En el artículo de La Excepción Los papas y la pederastia, de febrero de 2014, se explica cómo la Iglesia Católica Romana (ICR) ha tejido la red más amplia que se haya construido para el encubrimiento de la pederastia. Ya Juan XXIII estableció medidas para manejar los abusos de los clérigos de manera secreta. Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger (posteriormente papa Benedicto XVI) establecieron mecanismos para que los casos de pederastia fueran remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyas “penas” eran muy leves, pero sistemáticamente se procuraba afrontar los casos sólo de forma interna y secreta, evitando por todos los medios que las denuncias llegaran a los tribunales. Con el tiempo, la organización y presión de las víctimas han ido consiguiendo indemnizaciones económicas para evitar procesos judiciales, pero la impunidad de los pederastas y sus encubridores ha sido la nota dominante.
Como explica Miguel Hurtado, portavoz de la Red de Supervivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), en el año 2001 el cardenal Darío Castrillón Hoyos, prefecto para la Congregación del Clero, felicitó al obispo francés Pierre Pican por no haber denunciado a la policía a uno de sus sacerdotes condenado por abusar de once menores. «Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un compañero en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los obispos del mundo, habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote». Una copia de esta carta fue enviada a todos los obispos del mundo, reforzándose así el modelo secretista (El País, 4.12.14). Según explicó el propio Castrillón, la carta obtuvo el apoyo de Juan Pablo II (Religión en Libertad [ReL], 17.4.10). Castrillón recibió una leve condena por encubrimiento, pero siguió y sigue siendo cardenal.
Algunos denominan a Benedicto XVI “el barrendero de Dios” por haber pretendido eliminar la pederastia en su iglesia, pero en realidad fue todo lo contrario. Ratzingerllegó al poder papal en 2005 pero, como explica Hurtado, «solo en 2010 el Vaticano se comprometió públicamente a que en el futuro, cuando la ley del país obligara a denunciar los abusos sexuales a las autoridades civiles, los obispos cumplirían la ley como lo hacemos los simples mortales. No mencionó qué pasaría si la ley no les obligara a dar tal paso» (El País, 4.12.14).
Sólo el conocimiento público de los escándalos obligó a Benedicto XVI a ir tomando medidas, en general tan “contundentes” como “condenar” a una “vida de oración y penitencia” a abusadores a los que él y Juan Pablo II habían encubierto durante décadas, como Marcial Maciel. Benedicto XVI obtuvo inmunidad por parte de los gobiernos de G. W. Bush y B. Obama para evitar que tuviera que declarar en un tribunal como responsable máximo de su iglesia.
En 2014 el Comité de la Convención de Derechos del Niño de la ONU pidió explicaciones a representantes del Vaticano, y concluyó que este estado no respeta tales derechos. Lo cual es comprensible cuando la ICR tiene un sistema “legal” propio, el derecho canónico, que se yuxtapone a las legislaciones civiles, impidiendo una adecuada aplicación de estas (ver Los papas y la pederastia).
Algunos consideran que los papas hacen lo que pueden, en función de una compleja normativa canónica. Pero lo cierto es que en otras ocasiones actúan con contundencia y rapidez: «En 2009, una monja llamada Margaret McBride formaba parte del comité de un hospital de San Diego que tenía que decidir el caso de una mujer embarazada cuyos médicos creían que ella (y su feto) morirían si no interrumpían su embarazo. El comité votó por permitir un aborto, y se salvó la vida de la mujer. Casi inmediatamente, el obispo de McBride informó a la monja de su excomunión. Hicieron falta muchas décadas y miles de casos de conductas depredadoras para que se empezara a expulsar a curas del sacerdocio, pero no más de veinticuatro horas para excomulgar a una monja que trató de salvar una vida humana. En 2011, también bajo el papa Benedicto, el Vaticano levantó la excomunión de McBride» (The New Yorker, 14.1.16).
