El Gobierno de Sánchez ha pasado de prometer la publicación del listado de las inmatriculaciones a recurrir contra su Consejo de Transparencia para que no se haga público y finalmente a publicar el listado de 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia antes de 1998
Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro
El 16 de febrero la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Cavo, presenta el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 en el conjunto del Estado. La difusión de ese listado es un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevamos denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles en virtud de un privilegio que Franco concedió a la Iglesia católica en 1946. No olvidemos que fue Recuperando quien presentó ante el Congreso en febrero de 2017 la solicitud formal para que la cámara reclamara el listado completo de bienes inmatriculados.
No obstante, el listado es parcial e insuficiente. Parcial porque no incluye los bienes inmatriculados antes de 1998, cuando se modificó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria que abría la posibilidad de las inmatriculaciones. Insuficiente porque, al no disponer de las notas simples, en muchos casos es imposible identificar las fincas inscritas y conocer cuántos bienes incluye cada inmatriculación. Sabiendo que las inmatriculaciones realizadas antes de 1998 son más numerosas que las posteriores a esa fecha y que muchas inmatriculaciones contienen varios bienes, podemos afirmar que el número total de bienes inmatriculados podría superar los 100.000.
El 23 de noviembre el Consejero de Políticas Migratorias y Justicia entrega al Presidente del Parlamento Foral el listado de las 2.952 inmatriculaciones realizadas en Navarra entre 1900 y 2021 y las notas simples correspondientes. Era el fruto de un buen trabajo de su equipo para dar cumplimiento a las resoluciones del Parlamento. Con ello se supera la disponibilidad de información fragmentaria, heterogénea y, a veces incluso contradictoria, sobre las inmatriculaciones de que disponíamos. Un éxito sin paliativos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
Ahora se trata de lograr la más amplia difusión de esta información, empezando por la publicación en la WEB del Gobierno de Navarra; de conocer cuáles de esos bienes pudieran ser comunales para reivindicar su titularidad como tales; de crear una oficina de asesoramiento y apoyo a las entidades locales y particulares que pretendan recuperar la titularidad de los bienes inmatriculados. Hay que renovar la apelación a los Ayuntamientos y Concejos que en esta fase vuelven a tener un papel protagonista. Disponiendo de la información sobre las inmatriculaciones realizadas en su ámbito, es necesario continuar estudiando las carencias que pueda tener ese listado, los bienes que hayan podido ser vendidos y todos los aspectos que nos acerquen a un conocimiento satisfactorio del fenómeno inmatriculador.
Las sentencias sobre las ermitas de Sangüesa y sobre Muskilda (Otsagabia) que fueron respondidas por su ciudadanía y criticadas por el Plataforma son otra cuestión relevante de este año, ya que ponen de relieve la complicidad de los tribunales con la Jerarquía católica. La celebración del juicio promovido por el Arzobispado contra el Ayuntamiento de Ujué por la titularidad de la ermita de “la Blanca” es en sí misma una agresión. Sangüesa, Otsagabia, Ujué y Sesma (ermita de los Remedios) nos obligarán a redoblar esfuerzos en los próximos meses. Frente a ello, hay que anotar la sentencia firme del Tribunal Supremo que en enero reconocía la titularidad municipal de las murallas de Artá en Baleares.
Pero no podemos pasar por alto el oscuro panorama que deja el gobierno de coalición
El 2 de agosto de 2018, el Gobierno del PSOE había afirmado en respuesta parlamentaria que “El Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación.”
El 14 de octubre de 2019 el Consejo-de-Transparencia y Buen Gobierno se compromete a entregar el listado de las 34.984 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica después de 1998. El 27 de noviembre de 2019, el Ministerio de Justicia lleva a los tribunales la resolución del Consejo de Transparencia que le insta a divulgar ese listado.
El Gobierno de Sánchez ha pasado de prometer la publicación del listado de las inmatriculaciones (2/8/2018) a recurrir contra su Consejo de Transparencia para que no se haga público (27/11/2019) y finalmente a publicar (16/2/2021) el listado de 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia antes de 1998.
Tanto los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como el programa del gobierno de coalición explicitaban claramente su compromiso para revertir las inmatriculaciones realizadas. Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, se comprometió a efectuar las “modificaciones legislativas” oportunas para “revertir las inmatriculaciones” practicadas por la Iglesia católica.
El viaje de Carmen Calvo al Vaticano dio paso a las negociaciones secretas con la Conferencia Episcopal. Es en ese contexto en el que hay que ubicar la publicación del listado como un intento pactado de dar carpetazo al asunto de las inmatriculaciones.
Si el gobierno de coalición no es capaz de cumplir sus compromisos, los movimientos ciudadanos seguiremos denunciando este expolio y exigiendo la devolución de todos estos bienes de los que la Jerarquía católica se ha apropiado.
Como en años anteriores y hasta que no devuelvan lo robado, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro acompañará a Olentzero, Melchor, Gaspar y Baltasar a entregar carbón al Arzobispado ante las puertas de su palacio, que efectuaremos el jueves 30 a las 17:30 horas.