Una treintena de colectivos, agrupados en la Coordinadora Recuperando, convocan para este martes concentraciones en 16 ciudades de 9 comunidades autónomas para protestar contra los privilegios de la Iglesia.
Casi 30 organizaciones patrimonialistas, aglutinadas en la Coordinadora Recuperando, expresarán mañana martes su protesta pública y su decepción por lo que entienden el incumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso programático con la reversión de las polémicas inmatriculaciones eclesiásticas, que han supuesto de facto la «privatización» de decenas de miles de bienes, muchos de ellos de incalculable valor cultural.
Al menos 16 ciudades de 9 comunidades autónomas han programado, por primera vez de forma coordinada, actos ciudadanos de protesta ante monumentos emblemáticos bajo el lema común de Recuperando nuestro patrimonio público. Las concentraciones han sido convocadas en Albacete, Cáceres, Córdoba, Granada, Jerez, León, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Santander, Sevilla, Sant Boi de Llobregat, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Los colectivos se sienten profundamente defraudados con el Gobierno de coalición, cuyos socios, tanto el PSOE como Unidas Podemos, habían hecho suyas las reivindicaciones que las organizaciones civiles patrimonialistas llevan peleando desde hace largos años. La Coordinadora Recuperando tiene un sabor agridulce en esta batalla. Por un lado, ha visto cumplida, al menos parcialmente, su demanda de la publicación de casi 35.000 bienes inmatriculados por la jerarquía católica el pasado febrero. De otra parte, sin embargo, el Gobierno ha renunciado a arbitrar una solución global, tal como anunció, y ha derivado a ayuntamientos y particulares los eventuales litigios sobre la titularidad de esa ingente cantidad de bienes.
«El Gobierno no ha cumplido sus compromisos», lamenta Andrés Valentín, coordinador de Recuperando. «Y salimos a la calle para exigirle que cumpla», añade. Para el representante de la coordinadora, resulta especialmente grave que el propio presidente Sánchez haya quebrantado sus promesas del discurso de investidura, cuando anunció de forma solemne que impulsaría las «modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia».
Tras la toma de posesión del Consejo de Ministros, en enero de 2020, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo asumió personalmente las riendas de la negociación con la Conferencia Episcopal, que incluía un buen número de a pendientes, entre ellos la polémica de las inmatriculaciones. Los colectivos lamentan la «opacidad» de las conversaciones y la marginación sistemática de las organizaciones patrimonialistas, con quienes no ha accedido a reunirse.
Recuperando formuló varias peticiones oficiales de reunión con Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero ha obtenido invariablemente la callada por respuesta. «Dijeron que tendrían en cuenta nuestros planteamientos, pero no hemos vuelto a saber nada», asegura Valentín. Los colectivos sospechan que el Ejecutivo de Sánchez ha utilizado las inmatriculaciones como «moneda de cambio» en sus negociaciones con la jerarquía católica.
Con casi tres años de retraso, el Gobierno entregó el pasado febrero al Congreso de los Diputados un listado con 35.000 inscripciones eclesiásticas. En el catálogo figuraba gran parte del patrimonio histórico español, entre ellos algunos de los monumentos más emblemáticos, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro mudéjar aragonés o el arte prerrománico asturiano, pero también ermitas, plazas, fincas y cementerios.
El documento examinaba la probable inconstitucionalidad del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ya derogado por el ministro Gallardón en 2015, pero no apuntaba ningún camino jurídico o legislativo para anular los asientos registrales, tal como demanda Recuperando. La vicepresidenta Calvo Poyato dio entonces por zanjada la polémica y consideró públicamente que la mayor parte del patrimonio inmatriculado pertenece a la Iglesia católica.
Su cambio de posición es calificada por la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba como un «fiasco», en palabras de su portavoz, Miguel Santiago. Se da la circunstancia de que Carmen Calvo es cordobesa y en 2018 participó como jurista en la elaboración de un informe municipal que declaraba el monumento andalusí como un bien de «titularidad pública» a la vez que tildaba el mencionado artículo 206 de «inconstitucional».
«Ella sabía que la Iglesia no tiene ningún documento que acredite la propiedad. Pero una vez que fue nombrada vicepresidenta ha incumplido su compromiso y ha frustrado todas las expectativas depositadas. Lo tenía en su mano», lamenta Miguel Santiago.
La Plataforma Mezquita Catedral también ha solicitado de forma reiterada una reunión formal con la número dos del Gobierno. El pasado mes de marzo envió una carta a la vicepresidenta Calvo para preguntarle qué medidas tenía previsto adoptar para revertir la inscripción de la Mezquita de Córdoba y dar cumplimiento al informe municipal que ella misma redactó en 2018. Hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.
En opinión de la Coordinadora Recuperando, el viraje del Gobierno en materia de inmatriculaciones vuelve a evidenciar que «le tiemblan las piernas» a la hora de hacer frente a los «privilegios» de la jerarquía católica. Los colectivos patrimonialistas demandan la nulidad de las inscripciones por presunta inconstitucionalidad y la promulgación de una reforma legislativa que identifique y proteja los bienes de dominio.
