Cotino desvela al juez que Antonio Puig, gerente de la agencia de las campañas de Barberá, asesoró al Arzobispado en publicidad
El ex director general de la Policía y ex presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, ha desvelado en su escrito de alegaciones presentado ante la Audiencia Nacional que Antonio Puig, el abogado que administra la agencia de publicidad que montó las campañas electorales, de Rita Barberá, era asesor en cuestiones de «publicidad» del Arzobispado de Valencia y la Conferencia Episcopal Española (CEE) mientras facturó 1,4 millones de euros a la Fundación que organizó la visita del Papa a Valencia, celebrada en 2006.
Puig administra las sociedades que integran el grupo Trasgos -la Guardia Civil ha incluido a este holding en la investigación por presunta por financiación irregular en el Caso Taula– y fue nombrado asesor junto a Cotino con el visto bueno del Arzobispado. Según consta en el escrito del ex dirigente del PP, el administrador de Trasgos «aparece en los grupos de voluntarios en el origen de la Fundación especialmente, porque aportaba su experiencia en publicidad dado que trabajaba entre otros para la Universidad Católica».
El sumario de la visita del Papa recoge al menos una reunión entre Trasgos yFrancisco Correa, presunto cerebro de Gürtel, para aliarse y repartirse los contratos de la visita de Benedicto XVI a Valencia. La Generalitat asumió parte de la deuda de esta Fundación para liquidarla y pagar a los proveedores.
Juan Cotino no piensa cargar con ninguna responsabilidad que no le corresponda, de ahí que ahora desvele que el grupo Trasgos también formó parte de los «voluntarios» a los que recurrió el Arzobispado. Según su propio testimonio, Puig fue asesor de la Fundación y contratista, un doble juego que le reportó abundantes beneficios.
Según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, incluido en el sumario de la Gürtel valenciana, la agencia que montó las campañas de Barberá también facturó «en el evento de la visita del Papa a Valencia, como lo revela el hecho de que en los Modelos 347 de Ingresos y Pagos para 2005 y 2006 presentados por la Fundación V Encuentro, ésta impute 216.717 euros a Trasgos y 1.183.443 euros a la empresa Cuco Comunicación, de los mismos socios y domicilio fiscal que la primera».
Los investigadores han analizado en todo esto tiempo el presunto «establecimiento de una UTE entre Orange Market -el brazo de Correa en Valencia- y Trasgos» sin conocerse que Antonio Puig también formaba parte de la Fundación del Papa.
El comisionado de esta Fundación fue el ex concejal del Ayuntamiento de Valencia, Enrique Pérez Boada, quien formó parte del consejo de administración de Trasgos. Fuentes de su entorno mantienen que fue durante un breve periodo de tiempo y que nunca cobró como consejero.
Los investigadores concluyeron que existían «varias anotaciones manuscritas en la agenda personal de Pablo Crespo, en las que se hace alusión a reuniones a mantener para el establecimiento de la UTE con Trasgos, e incluso previsiones de reparto de dinero». La UTE no llegó a materializarse -Trasgos mantiene que no se pactó ninguna alianza-, pero un hecho objetivo es que el grupo Correa se quedó con el contrato de RTVV, que ascendió a 7,4 millones pese a que se valoró en tres, mientras que Trasgos se llevó los de la Fundación del Papa.
Según ha trasladado ahora Cotino al juez José De la Mata, el gerente de Trasgos también mantuvo «contactos» con otros contratistas de la Fundación en su papel de asesor y se dedicó a «obtener información sobre vallas, WC, megafonía y pantallas». La Policía cree que la Fundación gastó 22 millones de euros sin control público», pues no existía ni siquiera «departamento de contratación en la Fundación». Las decisiones «de contratación se tomaban en las reuniones del Patronato», al que pertenecía este contratista.
La citación de Trasgos
Precisamente ha sido Pablo Crespo, considerado por la Policía como número dos de la organización de Correa, el que ha propuesto a la Audiencia Nacional el interrogatorio de Trasgos como testigo en el juicio que juzgará los contratos de la visita del Papa, entre otros.
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Pablo Crespo ha pedido que declare como testigo Antonio Puig; Vicente Peris, socio de Puig en Trasgos; o Miquel Domínguez, investigado por blanqueo en el Caso Taula y diputado autonómico del PP. Domínguez es uno de los concejales de Barberá que más contratos dio desde el Ayuntamiento a esta agencia de publicidad.
Juan Cotino, por su parte, ha solicitado la declaración como testigo de Andrés Rabadán, ex intendente general de la Policía Local de Valencia. En su escrito de alegaciones el ex director general de la Policía también carga contra la Udef e impugna los informes que le señalan. Según Cotino, los agentes «son peritos contaminados, y han participado durante la instrucción en la vulneración de derechos fundamentales de los artículos 17, 18 y 24 de la Constitución».
