DIAGONAL: Tras cuatro años exigiendo la retirada de los símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea, ahora se ejecuta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) que así lo pedía…
FERNANDO PASTOR: El proceso se ha prolongado mucho tiempo por tres factores: la cerrazón de la directora, la de la Junta de Castilla y León, y la falta de una legislación que desarrolle la protección de los derechos fundamentales. Está muy bien que la Constitución lo recoja, pero no hay una ley expresa que desarrolle la aconfesionalidad del Estado y su neutralidad. Con la vista puesta en el futuro esperamos que sirva para avanzar hacia un Estado laico y que pueda cundir el ejemplo en otros colegios y también en otros sectores. Poco a poco vamos ganando las batallas, esperemos que el recurso de la Junta sea desestimado.
D.: ¿Cuáles han sido los impedimentos que han puesto la Junta y la dirección del centro?
F.P.: La Junta nos ha dado muchas largas, intentando perdernos en cuestiones formales. Por ejemplo, no contestaba en plazo los recursos de alzada, esperaba a que iniciáramos la vía contenciosa por silencio administrativo, y entonces sí contestaba para poder decir que no había habido silencio administrativo. Otra excusa que han utilizado es derivar las competencias a los consejos escolares. Y así seguimos, porque el recurso actual se basa en esto, que la decisión debe recaer en el centro, pero como el Consejo Escolar no puede imprimir ningún tipo de ideología al centro alegan que los crucifijos no tienen un genuino significado religioso, con lo cual incurren en una gran falta de respeto hacia su propio símbolo. Al principio intentaron catalogarlos de mobiliario, como vieron que se equivocaban recurrieron a que tenía un significado cultural. Por otra parte, la directora piensa que el colegio es su cortijo y ha incitado al Consejo a tomar decisiones ilegales y vulneradoras de derechos, como ha demostrado la resolución judicial. No debemos olvidar que en Castilla y León, ella y otros 300 directores están de forma ilegal. Al aprobarse la LOE se quería dar más participación a la comunidad escolar en la selección de la dirección, por lo que, al acabar su anterior mandato, se podría prorrogar solamente durante un año para poder aplicar la nueva normativa. Pero la Junta lo prorrogó cuatro años, en un intento de saltársela y, en octubre de 2008, el TSJCL afirmaba que eso era ilegal.
D.: ¿Qué reacciones se han vivido en el colegio tras la retirada?
F.P.: Tras la sentencia hubo mucha crispación, pero se fue diluyendo poco a poco. Ahora es muy diferente porque ha coincidido con las vacaciones. Hay mucha gente que nos apoya, pero no hacen ruido, sin embargo los que se oponen han hecho muchísimo. Es una minoría de fundamentalistas, instigados por la propia directora.
D.: ¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno de Castilla y León ante la retirada de los crucifijos?
F.P.: Sus portavoces han hecho declaraciones a la prensa reconociendo que sabían que la sentencia era ejecutable aunque se recurriera (lo que la ley llama recurrible en un solo efecto), por ser un procedimiento de protección de derechos fundamentales. Sin embargo, en el recurso solicitaban que no se ejecutara, lo que dice mucho de sus intenciones y de su coherencia.
D.: ¿Y el Ministerio?
F.P.: Primero mandamos un dossier a la ministra San Segundo, pero ni nos contestó. Les pilló en la época de su sustitución. Por su parte, Mercedes Cabrera lo primero que dijo fue que no quería intervenir porque era un tema judicial (como si la defensa de los derechos de los ciudadanos no le incumbiese). Tras la sentencia, dio un paso más y dijo que lo que dijeran los consejos escolares, lo que incluso ha utilizado la Junta en su recurso. Cabrera, aunque luego quiso rectificar, le ha hecho el juego a la Junta y al PP. Ya sabemos que el PSOE muchas veces dice pero no hace, Cabrera en este caso ni siquiera dice.
Retirados cuatro meses después, pero ¿volverán?
A finales de noviembre de 2008, un juzgado de Valladolid obligaba al colegio público Macías Picavea a retirar los símbolos religiosos de sus aulas y zonas comunes. Para ello ha sido “necesario un auto judicial obligando al colegio a ejecutar la sentencia de forma inmediata y a notificar al juzgado en el plazo máximo de diez días” su cumplimiento, como explicaba la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) tras la retirada de los crucifijos. El citado auto judicial indica que “la significación religiosa de estos símbolos queda fuera de toda duda”, ya que la Consejería de Educación pretendía despojarlos de su significado religioso y hacerlos pasar por meros símbolos culturales. Además, la sentencia recordaba lo que ahora se cumple: “La apología de una determinada fe religiosa en el sistema público de enseñanza pugna con el pluralismo y la libertad religiosa que proclama la Constitución”.
Aunque la retirada o no todavía no es definitiva, “debido al recurso contra la sentencia interpuesto por la Junta de Castilla y León, que, pese a tener derecho a recurrir las sentencias judiciales que le sean adversas, con ello evade otro precepto constitucional que indica que es precisamente a los poderes públicos a los que corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sea efectiva”, explica la ACEL.
