A propósito del autoritarismo episcopal de la diócesis de Cádiz
La diócesis española de Cádiz está pasando por uno de los momentos más dramáticos de su historia. El obispo Rafael Zornoza la dirige:
-Autoritariamente, sin escuchar las críticas de los movimientos cristianos comprometidos en la lucha por la justicia (Iniciativa Galilea, Grupo de Reflexión- Acción, Comunidades Cristianas Populares, Comité de Solidaridad Monseñor Romero, MOCEOP, etc.).
– Con deprecio hacia las personas y los colectivos empobrecidos, a quienes da sistemáticamente la espalda.
– Con insensibilidad hacia las numerosas personas migrantes y refugiadas que viven en la ciudad y carecen de vivienda, a quienes se niega a darles acogida en los numerosos edificios de propiedad de la diócesis.
– Con despidos arbitrarios de personas trabajadoras a su cargo, transgrediendo el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras; despidos que los tribunales han declarado improcedentes.
– Con desahucios de familias trabajadoras que ocupaban viviendas de la diócesis desde hace varias décadas
– Con el cierre de la casa de acogida de inmigrantes de Algeciras, ciudad de entrada de numerosos inmigrantes.
Rafael Zornoza dirige la diócesis como una empresa con la eficaz colaboración del administrador Antonio Diufaín, que cuenta con plenos poderes en la gestión económica, sin control alguno.
Coincidiendo con mi participación en el Curso de Verano de la Universidad de Cádiz sobre “Educación, Laicismo y Ciudadanía en tiempos de democracia”, dirigido por la profesora Rosa Vázquez, los diferentes colectivos cristianos de base de la ciudad gaditana me invitaron el 4 de julio a un encuentro en torno a la “Democracia en la Iglesia”, que se prolongó durante toda la tarde, contó con una excelente participación y con relatos en torno a los escándalos de la gestión autócrata de la diócesis por parte del obispo y de su administrador.
Mi reflexión giró en torno a la participación de las cristianas y los cristianos en la elección de las personas responsables en los diferentes ministerios eclesiales y en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan a las iglesias como condición necesaria para superar el autoritarismo eclesiástico de los clérigos y el “episcopado “monárquico” practicado en la diócesis gaditana. Me remití a los primeros siglos del cristianismo para demostrar la participación del pueblo en la elección de los cargos directivos y ofrecí una serie de testimonios, que resumo a continuación.
La Didajéo Enseñanza de los Apóstoles (VI,1), pide a los cristianos que elijan “obispos [supervisores] y diáconos [ayudantes] que sean dignos del Señor”. La Tradición Apostólica(primera mitad del siglo III), de Hipólito, establece que es toda la comunidad, junto con su presbiterio, la que elige a su propio obispo, y este debe aceptar, en principio, la elección. Enuncia con toda nítido el siguiente principio electivo: “Ordénese como obispo a aquel que ha ido elegido por el pueblo, que sea irreprochable…, con el consentimiento de todos”.
El obispo Cipriano de Cartago (+ 258) afirma que “la comunidad tiene el poder para elegir a su obispo y para rechazar a aquel que le haya sido impuesto por la fuerza” (San Cipriano, Epist.67, 4) y refiere las tres condiciones que habían de concurrir para que un cristiano accediera al episcopado: sufragio del pueblo, consentimiento de los obispos vecinos y juicio divino.
La igualdad del obispo y de los cristianos por una parte, y la necesaria vinculación del obispo con la comunidad es patente en varios testimonios de San Agustín, obispo de Hipona. El obispo es, ante todo, un cristiano, y su ministerio es funcional, es decir, debe estar al servicio de la comunidad. Cito dos testimonios de dos sermones del propio Agustín:
“Mientras que lo que soy para vosotros me produce un gran temor, lo que soy con vosotros me consuela. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. El primer título es el de un cargo recibido; el segundo, el de una gracia; el primero es la indicación de un peligro; el segundo, el de la salvación” (Sermón340, 1).
“Nosotros, los obispos, somos vuestros servidores y vuestros compañeros, porque todos tenemos el mismo Maestro… También nosotros somos servidores y subordinados. Estamos a la cabeza de vosotros si somos útiles… Si el obispo no cumple este programa, solo es obispo de nombre” (Sermón Guelferb 32).
La vinculación del ministerio ordenado con la comunidad aparece con claridad en el Concilio de Calcedonia, celebrado el año 451. El canon 6 declara nula y carente de validez toda forma de “ordenación absoluta”, es decir, la ordenación de candidatos a quienes no se les destinara a una comunidad concreta:
“Nadie puede ser ‘ordenado’ de manera absoluta, ni como sacerdote, ni como diácono…, si no se le asigna una comunidad local, en la ciudad o en el campo, en un martirium(sepultura de un mártir venerado) o en un monasterio”, en ese caso, “el sacratísimo concilio determina que su ordenación es nula e inválida… y que, por tanto, no puede realizar funciones en ninguna ocasión” (tomo el texto de Calcedonia de Edward Schillebeeckx, El ministerio eclesial Los responsables en la comunidad cristiana, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1983, p. 77).
El binomio comunidad-ministerios constituía el principio organizativo de la comunidad eclesial. El concepto de “ordenación” comportaba, en su misma esencia, la vinculación necesaria y el servicio a una comunidad local. Si un ministro ordenado dejaba de estar al servicio de una comunidad, pasaba al estado laical.
Durante el siglo V los papas siguieron apoyando la elección popular de los obispos. San León Magno, papa de 440 a 461, se expresaba así: “Quien debe presidir a todos debe ser elegido por todos… No se debe ordenar a nadie obispo contra el parecer de los cristianos y sin haberles consultado expresamente” (Ad Anastasium, PL 54, 634).
Son estos algunos testimonios que dan fe de que durante un largo periódico del cristianismo se practicó la democracia en la Iglesia a la hora de elegir a sus dirigentes. ¿Por qué ahora se afirma que es imposible y que esa imposibilidad es de institución divina? Se coloca a Dios y a Cristo en clara contradicción consigo mismos ¿Cómo pueden querer la democracia en la sociedad y no practicarla en el seno de las iglesias?
Como condición de credibilidad eclesial, creo necesario recuperar y activar la práctica democrática vigente durante siglos en la Iglesia. Conforme a dicha práctica, hay razones suficientes para reclamar el cese del obispo de Cádiz, porque no solo no ha sido elegido por el pueblo, sino que actúa en contra del pueblo y, en concreto, de los sectores empobrecidos de la sociedad gaditana.
Quien todavía tenga dudas sobre la actuación del obispo Rafael Zornoza puede consultar a los miembros del Grupo Reflexión-Acción, que vienen siendo testigos directos del sufrimiento de las personas y los colectivos más vulnerables, a quienes el obispo margina. Ellos darán cuenta y razón del comportamiento insolidario y poco evangélico de quien debiera ser ejemplo de solidaridad, justicia, hospitalidad y acogida.
Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”