Avances
Los escándalos son tan abrumadoramente numerosos, prolongados en el tiempo y extendidos por todo el mundo, que la presión de las víctimas y de los medios han ido consiguiendo algunos avances en la gestión de la pederastia por parte del Vaticano.
Como reconoce el Comité de la Convención contra la Tortura de la ONU, entre el 2004 y el 2013 (año de acceso de Bergoglio al trono papal) fueron expulsados 848 sacerdotes, y la jerarquía ha puesto en marcha reformas serias y sustanciales de sus procedimientos para abordar el problema (Zenit, 23.5.14). Además, parece ser que se han tomado medidas en los seminarios para formar adecuadamente a los futuros sacerdotes, consiguiendo una fuerte disminución de los casos de abusos con menores (10.5.14). En los últimos años se ha continuado con las expulsiones de pederastas del sacerdocio, en ocasiones adelantándose a la justicia (Religión Digital [RD], 13.2.14). Fue muy sonada la inhabilitación del ex nuncio papal Jozef Wesolowski (La Razón, 27.6.14).
Por otro lado, Francisco instituyó la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, un organismo del que forma parte Marie Collins, quien sufrió los abusos sexuales de un sacerdote cuando era niña (Zenit, 22.3.14). También se ha creado una comisión de siete obispos o cardenales para que examinen rápidamente los casos de abusos (RD, 11.11.14; aunque cabe preguntarse si quienes más adecuadamente van a juzgar a clérigos son precisamente otros clérigos…).
Bergoglio ha expresado numerosas veces sus propósitos de seguir una política de tolerancia cero y se ha reunido con víctimas de abusos sexuales en diferentes ocasiones. Al considerar que las estadísticas hablan de un 2% de clérigos culpables, ha llegado a señalar muy alto en la jerarquía a la hora de evaluar el problema: «Lo considero gravísimo. Este 2% de pederastas son incluso obispos y cardenales. Además, otros conocen estos casos y callan. Encuentro esta situación insostenible y mi intención es afrontarla con la severidad que requiere» (Protestante Digital, 13.7.14).
Una sangrante realidad
Ahora bien, ¿hasta dónde llegan esos avances?
Aparte de los 848 sacerdotes que fueron separados de sus funciones entre 2004 y 2013, según el propio Vaticano «2.572 clérigos que cometieron abusos fueron sancionados» (Zenit, 23.5.14). Si estos abusadores no fueron expulsados, ¿qué sanción se les ha aplicado? ¿Siguen ejerciendo como sacerdotes?
«En 2010, el entonces fiscal de la Congregación para la doctrina de la Fe, el maltés Charles J. Scicluna, asumió públicamente que sólo el 40% de los sacerdotes denunciados por abusos a menores era sometido a un proceso canónico y que al otro 60% restante se le dispensaba “por motivos de edad”» (Público, 15.2.15).
En 2014 Francisco declaró: «Los casos de abusos son tremendos porque dejan heridas profundísimas. Benedicto XVI fue muy valiente y abrió el camino. Y siguiendo ese camino la Iglesia avanzó mucho. Tal vez más que nadie. Las estadísticas sobre el fenómeno de la violencia contra los chicos son impresionantes, pero muestran también con claridad que la gran mayoría de los abusos provienen del entorno familiar y de la gente cercana. La Iglesia Católica es tal vez la única institución pública que se movió con transparencia y responsabilidad. Ningún otro hizo tanto. Y, sin embargo, la Iglesia es la única en ser atacada» (entrevista a Il Corriere della Sera, en LoMásRC, 5.3.14).
Bergoglio asumía así los clásicos argumentos exculpatorios, o minimizadores, “olvidando” que no se pueden comparar los abusos en el entorno familiar, donde las responsabilidades son individuales o de una familia, con toda una red jerárquica de prácticas abusivas y de encubrimiento de las mismas como la que la ICR y el papado han mantenido durante siglos. Si los medios se centran en esta institución se debe a su propia naturaleza organizativa, y también al hecho sangrante de que siempre ha mantenido un discurso y unas normas muy exigentes en materia sexual y reproductiva, incluso presionando a los estados para que legislen según la doctrina oficial católica, mientras en su seno se practicaban impunemente abominaciones contra los más débiles.
