El organismo dependiente de Presidencia se escudó, en su recurso contra la liquidación girada por el consistorio de San Lorenzo de El Escorial en 2016, en el Acuerdo del Estado español con el Vaticano
Patrimonio Nacional explica a infoLibre que, tras interponer su recurso contra la factura del IBI, el ayuntamiento no hizo ningún otro intento por cobrar el impuesto
La alcaldesa se niega a explicar por qué renunció a cobrar el IBI: «Toda la información relativa a los tributos es información especialmente protegida»
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el municipio en el que se encuentra enclavado el Valle de los Caídos, ha desistido en su intento de cobrar el IBI por la denominada Basílica de la Santa Cruz de Cuelgamuros, el lugar en el que se encuentran enterrados los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. El Gobierno municipal, en manos de un tripartito de izquierdas desde las últimas elecciones locales –Vecinos por San Lorenzo de El Escorial (VXSLE), PSOE y En Común San Lorenzo–, ha decidido no dar finalmente batalla para cobrar la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que el consistorio giró hace un par de años por el recinto de culto, una factura que se recurrió inmediatamente desde Patrimonio Nacional, según han asegurado a infoLibre fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.
El ayuntamiento del municipio madrileño envió en 2016 al menos tres facturas relacionadas con el cobro de impuestos en el Valle de los Caídos, según consta en la memoria de ese ejercicio elaborada por Patrimonio Nacional, el organismo que controla la práctica totalidad del complejo monumental. Dos de ellas guardaban relación con la tasa municipal de recogida de basuras de un par de casas forestales ubicadas en Cuelgamuros. La tercera, reclamaba el cobro por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la Basílica de la Santa Cruz, propiedad de la Iglesia Católica y que desde los años cincuenta está custodiada por el grupo de monjes que residen en la Abadía Benedictina. Todas estas facturas fueron recurridas ante el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por Patrimonio Nacional.
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La inexistencia, en gran parte de localidades españolas, de un censo que contabilice los bienes inmuebles de la Iglesia católica dificulta las estimaciones referentes a la cantidad que se deja de ingresar a causa de las exenciones eclesiásticas. En su informe de 2016, la organización Europa Laica indicaba que “como consecuencia de exenciones de impuestos las diferentes administraciones del Estado (central, autonómico y municipal) dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros, cálculo aproximado, debido a la opacidad de los bienes de la Iglesia católica”. Concretamente, continuaban, “sólo del IBI (rústico y urbano) las administraciones locales pueden estar dejando de ingresar una cantidad cercana a los 700 millones de euros”. Contemplan, en dicho cómputo, a todos los inmuebles y suelo, sean destinados a culto o no.
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