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Polémica por la retirada de una Cruz en Castellón: la Justicia frena otra vez al ayuntamiento

La concejala de Cultura en el ayuntamiento de Castellón, Verónica Ruiz (Compromís), consideraba el pasado 26 de julio que ya no había ningún obstáculo para retirar la Cruz del parque Ribalta.

Ese día la concejala afirmó que “basándonos en la legalidad, y teniendo en base al informe de la autoridad competente, que es la Dirección General de Calidad Democrática, el que determina que el monumento es un vestigio de exaltación franquista, y como regidora con las competencias delegadas de Memoria Democrática,  ordeno la retirada del monumento a los caídos del Parque Ribalta”, en el  decreto que dictó para proceder a la retirada de la Cruz del Ribalta.

Ese mismo día 26 de julio también informó que daba traslado de la resolución al área de Obras y Proyectos Urbanos “para que ejecute el proyecto de retirada del monumento y ampliación del parque Ribalta” (en la zona que ocupan  la Cruz  y la escalinata que le acompaña actualmente).

La tercera acción que emprendió Ruiz con su decreto fue la de informar “al área de Patrimonio, para que inicie el procedimiento para la cesión de la cruz latina del monumento» al Obispado de Castellón, cuya cúpula aceptó el ofrecimiento de la concejala, aunque sin concretar dónde llevará a cabo su reubicación.

Doble paralización judicial

De nuevo la Justicia ha paralizado la retirada de la Cruz, basándose en un estudio sobre el estado de su estado de conservación. Y otra vez ha sido por un recurso presentado por Abogados Cristianos.

Religión Confidencial informó el 31 de marzo de 2019 de la primera paralización judicial, llevada a cabo por la jueza de la Sala de lo Contencioso nº 1 de Castellón.

Todo hace pensar que el decreto de Ruiz  – a quien todo el equipo de gobierno delegó las competencias para sacar la Cruz – no prosperará antes de 2022.

La polémica marcará un año pre-electoral

“Ese año 2022  será año preelectoral con todas las connotaciones que implica entrar en ese proceso de preparación de los partidos para captación del voto”, han afirmado a este digital fuentes próximas al proceso.

“Se puede aplazar la ejecución incluso hasta el 17 de enero de 2023 que es cuando expirará la autorización patrimonial después de que el ayuntamiento solicitase una prórroga de dos años”.

“Ahora bien, se situaría en puertas de las elecciones que,  de no haber cambios,  serán en mayo de ese año y los partidos políticos, tanto en el gobierno local como en la oposición, saben que son muchos los votantes con opiniones enfrentadas sobre la decisión municipal, aunque está avalada por la Dirección General de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana”.

“A todas las víctimas de la violencia”

La Cruz se inauguró en 1944, tras la Guerra Civil, en honor a  “los Caídos por Dios y por España». En 1979, la corporación municipal cambió su leyenda por “a todas las víctimas de la violencia», con los votos a favor de PSPV, Partido Comunista y Esquerra Independent, la abstención de UCD y la oposición de Alianza Popular (AP). Es el argumento que sostienen los detractores de la retirada.

En 2017 el ayuntamiento  inició los trámites para ejecutar uno de los acuerdos adoptados en el pacto que permitió gobernar desde 2015 la ciudad a PSPV,  Compromís y CSeM  (Castelló en Moviment) a fin de cumplir la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica.

Tras las elecciones de 2019, se reeditó el tripartito de izquierdas, y la retirada de esta Cruz volvió a ser objetivo prioritario, ante la sorpresa y la división de opiniones de los castellonenses.

Tal como informó Religión Confidencial  el 21 y 24 de septiembre de 2017, la movilización ciudadana logró 17.000 firmas en contra de la retirada de la Cruz. La polémica sigue viva y puede entrar de lleno en el período pre-electoral de las municipales de 2023.

En una encuesta reciente, de julio de 2021, llevada a cabo por El Periódico Mediterráneo, un 52% se manifestaba en contra de la retirada de la Cruz, y un 48% a favor. Los partidos políticos en la oposición – PP, Cs y Vox – se han manifestado reiteradamente en contra de la retirada de la Cruz, alegando que es un símbolo religioso.

“Es un ataque directo a un símbolo de los católicos”

La portavoz del PP en el consistorio castellonense, Begoña Carrasco, ha reclamado “cordura” al tripartito de izquierdas, y que “aparquen su cruzado contra el pasado en la capital, pues la historia ni se puede ni se debe reescribir. No entendemos ni el revanchismo ni el revisionismo histórico, pero solo desde el sectarismo ideológico, que ve fantasmas donde no los hay”.

Carrasco califica como “ataque directo a un símbolo de los católicos de la ciudad de Castellón, porque el monumento está resignificado desde mayo de 1979 y representa a todas las víctimas de la violencia”.

La edil, presidenta del PP de la ciudad, también ha criticado “la espiral de revisionismo sectario” al se ha entregado el equipo de gobierno municipal.

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