Bergoglio también exculpa a los dos papas anteriores, distorsionando la historia, al decir respecto al caso de Marcial Maciel: «Quiero dejar muy claro que el entonces cardenal Ratzinger y Juan Pablo II eran conscientes y dijeron: adelante. Uno, en la investigación. Y el otro dando luz verde» (Público, 13.2.15). Ya hemos visto que la realidad fue la contraria: lo encubrieron hasta que el escándalo fue tan gigantesco que no quedó más remedio que tomar medidas.
En 2007 Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, declaró: «Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de trece años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece» (El País, 27.12.07). Hoy en día Francisco lo mantiene como obispo, y no consta que se hayan tomado medidas hacia él por semejante justificación de la pederastia. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, ningún obispo ha dimitido en España por encubrir la pederastia, ni ha sido forzado a dimitir por el papa.
En 2014 el arzobispo estadounidense Robert Carlson declaró en un juicio no estar seguro de si sabía en los años 80 que la pederastia «se trataba de un crimen o no». Pero él mismo «firmó en 1984 un memorando en el que se discutía la ley de prescripción para las demandas relacionadas con acusaciones de abusos sexuales», lo cual contradice su testimonio (RT, 12.6.14). Sigue siendo arzobispo.
«La responsabilidad del Vaticano en los casos de pederastia no se limita a su territorio y abarca los abusos cometidos en terceros países siempre y cuando la Santa Sede “ejerza efectivo control” sobre el perpetrador, concluyó hoy el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura. La interpretación del Vaticano de que carece de jurisdicción penal y de responsabilidad por los delitos cometidos por sus sacerdotes en terceros países “no es congruente” con la Convención Internacional sobre Prevención de la Tortura, de la que forma parte, concluyó el Comité» (La Información, 23.5.14).
Las típicas distorsiones de los medios de comunicación en torno a las palabras papales también favorecen a Francisco en este punto. Según la agencia vaticana Zenit (Zenit, 4.7.14), Francisco declaró al director de La Repubblica: “Usaré el bastón contra los curas pedófilos”. Pero luego resulta que sus palabras no se referían a la pederastia, sino que fueron: «Jesús amaba a todos, incluso a los pecadores a quienes quería redimir mediante el perdón y la misericordia, pero cuando usaba el bastón, lo empuñaba para sacudirle al demonio que se había apoderado de esa alma» (ReL, 1.7.14).
Normativa centrada en el agresor, no en las víctimas
La clave de la actitud de la jerarquía ante la pederastia está en si se desea hacer justicia real a las víctimas o no. Y la justicia sólo la pueden aplicar tribunales civiles e independientes. Hasta ahora hay muchos casos en los que, cuando hay indicios de delito, el papa (parte interesada, no lo olvidemos) inicia una investigación, pero no hay denuncia a las autoridades (un ejemplo en Paraguay).
En un reciente curso de formación para nuevos obispos sobre prevención de la pederastia, el cardenal Oullet invitó al sacerdote y psicólogo Tony Anatrella, consultor de organismos papales sobre la familia. Anatrella ofreció un enfoque basado puramente en el código canónico, y defendió que los obispos no tienen el deber de informar a la policía de los casos de abusos, y que esa es una decisión que deben tomar exclusivamente las familias (Crux, 7.2.16). Afortunadamente, días después la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores publicaba un comunicado estableciendo la obligación de denunciar cualquier sospecha de abuso sexual a las autoridades civiles (Zenit, 15.2.16).
