El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal orientando el voto de los católicos era innecesario porque su posición política es de sobra conocida.
La han publicado en la calle, asistiendo a manifestaciones contra el Gobierno en repetidas ocasiones y los líderes del sector conservador, monseñores Rouco Varela y García Gasco, no se han abstenido durante todo el periodo de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en hacer todo tipo de declaraciones en todas las ocasiones que han podido. No hay nada de extraño en lo que dicen los obispos sobre sus obsesiones contra que los homosexuales puedan formar parejas estables reconocidas por la ley, contra la Educación Para la Ciudadanía, contra el aborto y contra otras costumbres sociales que ni siquiera se enuncian con detalle, como el uso de prácticas anticonceptivas. Las reglas que proponen son tan estrictas que resulta casi imposible cumplirlas en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Pero entienden que su obligación es recordarlas y pedir el voto para quien las defienda en su programa electoral.
Si su recomendación se siguiera al pie de la letra, no se podría encontrar ningún partido para recibir el voto en cumplimiento de parámetros tan rígidos. El PP mantiene ambigüedad frente a algunos de estos enunciados porque la ocupación del centro político, que a veces parece pretender Mariano Rajoy, es incompatible con la rígida moral católica.
De todo lo manifestado por la Conferencia Episcopal, lo que más llama la atención es su posición frente al diálogo político con ETA, habida cuenta de que ministros de la Iglesia Católica han sido siempre proclives a esos mecanismos e incluso han participado en ellos.
En todo caso, con todo lo que ha llovido en esta legislatura en la confrontación de la Iglesia con el Gobierno, el actual documento de la Conferencia Episcopal es puro trámite y forma parte de una liturgia inevitable de quien no puede abstenerse de intervenir en política.
