Lleva a las Cortes una propuesta de resolución para intentar revertir la inmatriculación del templo románico, registrada hace tres meses por el obispado, y para investigar qué inmuebles se ha anotado la iglesia en la comunidad desde que Aznar reformó la Ley Hipotecaria en 1998
“Se nos ha sustraído una catedral entera con todos sus bienes en su interior” y “entendemos que hay base jurídica para revertir la situación” y que sea reintegrada al dominio público, sostiene el secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique. Su grupo defenderá este jueves en el pleno de las Cortes de Aragón una proposición no de ley para instar al ejecutivo autonómico a “iniciar los procedimientos judiciales necesarios para anular la inscripción registral de la catedral de Jaca por el obispado de Jaca y reclamar la titularidad como bien de dominio público para la ciudadanía aragonesa”.
La catedral de Jaca, un templo románico construido entre 1077 y 1139 que fue declarado monumento nacional en 1931 y bien de interés cultural en 1985, fue inmatriculada a su favor por el Obispado de esa ciudad del Pirineo de Huesca el pasado 9 de junio. Faltaban solo dos semanas para que perdiera su vigencia el artículo de la Ley Hipotecaria que desde 1998 permite a la iglesia católica anotarse la titularidad de inmuebles, tanto de culto como de otros usos, basándose en informes de notarios y altos funcionarios de la propia curia que le atribuyen la posesión.
“Entendemos que los bienes de culto tienen a veces un carácter ciudadano, popular”, sostiene Echenique, que espera que el PSOE, titular del Gobierno autonómico en coalición con Chunta Aragonesista (CHA) y que tiene a Podemos como socio parlamentario de referencia, apoye su iniciativa e, incluso, “ponga en marcha la maquinaria diplomática que puso en marcha cuando legítimamente reclamó la devolución de los bienes de la Franja”.
Titularidad privada tras inversiones por 3,5 millones de dinero público
En el caso de Jaca, señala el líder de Podemos en Aragón, “un bien común ha pasado a manos privadas”. Y lo ha hecho, añadió, después de haber recibido “en las últimas décadas” alrededor de 3,5 millones de euros procedentes del erario público para actuaciones de restauración. “Tiene que volver a ser un bien de dominio público”, añadió la diputada oscense de Podemos Erika Sanz, que destacó que la catedral jaquesa, además de ser un “monumento emblemático del arte románico”, concentra en su Museo Diocesano y de Arte Románico, entre los mismos muros, “un enorme patrimonio” procedente de pueblos del Pirineo.
La inmatriculación de la catedral de Jaca contiene dos peculiaridades que abren la puerta a que las administraciones puedan pleitear para revocarla. Por una parte, el Registro de la Propiedad atribuye el pleno dominio de la finca al obispado, aunque esa situación “no surtirá efecto respecto de terceros en dos años”.
Y, paralelamente, ha solicitado al Ayuntamiento un informe acerca de si el edificio, catalogado como obra nueva por el hecho de haber sido inmatriculado, fue construido “con la preceptiva licencia municipal”. El consistorio debe pronunciarse sobre “la situación urbanística de la finca y las medidas de disciplina que, en su caso, pudiera adoptar, dada la posibilidad de que la obra no se ajuste a la ordenación urbanística”.
Reclaman un inventario de inmuebles inmatriculados
La propuesta de resolución que Podemos lleva a las Cortes de Aragón reclama también al Gobierno autonómico que realice “en el plazo de seis meses un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en Aragón inmatriculados por la iglesia católica desde la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 hasta el mes de marzo de 2015 para atribuirse la propiedad siendo del bien común”.
Los datos que maneja el partido violeta apuntan a la existencia, solo en la comarca de La Jacetania, de una treintena de iglesias, cementerios y ermitas cuya titularidad se ha anotado la iglesia por la vía de la inmatriculación. Fuentes de Podemos localizan esos episodios en pueblos como Villanovilla, Bescós de la Garcipollera, Banaguás, Asieso, Áscara, Ara, Barós, Las Tiesas Bajas, Ulle, Gracionepel, Orante, Binué, Navajilla, Abay, Navasa, Ulle, Novés, Caniás, Jarlata, Lerés, Martillué, Osia, Ipas, Guasa, Espuéndolas, Baraguás, Atarés, Abena, Araguás de Solano y Bernués.
“Pedimos un inventario para saber cuántos bienes han tenido este proceso”, indica Echenique, quien matiza que “inmatricular un bien no es un problema en sí, el problema aquí es que hay un privilegio” que, tras la reforma del reglamento de la Ley Hipotecaria con el primer Gobierno de José María Aznar, “rebaja considerablemente los requisitos solamente a la Iglesia católica”, algo de lo que “no gozan otras entidades religiosas o el común de los ciudadanos”.
“La legalización de un robo indiscriminado”
La derogación de ese precepto hace tres meses y medio, señala la proposición no de ley, “pone fin a este abuso de derecho que ha supuesto la legalización de un robo indiscriminado de bienes, en multitud de casos construidos, restaurados y/o mantenidos con fondos públicos”.
Las inmatriculaciones han generado un debate público en Aragón en los últimos meses, después de que las investigaciones de la entidad Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) revelaran que diferentes instancias eclesiásticas se anotaron a mediados de los años ochenta la titularidad de templos emblemáticos como la catedral de La Seo, la iglesia de La Magdalena o la de San Juan de los Panetes.
Algunas de ellas están cerradas al público o tienen restringidas las visitas después de haber recibido inversiones millonarias con fondos públicos para su restauración. El Ministerio de Fomento tiene previsto invertir el año que viene otros 700.000 euros en La Magdalena.
