El conseller de Educación, Vicent Marzà, con el libro ‘Facha’ en su escaño de las Cortes durante una intervención de Vox.
Fcapa exige que se informe previamente a las familias para que autoricen talleres según sus «convicciones». El conseller niega el amparo constitucional a la concertada y plantea un «frente común contra el odio»
Vox llevó recientemente a las Cortes Valencianas su propuesta para que la Conselleria de Educación aplique en los colegios el llamado (y polémico) pin parental. El objetivo, obligar a los centros a pedir el consentimiento expreso de los padres o tutores de un niño para «cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos», en palabras de Vox. En su punto de mira estaban, por ejemplo, los talleres de educación sexual o las charlas a favor de los derechos LGTBi. Ahora es la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) la que hace suya esta propuesta para reclamarla formalmente a la Conselleria.
Eso sí, sin hacer referencia expresa al concepto de pin parental que, en la práctica, busca posibilitar el veto paterno a las actividades escolares, algo que ha soliviantado especialmente a la escuela pública. En un escrito remitido a la Conselleria, el portavoz de Fcapa, Vicente Morro, insta al conseller Vicent Marzà a regular un sistema que permita a las familias tener la última palabra sobre lo que sus hijos aprendan en los centros, bajo la premisa de que puede haber «adoctrinamiento ideológico».
Según Fcapa, «es necesario, con carácter previo a cualquier intervención o presencia en las aulas» de «colectivos, organizaciones, empresas, instituciones o personas ajenas a los mismos», que se informe «siempre exhaustivamente y con antelación suficiente» a los padres y madres de los contenidos de dichas actividades. Se pretende así «que las familias puedan valorar adecuadamente la conveniencia de la posible participación de sus hijos en este tipo de actividades, autorizándola expresamente, en su caso».
Es decir, si la familia no estuviese conforme, podría vetar la participación de su hijo en una actividad escolar. Es lo que se conoce como pin parental, y que incluso ha rechazado el Gobierno de la Comunidad de Madrid de PP y Cs.
La exigencia de Fcapa -con implantación en la escuela concertada- pasa por la regulación de un «protocolo» con el que los padres puedan ejercer «el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos». «A los padres nos asiste el derecho fundamental de que nuestros hijos reciban una formación filosófica, pedagógica, religiosa y/o moral que esté de acuerdo con nuestras propias convicciones», aseguraron fuentes de la Federación, que se escuda en la Constitución Española.
La Constitución -y la interpretación que se hace de ella- salió precisamente ayer a relucir durante la conferencia que impartió Marzà en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. Al conseller se le preguntó por las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que negó que la Constitución reconociese expresamente la libre elección de centro. Sus palabras, que irritaron profundamente al sector de la enseñanza concertada -que se agarra a este precepto-, las asumió punto por punto Marzà (y ante representantes de la concertada): «Me ha sorprendido que causasen tanta sorpresa, porque la ministra ha dicho lo que dice la Constitución».
Y con la vista puesta en Vox -pero sin nombrarlo-, Marzà lamentó precisamente que se estén escuchando hoy en día «discursos peligrosos que buscan enfrentar a los últimos con los penúltimos». «Hay que construir certezas para no caer en liderazgos totalitarios, reduccionistas, pero reconfortantes para quien está perdido», dijo el conseller. «No podemos permitir que se prometan soluciones fáciles o movimientos peligrosos que tapan con bandera su ideología».
¿Y cómo construir este «frente común contra el odio y el totalitarismo»? La receta del conseller de Educación se cocina justamente en la escuela. El único anuncio que hizo en materia educativa fue, de hecho, la organización de un «congreso internacional de educación y cultura contra el odio y la intolerancia para potenciar la cohesión».
