La Iglesia española podría perder cientos -tal vez, miles- de propiedades ante la decisión del gobierno socialista de “hacer público” el listado de los bienes de los que se apropió en lo que considera un “escándalo inmobiliario”.
“Este gobierno está dispuesto a terminar con los privilegios de la Iglesia en este país”, dijo el diputado socialista Antonio Hurtado, al revelar que se avanza en los trabajos para “hacer pública” la lista de propiedades que la Iglesia registró a su nombre.
Se trata de un conjunto variado de bienes: ermitas, catedrales, iglesias. Pero también fincas, casa rurales, edificios públicos, fuentes y hasta plazas.
“La Iglesia se ha capitalizado enormemente gracias a privilegios que son un escándalo”, sostuvo el legislador andaluz.
La identificación y publicación de los bienes que “registró notarialmente como suyos” así como la ofensiva para retirar el cuerpo del fallecido dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos son las dos pulseadas más firmes que mantiene la administración de Pedro Sánchez con la cúpula eclesiástica.
La firma del obispo
La cuestión de los bienes se arrastra desde la época franquista, pero fue ampliada en la época democrática con una ley que el gobierno del expresidente José María Aznar promulgó en 1998.
En ella se facultaba a las autoridades de la Iglesia a registrar como propios bienes que, hasta el momento, no hubiesen sido anotados en registro alguno. Se les confería para ello absoluta autoridad: bastaba que el obispo de la zona lo refrendara para que se procediera a la inscripción.
Así se anotaron como “propiedad de la Iglesia” edificios como la Mezquita de Córdoba, a la que se pasó a denominar “Mezquita-Catedral”, contra el pago de 30 euros. Lo mismo ocurrió con la plaza que está frente al templo.
El proceso se define como “inmatriculación” y nadie tiene muy en claro de cuántas propiedades se está hablando. La propia Iglesia admitió que podrían ser unas 40.000, entre toda la gama de posibilidades.
“Esta facultad ha permitido una capitalización escandalosa de la Iglesia, muchas veces, a espaldas del pueblo que apenas si se enteraba”, dijo el legislador.
Opacidad
Durante mucho tiempo poco se supo de esta facultad eclesiástica. Pero hace un par de años tomó estado público y plataformas católicas se plantaron para pedirle a sus obispos que abandonaran esa práctica y que devolvieran los bienes indebidamente apropiados.
“Es vergonzoso que, mientras en España hay mucha gente víctima de los desahucios, la Iglesia cierre las puertas de sus bienes para llenarlos de sombra y silencio”, dijeron voceros de la plataforma Redes Cristianas.
Al calor de ese reclamo, el gobierno del expresidente Mariano Rajoy accedió a confeccionar un listado que identificara los bienes que la Iglesia hubiera registrado mediante ese mecanismo. Pero nunca se habló de dar a conocer el resultado.
“Nosotros lo haremos público porque esa es el camino para que comiencen los reclamos por vía judicial”, explicó el diputado cordobés.
