La iniciativa del senador Américo Villarreal Anaya para modificar el artículo 3°, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el anuncio de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que las iglesias sean concesionarias de radio y televisión, han puesto sobre la mesa el tema de la laicidad y de la separación del Estado y las Iglesias.
La educación laica, ajena a dogmatismos religiosos y basada en el progreso de la ciencia, sin servidumbres ni fanatismos, es un legado que debe ser preservado más allá de las insistentes exigencias de grupos clericales y conservadores que nunca han estado de acuerdo con este importante legado juarista, cuyos orígenes se remontan a la Ley Orgánica de Instrucción, decretada por el Benemérito de las Américas en 1867. La ley antes mencionada “reorganiza el sistema educativo bajo un régimen laico y conserva su carácter gratuito y obligatorio”, nos dicen Rebeca Barriga Villanueva y Pedro Martín Butragueño, autores del libro Historia sociolingüística de México, Volumen 2 (El Colegio de México, 2010).
Es evidente que la iniciativa del senador Villarreal Anaya pone en riesgo la educación laica, pues intenta que el Estado cuente “con un Consejo Federal para el Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad”, Este Consejo, según palabras del legislador morenista, promoverá entre la población la cartilla moral, “comenzando por los destinatarios de programas sociales del gobierno”. Y añade: “este será el primer paso (obsérvese, no el único) para comenzar una reflexión nacional sobre los principios y valores que contribuyan a la unidad entre los mexicanos y a una convivencia pacífica, respetuosa de la pluralidad y la diversidad”.
La anterior iniciativa, así como el tema de la Constitución Moral y la exigencia de concesiones de radio y televisión para las asociaciones religiosas por parte de algunos grupos evangélicos, han hecho que los defensores del Estado laico levanten la voz para exigir respeto a nuestra Carta Magna y a los principios de laicidad y de separación del Estado y las iglesias que en ella han sido plasmados.
Se defiende así conquistas históricas que los mexicanos en su conjunto tenemos el deber de preservar, si es que queremos conservar el cúmulo de libertades que emanan del Estado laico, la única organización política que hace posible que los mexicanos convivamos pacífica y armónicamente, a pesar de nuestras diferencias en materia de creencias religiosas.
Opuesto al Estado confesional, que tuvo vigencia en las tres centurias del virreinato y en las primeras décadas del México independiente, el Estado laico no establece ninguna religión oficial como lo hizo el Estado confesional antes de que Benito Juárez creara el Estado secular, que tiene su base en el principio histórico de separación del Estado y las iglesias.
Los anteriores principios, que son parte esencial de nuestra democracia y de nuestras libertades fundamentales, deben ser fortalecidos siempre, pero en ningún momento debilitados. Si alguien los amenaza o va en contra de ellos, estamos obligados a defenderlos con la fuerza de la razón y con argumentos jurídicos, teniendo presente que dichas conquistas merecen ser debidamente preservadas, pues su consecución fue con sangre y fuego.
El proyecto que intenta moralizar a la sociedad a través de una Constitución Moral y desde las televisoras y radiodifusoras, es a todas luces violatorio del Estado laico, más allá de que dicho proyecto tenga el propósito de combatir la inmoralidad actual que, según algunas voces, es la causante de los elevados índices de criminalidad y violencia que aquejan a los mexicanos.
No podemos ni debemos permitir que nuestro país experimente un retroceso de esta magnitud, y que vuelva a los siglos en los que la Iglesia católica, de la mano de constituciones intolerantes y de gobernantes comprometidos con el catolicismo, impuso sin contrapeso alguno su visión moral y religiosa a los mexicanos, sumiendo al pueblo de México en el atraso educativo, sin libertades como las que hoy tenemos, las cuales nos permiten escoger la religión que queramos, o bien, ninguna; y que cualquier decisión al respecto sea respetada por todos, comenzando por nuestros gobernantes.
Ya lo dijo el jurista, investigador jurídico y académico mexicano, Miguel Carbonell Sánchez, y en este espacio de opinión lo repito: el problema de México no es la inmoralidad sino la impunidad, es decir la falta de aplicación de la ley, un tema del que deberían ocuparse las autoridades de gobierno, esas que, al asumir sus cargos públicos, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. El tema de la moral y la religión deben dejárselo a las iglesias y a las familias. ¿No cree usted?
Armando Maya Castro
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