El Vaticano ha dictado unas normas generales de aplicación ante los casos de pederastia, que la jerarquía de cada país ha adaptado posteriormente. La Conferencia Episcopal Italiana (CCI), sobre la que Francisco ejerce una autoridad completa, aprobó unas reglas de conducta que determinan que los obispos no están obligados a informar a las autoridades ante la sospecha de abusos, pero que tienen una “obligación moral” de actuar para proteger a los más vulnerables y “contribuir al bien común”. «El Vaticano exige que las leyes nacionales sean respetadas y sabemos que ese tipo de obligación (de informar sobre abusos) no existe bajo la ley italiana», declaró el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la CCI (RD, 29.3.14). Esta decisión fue criticada entre otros por la organización estadounidense SNAP que deploró «la increíble, deprimente e irresponsable contradicción entre lo que dicen los responsables del Vaticano sobre los abusos, y lo que hacen». “Los responsables del Vaticano”… es decir, el papa. ¿Por qué nadie lo dice explícitamente?
La Conferencia Episcopal Española ha enviado a todos los obispos un protocolo de actuación preceptivo ante abusos basado en las normas del Vaticano. Contienepuntos positivos que contradicen la práctica que ha sido habitual hasta ahora: por ejemplo, aparte de la investigación interna que pueda hacer la iglesia, la jerarquía debe invitar a las familias afectadas a presentar las correspondientes denuncias ante la policía o los juzgados. Y aunque contempla que los clérigos no pueden ser requeridos a violar el secreto de confesión, también se establece que «la Autoridad eclesiástica, sacerdote o religioso que tenga conocimiento de hechos que revisten los caracteres de delito contra la libertad sexual, tiene la obligación de denunciar la próxima o actual comisión de un delito, sin que sea un obstáculo el haber tenido noticia de ello con motivo o con ocasión de la dirección espiritual o confidencia del propio interesado».
Ahora bien, hay algunos aspectos inquietantes. El punto 5 establece: «Ante una situación de riesgo en el trato con menores, se destinará al clérigo, religioso, etc., afectado, a una labor pastoral exclusivamente con personas mayores u otra que se considere adecuada». La pregunta obvia es: ¿Cómo se detecta ese “riesgo”? Porque si la persona ha mostrado conductas abusivas, no se trata de “riesgo”, sino de delito; y si no ha habido ese tipo de conductas, ¿qué indicadores apuntan a que el clérigo puede llegar a abusar? ¿Y basta un cambio de destino para evitarlo?
El punto 10 dice: «Si la conducta denunciada se refiere a hechos ocurridos hace años y, por tanto, se consideran prescritos los presuntos delitos, tanto civil como canónicamente, sin perjuicio de concluir el oportuno expediente canónico, la Autoridad eclesiástica adoptará las medidas pastorales que procedan, en interés general de la Iglesia». Ya sabemos que hasta ahora ese “interés general” ha sido que no trascienda una mala imagen de “la Iglesia”, y nunca hacer justicia pensando en las víctimas. En realidad todo el protocolo está más centrado en el agresor (clérigo) que en la víctima (fiel). Y, como señala la experta Gema Varona, «se orienta más en cómo evitar la corresponsabilidad civil subsidiaria de la Iglesia que en proteger a las víctimas». Considera que en España «el contexto social favorece que las víctimas no se sientan apoyadas. No hay reconocimiento del sufrimiento» (RD, 17.7.15).
Causas profundas
La pederastia es un crimen que, por supuesto, no sólo está presente en la Iglesia Católica Romana; dejando aparte los ámbitos familiares, su práctica y su encubrimiento institucional se ha constatado en muchas otras iglesias, organizaciones juveniles, clubes, etcétera. Pero si los escándalos mediáticos se han centrado en la ICR no se debe a que haya un ensañamiento especial hacia esa iglesia concreta, sino a otros factores: en primer lugar, es la confesión cristiana más grande del mundo, por lo que incluso si los porcentajes de incidencia fueran similares a los de otras iglesias, el volumen de casos también será el mayor; en segundo lugar, al tener una organización ultrajerárquica, los casos locales rápidamente se convierten en regionales y mundiales (de ahí que todos los papas hayan estado en última instancia implicados en su ocultamiento); en tercer lugar, el carácter sagrado otorgado oficialmente a los clérigos católicos (perfectamente reflejado en Spotlight, y derivado del clericalismo inherente a esta organización) favorece la “justificación” del abuso y la neutralización de las víctimas.
