Sonsoles Sanchidrián es desde hace una semana la titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Santa María la Real de Nieva. Entre los pleitos pendientes heredados de su predecesor está uno de los más castizos de la justicia segoviana ¿de quién es la iglesia-santuario de Santa María la Real de Nieva? Obispado de Segovia y Ayuntamiento de Santa María se disputan la propiedad de la totalidad del conjunto.
El complejo lleva siglos acogiendo la iglesia pero también diversas dependencias de titularidad municipal. En 2018, y tras fracasar varios años de negociaciones, el obispado interpuso una demanda para que se le reconozca la propiedad. El ayuntamiento presentó entonces una demanda de reconvención, que viene a decir, no solo el inmueble no es del obipado sino que es del municipio. Tras dos sesiones de vista oral y un recorrido judicial por las dependencia en litigio. El caso quedó el 30 de abril visto para sentencia.
Corría 1392 cuando al pastor Pedro Amador se le apareció la Virgen María en un pizarral. El obispo le mandó construir un rudimentario altar que por su fama de milagrero atrajo, pocas semanas después, a la reina de Castilla, Catalina de Lancaster. La reina sufragó una fundación dominica, un convento-santuario, al que se anexó un palacio. Durante siglos fue parada obligada de todo desplazamiento real e incluso llegó a acoger cortes.
El complejo se extendía por lo que es hoy media Santa María. Pero hasta nuestros días solo han superado la prueba del tiempo la iglesia y el claustro a cuyo alrededor se ubicaba la sala capitular, el refectorio, la antigua sala de cortes y la sacristía. Así hasta la desamortización de 1836, en que los dominicos fueron «expropiados». En 1842 la administración gubernamental emitió una «exposición de contaduría» que establecía que la nave de la iglesia deviniera iglesia parroquial -por lo tanto bajo la administración episcopal-, en tanto el resto del conjunto quedaba encomendado al municipio para albergar la cárcel, los juzgados, escuelas… A este documento se aferran las dos partes para, casi dos siglos después, reivindicar su propiedad.
De convento a casino
Más o menos el acuerdo de 1842 funcionó de manera consuetudinaria y sin más papeles. La parroquia, donde se venera a Nuestra Señora de la Soterraña por un lado, y en el resto de naves, salvo la parte reservada a casa rectoral y dependencias de sacristía, el Ayuntamiento ha dispuesto como ha querido. La viejas dependencias monacales han sido cárcel, juzgados, escuelas, incluso llegaron a albergar un casino, un teatro… Del claustro, una joya del gótico, apenas nadie se ocupaba. Más, después de que un incendio, en 1889, y otro en 1900, dejaran aquello hecho unos zorros.
Los primeros intentos de restauración se iniciaron en 1924, pero no fue hasta 1979 en que empezó el proceso de recuperación en serio, con el ayuntamiento recaudando fondos de allí y de aquí para darle su actual aspecto y con participación, también, del obispado. Por aquellos años el ayuntamiento vende a Caja Segovia un lateral, el que da a la que es hoy la fachada principal y actualmente acoge una sala de exposiciones, en planta baja, y oficinas y salón de actos, arriba, hoy propiedad de la Fundación Caja Segovia y que son hoy «el corazón cultural» de la localidad. En 1999 un primer intento del consistorio de registrar la propiedad del claustro y restantes naves -la iglesia no- termina en fracaso.
Sin embargo, con el nombramiento del nuevo obispo, César Franco, las cosas se complicaron. El acuerdo no llegó a ratificarse y en febrero de 2018 los curas se levantan de la mesa. Desde entonces la casa consistorial de Santa María está decorada con una pancarta que pone «el claustro es del pueblo».
Pero, y esta es una de las novedades avistadas en la causa, había un problema. Aunque nadie duda de que la iglesia es propiedad por usucapación del obispado, la curia no puede inscribir la iglesia independientemente del claustro de no mediar sentencia judicial. Es así que interpone demanda por la propiedad de todo el conjunto. Al ayuntamiento, tras casi dos siglos disponiendo de las naves e incluso, como hemos visto, alquilándolas o vendiéndolas a terceros, no le queda otra que aceptar el envite. Así que demanda de revocación, el conjunto es del pueblo.
Abogados de una y otra parte han intentado demostrar que los papeles están de su lado. El ayuntamiento tiene como prueba fundamental el documento de 1842, en el cual el Estado le encomienda los anexos al claustro. Pero el obispado interpreta que «realmente aquel documento no se cumplió, daba seis meses para ejecutarse», explicaba el abogado episcopal, que apelando a la usucapación (propiedad por el uso) interpreta que el claustro y sus anexos forman un conjunto único y como tal la propiedad debe ser única, obviamente en beneficio de su cliente la diócesis. Algo que refuta la parte municipal, que aporta documentos y testigos a cascoporro sobre lo que es un hecho incuestionable, que el ayuntamiento si bien nunca ha discutido la propiedad de la iglesia, dispuso durante siglos a su antojo de las dependencias, liderando los trabajos de restauración del complejo en mucha mayor medida que el obispado.
Visto desde fuera, todo apunta a que habrá una solución salomónica. Lo sabremos en las próximas semanas.