad de género”.
Información complementaria
Amnistía Internacional ha hecho sonar reiteradamente las alarmas sobre las acciones de las autoridades polacas, que han reducido el espacio de la sociedad civil en todo el país, han socavado el Estado de derecho y han atacado los derechos de las mujeres y las personas LGBTI y de quienes las defienden, especialmente en los últimos cinco años.