Finalmente, hay al menos tres aspectos estructurales del catolicismo romano que determinan que la solución a la pederastia, por muchas medidas que se tomen, resulta complicada en esta iglesia:
1. El celibato de los sacerdotes, una prohibición que contribuye por partida doble a la pederastia: por la contraproducente represión sexual que propicia e, indirectamente, por la tendencia al encubrimiento que facilita, como también se muestra en Spotlight.
2. El sacramento de la confesión: No cabe duda de que muchos de los miles y miles de sacerdotes que han cometido abusos a lo largo de la historia (pues no pensemos que este es un mal reciente), por no decir la mayoría de ellos, en algún momento han sentido cargo de conciencia por lo que hacían, y han acudido al procedimiento que su iglesia establece para ello: la confesión. Bien es sabido que, según el Catecismo de la ICR, para que este sacramento resulte eficaz deben darse varias condiciones, entre ellas la reparación del daño causado. Pero ¿cómo reparar el daño a un niño que ha sufrido abusos? Aquí entra en funcionamiento otro aspecto.
3. El derecho canónico: Si un criminal ha cometido un daño físico a alguien, no le cabrá duda de que la reparación del dolor causado pasa como mínimo por entregarse a la justicia para cumplir la pena correspondiente. Pero resulta que la ICR tiene un sistema propio de “justicia”, al que incluso se denomina “derecho”: el derecho canónico, un gran conjunto de reglamentaciones que no sólo afectan a la organización institucional, sino que comportan la existencia de tribunales (como el famoso de la Rota para asuntos matrimoniales), juicios, sentencias… Todo un sistema absolutamente contrario al evangelio y al modelo bíblico de iglesia. Durante siglos, cuando los clérigos cometían crímenes y acababan reconociéndolo o eran descubiertos, la ICR ha exigido a las autoridades civiles poder juzgar a estos crímenes según su “justicia”, anulando por tanto la justicia civil para estos estamentos. Esta concepción está tan incrustada en la naturaleza de la ICR, que no cabe duda de que muchísimos de los clérigos que han abusado de niños, al pedir la absolución “a Dios” a través del confesor y al someterse a la vez a la “justicia eclesiástica”, han entendido que ya estaban cumpliendo con su deber moral de “reparación”. Ello, unido a la práctica sistemática de ocultamiento por parte de la jerarquía (para no dañar la imagen de la iglesia, para no provocar escándalo, para mantener el control de sus clérigos y fieles…), ha determinado que el problema de la pederastia se haya convertido en un asunto gigantesco en el tiempo y en el espacio.
Sin duda, hay cosas que, por la fuerza de los hechos y porque parte de los propios fieles católicos han superado en estos asuntos el clericalismo de otros tiempos, ahora están cambiando. Pero es significativo que al menos la segunda y la tercera de estas raíces del problema no sólo no han cambiado, sino que jamás cambiarán, porque pertenecen a la naturaleza más profunda del catolicismo romano. De hecho, el papa Francisco, al que tantos ven como un gran reformista (¡incluso “revolucionario”!), precisamente está potenciando mucho estos dos aspectos: el sacramento de la confesión (ver La verdadera y la falsa misericordia) y elderecho canónico como solución institucional para muchos problemas, incluida la crisis de la institución del matrimonio (ver La comunión de los divorciados). Puede haber un nuevo lenguaje en estos asuntos, pero el fondo de la cuestión sigue y seguirá incólume. En cuanto al celibato, lo previsible es que como mucho se apruebe algún cambio menor (ver Francisco (V): La mujer en la iglesia y el celibato).
A estas alturas está claro que en cuanto a hacer justicia a las víctimas de la pederastia de las últimas décadas, el papado apenas va a avanzar. En lo que atañe aprevención, parece que hay avances y esperemos que cada vez sea más difícil que se produzcan abusos generalizados en la ICR. Pero no hay que olvidar que las raíces teológicas e institucionales del problema siguen y seguirán intactas.
