El Arzobispado de Burgos ha registrado a su nombre tres ermitas de Aranda de Duero: San Isidro, San Pedro y San Antón, que estaban en el inventario municipal y, por tanto, mantenidos con fondos públicos. Izquierda Unida en el municipio culpa al alcalde popular al considerar que la “demora” del ayuntamiento en registrar las parroquias “propició” que la Iglesia se adueñara de éstas.
La Iglesia se ha quedado, también, con un terreno de 2.000 metros cuadrados de parque público, en los alrededores de la parroquia de Santa María, un enclave que disfrutan los vecinos y que podría ser cerrado al público.
IU reclama desde 2012 que el Ayuntamiento haga algo
El Ayuntamiento, que sigue gobernado por el PP, ha recurrido a la vía judicial para que dirima el asunto, después de que en un tenso pleno municipal, en noviembre de 2013, la oposición presionara para aprobar iniciar el litigio.
Antonio Miguel Niño, exconcejal de IU, ha recordado, en declaraciones recogidas en Interviú, que en noviembre de 2012 pidió al ayuntamiento que registrara las parroquias, que estaban en el inventario municipal desde al menos desde los años setenta.
La reforma impulsada por Aznar
La jerarquía eclesiástica sigue así adueñándose de terrenos públicos gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por José María Aznar en 1998, que autorizaba a la Iglesia a registrar propiedades públicas que no estuvieran registradas. Desde entonces, la Iglesia se ha quedado con más de 4.500 propiedades en toda España, entre plazas, fincas, cementerios, viviendas y templos de culto, como la mezquita de Córdoba, con la que se hicieron por sólo 30 euros.
Organizaciones laicas lo denunciaron en la Eurocámara
El asunto llegó este mes al Parlamento Europeo, donde cinco colectivos españoles presentaron una denuncia. Se trata de las plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro, Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares. Estas organizaciones recordaron en un comunicado que aunque el artículo 206 de la Ley Hipotecaria ha sido reformado, “dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos”.
