La defensa que el Papa hizo durante su recién terminada gira latinoamericana del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir casos de pederastia, constituye un desafortunado paso en falso en la política iniciada por Benedicto XVI de combatir los casos de abusos sexuales y pederastia en la Iglesia católica.
Francisco desechó con un despectivo “el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar” las protestas de víctimas de abusos que exigen que Roma tome medidas contra el obispo.
El escándalo Karadima está en el centro de esta polémica. Se trata de un caso de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima en los años ochenta y noventa. Varias víctimas escribieron en su momento al arzobispo de Santiago denunciando los hechos, pero la carta fue destruida por el secretario personal del prelado, que no era otro que Barros. Además, viajó a Roma para desacreditar a las víctimas cuando las noticias de lo que estaba pasando llegaron al Vaticano. Este investigó los hechos, declaró culpable a Karadima y ordenó su retiro.
Con sus palabras, en lugar de confortar a las víctimas, Francisco puso en duda que las numerosas pruebas sobre el caso sean válidas. Peor aún, se colocó del lado de quienes consideran que las víctimas deben probar su inocencia. Lógicamente las críticas no tardaron en llegar incluso desde la propia jerarquía. Sean O’Malley, actual arzobispo de Boston —diócesis devastada por los casos de pederastia— declaró en público que las palabras de Francisco son “una fuente de gran dolor para los supervivientes de abusos sexuales”.
En una inusual disculpa, el Pontífice pidió perdón por las palabras elegidas. Francisco, dado a las declaraciones espontáneas, debería ser más cuidadoso en algunos asuntos. Y, como siguen reclamando las víctimas, no solo disculparse, sino actuar.
Editorial de El País
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