El abogado de víctimas del franquismo, Eduardo Ranz, solicita la retirada de los mármoles donde se afirma que «dieron su vida por Cristo en la persecución religiosa 1936 – 1939»
Eduardo Ranz, abogado de víctimas del franquismo, ha presentado este martes peticiones a ocho municipios de España para que cambien su nombre y a veinte arzobispados y obispados, entre ellos el Obispado de Córdoba, para que retiren simbologías franquistas en aplicación de la recientemente aprobada ley de memoria democrática. En 2015, colectivos de víctimas del franquismo ya reclamaron la retirada de estos símbolos.
Así, en un escrito al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, Ranz solicita al Obispado de Córdoba la retirada inmediata de simbología de la Guerra Civil y la dictadura del territorio diocesano y «adopte las medidas de restablecimiento de la legalidad, todo ello de conformidad con lo establecido en la socialista ley de Memoria Democrática, además de las oportunas medidas que se destinen para reparar el daño causado, presente y futuro, en aras de evitar innecesarias reclamaciones judiciales, o informaciones al Romano Pontífice».
En concreto, en su escrito el letrado dice que actualmente en el territorio diocesano del Obispado de Córdoba se pueden observar en el interior de la Mezquita – Catedral de Córdoba se observan dos placas en las que se afirma que «Dieron su vida por Cristo en la persecución religiosa 1936 – 1939». Por otro lado, en la ciudad, dice el escrito, se observa una Cruz de los Caídos, de la que también piden su retirada.
Asimismo, Eduardo Ranz recuerda al obispado de Córdoba que existe un precedente de retirada de placa en Iglesia parroquial, en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro en Aspe (Alicante), donde se retiró la placa que contenía las palabras “José Antonio”, nombre del fundador de la Falange Española.
En su carta, el abogado recuerda los artículos de la nueva ley que infringirían sendos símbolos y recuerda las sanciones a las que está expuesto el Obispado de Córdoba por incumplimiento de las mismas, y que oscilan en multas de entre 2.001 y 10.000 euros, en concepto de restablecimiento de la legalidad. Asimismo expone que con la permisividad o inacción del Obispado, se produce «una manifiesta vulneración de las obligaciones y derechos de todos los fieles, concretamente el canon 208. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción. A su vez, entiendo vulnerado el canon 768§ 2. Enseñen asimismo a los fieles la doctrina que propone el magisterio de la Iglesia sobre la dignidad y libertad de la persona humana».
